Por Rosa García y Luis Suárez-Carreño, activistas de La Comuna

Este año que acaba puede considerarse de transición desde una crisis global y multifacética como la que la pandemia por COVID19 desataba a inicios de 2020 internacionalmente, hasta la vuelta a una normalidad se supone que mejorada, corregida, la que se denominó ‘nueva normalidad’.

En el Estado español, y más concretamente en materia de justicia y memoria, el año ha sido intenso: el debate alrededor de la nueva ley de Memoria Democrática; el procesamiento por la jueza argentina María Servini, de Martín Villa por 4 homicidios agravados; el cuestionamiento creciente en la sociedad del mito de la Transición ejemplar y sus secuelas: impunidad, permanencia de residuos franquistas en las instituciones...

No pretendemos hacer aquí un resumen exhaustivo a modo de inventario de lo que ha sido el año, sino un breve repaso de los rasgos y hechos por los que creemos que este será recordado, en lo que se refiere al respeto a los derechos humanos, a la memoria democrática y al acceso efectivo a la justicia.

Derechos humanos

Al finalizar el año sigue vigente la llamada ley Mordaza (Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana), un artefacto de Rajoy para cercenar el ejercicio de las libertades que ha permitido, este mismo año, entre muchos otros atropellos, la condena y pérdida de escaño del diputado Alberto Rodríguez, del grupo Unidas Podemos, en base únicamente al testimonio de un policía que asegura haber recibido una patada de aquel, sin aportar prueba o evidencia alguna.

También siguen muchos inmigrantes ilegalmente enclaustrados en los CIEs, reductos donde el estado de derecho no es de aplicación, un limbo de suspensión de los derechos ciudadanos básicos que nos avergüenza como sociedad.

En continuidad con flagrantes procesos represivos como el de Altsasu (2016), este año hemos asistido al caso de los 6 jóvenes de Zaragoza condenados a 7 años de prisión por una protesta contra Vox, acusados por la policía de protagonizar altercados, de nuevo, sin pruebas, sin sustancia jurídica alguna más que la voluntad policial y judicial de silenciarles y escarmentar al movimiento antifascista.

Lo último en este campo ha sido la persecución a sindicalistas y activistas de Cádiz, a quienes se pretende hacer pagar a posteriori por la heroica lucha y huelga general llevada a cabo por las trabajadoras y trabajadores del metal de esa provincia durante el mes noviembre, en demanda de condiciones dignas de trabajo.

Democracia

Este año se inició con debates públicos cuestionando la calidad de nuestra democracia, que desde el llamado ‘consenso del 78’ se consideran escandalosas: nuestra democracia es perfecta, defienden. La realidad es que desde cada vez más ámbitos sociales se coincide en la necesidad de mejorar la calidad de nuestras instituciones y legislación, lo que inevitablemente conduce a cuestionar otro tabú, esto es, la sacrosanta Constitución.

La regulación (o más bien no regulación) de la monarquía, los privilegios de la Iglesia Católica, el corsé aplicado a las nacionalidades históricas... son los aspectos más visibles que demuestran la caducidad de la Carta Magna en términos democráticos.

Un año más, la corrupción ha ocupado muchas portadas, y casi siempre protagonizada por el mismo partido (el PP) que ya es delincuente multirreincidente, no solo a través de cientos de sus cargos y militantes, sino como estructura organizada, como partido. Este es el año en que se ha conocido más a fondo y en detalle, por ejemplo, la forma en que bajo la batuta de Rajoy presidente, y con la ayuda de la mafia Villarejo, el gobierno puso el aparato policial al servicio del PP para intentar tapar sus corruptelas, mediante actos directamente ilegales como chantajes, asaltos y allanamientos de domicilios, amenazas y agresiones físicas.

La lucha contra una corrupción política que sigue apestando en muchas de nuestras instituciones, continúa realizándose en desventaja respecto a los poderes (económicos sobre todo) que promueven, colaboran y se benefician de esa misma corrupción, ante la persistente carencia de mecanismos de protección de las personas denunciantes o alertadoras (whistle-blowers), como los que existen ya en muchos países de ‘nuestro entorno’, lo que obviamente desincentiva la denuncia.

