En memoria de Carlos Slepoy y Chato Galante

Por Luis Suárez-Carreño, integrante de La Comuna

Sobre el auto dictado por la jueza María Servini de Cubría, de Buenos Aires, dado a conocer el pasado día 15 de octubre, se pueden decir muchas cosas, pero desde luego no que haya sido fruto de la improvisación: es resultado de una prolongada elaboración de algo más de un año, tras la toma de declaración telemática del imputado, Rodolfo Martín Villa, el 3 de septiembre de 2020, y la sólida argumentación por la que decide procesarle como responsable de 4 asesinatos durante la transición (años 1976 y 78) así lo demuestra. Jurídicamente impecable, demoledor, pone una vez más a nuestra judicatura, por contraste, ante su peor retrato; una judicatura que acumula una bochornosa colección de desautorizaciones y varapalos internacionales. Esta judicatura que tan pronto dimite de sus obligaciones respecto a crímenes como los de este auto, como persigue con insensato encono al catalanismo y que nos avergüenza como país ante la comunidad internacional.

Frente a la meticulosa labor del juzgado nº 1 de Buenos Aires, la judicatura española, en su conjunto, queda al ras del suelo negando una y otra vez el derecho a la justicia de las víctimas de crímenes de lesa humanidad cometidos por el franquismo a lo largo de su larga y siniestra existencia. El auto de la jueza Servini es toda una lección para la judicatura española, lección que ésta, con su habitual soberbia, seguramente desatenderá; y es, implícitamente, una descalificación completa de la misma. Sólo recientemente, con el voto particular de 3 miembros del Tribunal Constitucional en su auto rechazando al recurso del dirigente comunista Gerardo Iglesias contra el archivo de su querella por torturas, ha mostrado la jerarquía judicial alguna fisura en su monolítico plante pro-impunidad.

Más allá de su efecto jurídico, el auto es una denuncia de facto de nuestra endeble cultura democrática. Por una parte, de lo que podríamos llamar ‘síndrome del apartheid’ que aqueja a aquellas sociedades que han normalizado situaciones que objetivamente son inaceptables, violaciones flagrantes de los derechos humanos naturalizadas en su seno, y que son denunciadas y repudiadas por la comunidad internacional. Fenómenos como los que vivió Sudáfrica o los que vive la población palestina bajo el yugo de Israel, sociedades que pretenden perpetuar –negándolas o justificándolas– prácticas institucionales de injusticia, que desde el exterior resultan escandalosas.

El pasmo que provoca el llamado valle de Los Caídos, sin resignificación alguna, sobre cualquier conciencia democrática extranjera que lo visita –y no digamos antes de la exhumación del dictador– es similar al que le causa nuestro sistema de impunidad encubriendo al régimen fascista probablemente más prolongado del mundo y sus innumerables crímenes.

Nuestros poderes desprecian a sus víctimas y arropan a su victimario con la complicidad de la judicatura, y buscan presentar a Martin Villa como la figura del criminal entrañable y redimido; como aquellos viejos nazis descubiertos en su bucólico y familiar retiro acariciando a su gato: ‘Sí, fue un sádico criminal, pero véanle, en qué afable anciano se ha convertido’. Que en este caso sería: ‘Sí fue un destacado alevín franquista que ejerció de represor sanguinario durante la transición, pero con qué soltura se hizo demócrata cuando tocó’. Aunque también le sobrevuela la peligrosa (para el poder) figura del delator o arrepentido que, sintiendo el aliento de la justicia en su cogote, decide tirar de la manta. No hay que olvidar que este es el mismo Martín Villa que como ministro del interior se ocupó de eliminar buena parte de los archivos de la represión franquista; que ha controlado las cloacas del Estado y que se ha sentado en numerosos consejos de administración.

El silencio vergonzante desde el poder que ha seguido al auto de la jueza Servini contrasta con la histérica reacción ante el anuncio de la toma de declaración hace un año, que además de manifiestos colectivos incluyó cartas cuasi intimidatorias dirigidas a la jueza por personajes como Felipe González, adalides de aquella ejemplar transición que precisamente el auto viene a desmitificar crudamente. Pero por mucho que se haya decidido ignorarlo, los efectos políticos objetivos del auto de procesamiento de Martín Villa son innegables. Un auto así proyecta un chorro de luz sobre las tinieblas en que se pretende mantener la historia del franquismo y la transición. Con su arrojo y consistencia jurídica, la jueza argentina ha provocado una grieta más en un muro que ninguna judicatura, ningún poder, podrán mantener en pie permanentemente. Porque el efecto de la lucha por la verdad y la justicia será lento, pero es implacable.

Qué irónicos suenan en estos mismos días, con motivo del décimo aniversario de la declaración del fin de su actividad por parte de ETA, los llamamientos a no olvidar, a recordar, a tener presente el terror. E igualmente irónicas, es decir, hipócritas, las reclamaciones de justicia para los crímenes etarras sin resolver. ¿Y por qué entonces debemos olvidar el terror franquista? ¿Y qué hay de los ‘otros crímenes’, y de las ‘otras víctimas’? Sí, hipócrita aplicar tan nobles aspiraciones de manera tan discriminatoria y oportunista. El ejercicio de la justicia tiene también una dimensión ética que puede dignificarla, o, como en el caso de su dimisión frente a las secuelas del franquismo, envilecerla.

‘Los crímenes internacionales son cometidos por seres humanos, no por entidades abstractas; los individuos tienen obligaciones internacionales que transcienden a las obligaciones nacionales de obediencia impuestas por cada Estado’. Estas palabras del fiscal británico Shawcross en Nuremberg inauguran una doctrina jurídica civilizatoria y humanista en la que 75 años más tarde se inscribe brillantemente el auto de la jueza Servini; este auto será también una referencia y una esperanza en muchos otros lugares del planeta donde son igualmente negados los derechos más básicos ante la inacción de la justicia.

Para el movimiento por la justicia para los crímenes del franquismo y la transición, que viene siendo articulado sobre todo a través de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA), impulsora, entre otras muchas, de las querellas contra Martín Villa, este auto significa un respaldo y un estímulo para proseguir reclamando justicia hasta llegar si es preciso a los tribunales internacionales. Este es precisamente el caso, sin ir más lejos, de quien firma estas líneas, a quien recientemente el TC ha rechazado el recurso contra el archivo de la querella por torturas de la Brigada Político-Social durante la dictadura.

En nuestra lucha contamos, además de con la propia convicción como víctimas, con un excelente equipo jurídico, altruista y solvente, y con el apoyo de muchas personas que creen en una justicia no sectaria ni oportunista, en una justicia basada en los principios universales de los derechos humanos, por encima de fronteras, ideologías e intereses. Contamos, sobre todo, con la razón moral.
Ojalá que, en el trámite parlamentario del actual proyecto de ley de Memoria Democrática, tan insuficiente en materia de amparo judicial de las víctimas del franquismo, los grupos parlamentarios estudien la lección de la jueza argentina, y reparen el clamoroso déficit democrático que 46 años después de la muerte del dictador subsiste en nuestro país.

Nota: 
Martín Villa ha sido procesado por el asesinato de Pedro María Martínez, Romualdo Barroso, Francisco Aznar por parte de la policía, el 3 de marzo de 1976 en Vitoria y de Germán Rodríguez Saíz, el 8 de julio de 1978 en Pamplona. 
Y se mantiene la investigación del asesinato de otras ocho personas, entre 1976 y 1977, por las fuerzas de orden y algunas de ellas por grupos de extrema derecha, como es el caso de Arturo Ruiz, asesinado el 23 de enero de 1977 en Madrid.