Joaqui es nuestra vecina, que vive en Olatxu con su hija y sus nietas menores de edad.

 Estuvo casada con un hombre que ejerció violencia de género sobre ella, por la cual se le condenó. No obstante, su exmarido nunca entró en prisión por este motivo, ni siquiera después de haber quebrantado la orden de alejamiento. Nuestra vecina estuvo 2 años con escolta, pues su seguridad peligraba gravemente, haciendo que la vida en el barrio no transcurriese con tranquilidad y normalidad. 

Durante los años de relación, ambos firmaron un documento notarial por el cual ella debía abonar 625.000 pesetas a su marido para obtener la propiedad de la vivienda, mientras que él ostentaba el usufructo de ésta. Esto supone que Joaqui, a pesar de no vivir allí, tendría que hacer frente a todos los costes de la comunidad. Evidentemente, se trata de un acuerdo injusto, que fue firmado en condiciones de manipulación y desconocimiento, en un contexto de desigualdad de poder. Basándose en este acuerdo, su expareja denunció a Joaqui en 2019, con la intención de echarla de casa a ella, su hija y sus nietas, y así poder volver el a residir en esa vivienda. Ella, acostumbrada a vivir todo esto en soledad, no compartió su situación con nadie más que su abogado y los servicios sociales de base hasta 2021; cuando el agresor volvió a denunciar a Joaqui, ella le contó a una vecina lo que le estaba sucediendo. Fue entonces cuando se movilizó la Asociación de Vecinas de Abusu y la Red de Apoyo Mutuo Batu para denunciar este caso y tratar de ayudar a Joaqui y su familia.

Desde la Asociación de Vecinas y el Sindicato de Vivienda de Batu hemos llevado a cabo numerosas acciones para revertir esta situación y visibilizar la injusticia de este caso; tales como negociaciones, apoyo y acompañamiento a Joaqui, intermediación con servicios sociales, contacto con medios de comunicación, difusión del caso, solicitud de apoyo a otras redes de vivienda y grupos feministas...

  A pesar de ello, hoy, 25 de noviembre, día contra la violencia de género, hemos tenido que reunirnos para defender el hogar de Joaqui y su familia.  

Resulta necesario cuestionar la actuación de los órganos judiciales y cuerpos policiales, que lejos de proteger a nuestra compañera de la violencia económica y psicológica que su ex marido ejerce sobre ella, protege a su verdugo, mientras que relega a Joaqui a unas condiciones precarias e inestables. Paso a paso, gracias a la lucha popular, han surgido pequeñas victorias, consiguiendo una alternativa habitacional provisional y limitada en tiempo para nuestra compañera y su familia. Está claro que todavía tenemos mucho camino que recorrer hacia una alternativa que se ajuste a las necesidades y la realidad.
Y es que, todavía, este macabro sistema de protección obliga a Joaqui a pagar el mantenimiento del edificio donde vivirá su agresor, además del alquiler de etxebide al que finalmente ha podido optar, teniendo unos ingresos mínimos mensuales y estando a cargo de sus nietas y su hija con discapacidad. Tras dar a conocer su caso en público en la asamblea abierta que realizamos en el barrio el pasado día 19, Joaqui ha recibido amenazas en su propio hogar, encontrando las palabras "por mala, mentirosa y chivata" pintadas en su buzón. Mala, mentirosa y chivata por querer denunciar y colectivizar su situación; mala, mentirosa, chivata por decir basta; mala, mentirosa, chivata por querer hacer frente a su verdugo. El autor de esas pintadas puede que dentro de unos días pasee impune y libremente por el barrio que ha sido un sitio seguro para Joaqui hasta ahora. ¿Como vecinas, hemos de aceptar esto? ¿Hasta qué punto podemos sentirnos tranquilas en el barrio que nos ha visto crecer y vivir hasta ahora? Además, resulta más que cuestionable la actitud de los cuerpos policiales en este caso, que, frente a ser avisados de dicha amenaza, se han cruzado de brazos, alegando que no había nada que denunciar. Una compañera que por amenazas anteriores tuvo que precisar de escolta durante dos años; y ahora esos mismos referían protegerla en las calles, le dan la espalda. Somos conscientes de que la problemática de vivienda tiene rostro de mujer precarizada. Esto se debe al entramado dictado por una lógica patriarcal y capitalista que desplaza y desampara a aquellas personas más vulnerables, en este caso una mujer de clase trabajadora superviviente de violencia de género.

 Con respecto al sistema judicial, nos encontramos con juzgados con nula formación en violencia de género, que emiten sentencias que desamparan a aquellas compañeras supervivientes y protegen a los agresores. Estas dinámicas perpetúan la desigualdad de poder existente y revictimizan a aquellas que osan enfrentarse judicialmente a sus opresores.

 Por todo ello, constatamos la necesidad de seguir luchando para hacer frente a las embestidas de este asfixiante y represivo sistema de dominación. Nada ni nadie nos parará frente a amenazas, autos judiciales o silencio administrativo; nada ni nadie nos parará ante aquellos que callan y miran a otro lado frente a la represión sufrida por nuestra vecina.

Joaqui y su familia no están solas: Os avisamos... ¡somos muchas más que cuando empezamos!