En términos de memoria democrática, y más allá del resultado final del trámite parlamentario de la nueva ley ya mencionada, subsisten trabas estructurales cuya remoción solo requeriría de voluntad política por parte de los partidos que se reclaman demócratas, como es la franquista Ley de Secretos Oficiales, que aún hoy impiden un conocimiento cabal y objetivo de los hechos de nuestra reciente historia.

Memoria y justicia

La acción conjunta de numerosas organizaciones como las agrupadas en CEAQUA (Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella Argentina) y en el Encuentro de colectivos de memoria histórica y de víctimas del franquismo, ha conseguido mejorar, en parte, el articulado del Proyecto de Ley de Memoria Democrática, pero quedan puntos fundamentales que aún no han sido recogidos y que seguiremos reclamando, como sucede con la ampliación del ámbito temporal de la ley hasta diciembre de 1982 (que incluya los crímenes de terrorismo de Estado cometidos durante la transición); que se derogue o se anule la Ley de Amnistía, por la que los criminales franquistas fueron amnistiados sin haber sido juzgados y que sigue siendo utilizada como ley de punto final; el acceso real a la verdad, la justicia y la reparación, tal y como indica el derecho internacional y el Comité de Derechos Humanos de la ONU, entre otros.
Recordemos que también sigue pendiente la tramitación de la Ley de bebés robados que ya había sido admitida en el Congreso de los Diputados.

El PP, desde la oposición, a pesar de que no se cansa de reclamar un respeto reverencial a la Carta Magna, ha mostrado sobradamente su desprecio a ésta en la obstrucción de la renovación de organismos de gobierno judicial, en concreto el Consejo Superior del Poder Judicial; y cuando ha accedido a la renovación de otros órganos, como el Tribunal Constitucional, lo ha hecho directamente mediante la provocación de proponer a jueces que han hecho gala de manifiesta falta de imparcialidad e incluso han estado investigados en casos de corrupción relacionados con el PP.

Con estas maniobras, la derecha pretende perpetuar el control de una judicatura que este año ha vuelto a dar reiteradas muestras de partidismo y conservadurismo con sentencias que van desde la invalidez de la declaración del Estado de Alarma a la invasión de la soberanía popular en el caso de diputado de Alberto Rodríguez, antes comentado, pasando por el permanente acoso judicial contra los líderes del procès catalán.

Esa misma judicatura ha persistido durante este año en su férreo bloqueo al acceso a la justicia para las víctimas de los crímenes de lesa humanidad del franquismo, con sentencias como la del Tribunal Supremo sobre el caso de los 5 maestros de Soria (asesinados por falangistas y enterrados en una fosa en Cobertelada), que se enroca en los mismos argumentos (Ley de Amnistía y prescripción de los delitos) contrarios a la doctrina reiterada por los organismos de Naciones Unidas, en particular el Relator especial para la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición y el Comité contra las Desapariciones Forzadas.

Por primera vez, sin embargo, se ha producido una grieta en el monolítico sistema judicial con ocasión del auto que inadmitía el recurso de amparo de Gerardo Iglesias contra el archivo de su querella por torturas: 1 juez y 2 juezas del Tribunal Constitucional han discrepado de la mayoría considerando que debería haber sido admitida a trámite.

Nuestro sistema judicial, que sigue cosechando varapalos en Europa (el último al rechazar la justicia belga la extradición de Valtonyc y Lluis Puig), va a tener abundantes ocasiones de retratarse de nuevo este próximo ante los múltiples casos de corrupción judicializados antes mencionados, y con el tratamiento a las corruptelas del (d)emérito Borbón, que será también una piedra de toque de su imparcialidad y objetividad.

En síntesis, esta normalidad se parece mucho a la anterior, y lo que tenemos muy claro es que si queremos que la sociedad postpandémica sea, además de más sostenible e inclusiva, más democrática y justa, tenemos mucho trabajo por delante para este próximo año.

Imagen 1. Activistas de La Comuna en la concentración ante el Congreso el 18 de julio de 2021, por una ley de memoria que ponga fin a la impunidad del franquismo.
Imagen 2. Paneles con los nombres de quienes sufrieron prisión en la cárcel de Carabanchel, realizados por la Plataforma por un memorial de la Cárcel de Carabanchel.