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En medio del naufragio de Marsans

En marzo pasado, cuando el grupo Marsans se iba a pique en medio de una nefasta gestión, sus propietarios, Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, cobraron del holding 170.000 euros por cabeza en concepto de unos supuestos sueldos que no figuraban hasta ese momento entre sus emolumentos. Los cobros se produjeron el mismo mes en que los empleados del grupo comenzaban a sufrir retrasos en el pago de sus sueldos y la compañía Air Comet se declaraba en suspensión de pagos.

Ese mes, además, Díaz Ferrán y su socio ya habían iniciado los contactos para vender Marsans, que luego acabaría en manos de Ángel del Cabo, un pretendido reflotador de empresas en apuros que no tardó en declarar concurso de acreedores para consternación de los trabajadores, que habían albergado una leve esperanza de asegurar su futuro.

Estos hechos, sumados a otras malas prácticas empresariales –impagos a la Seguridad Social, vulneración de convenios, desprecio de derechos laborales, etc.–, deberían bastar para que Díaz Ferrán cesara de su cargo de presidente de la patronal CEOE. Pero esta organización, lejos de ofrecer muestras de ejemplaridad, ha optado, con escasas excepciones, por cerrar filas en torno a su más que cuestionado líder.

No parece importarle a la CEOE que sus exigencias en materia laboral, ya de por sí inaceptables para la inmensa mayoría de los trabajadores, resulten aún menos digeribles si quien las negocia es una persona con la autoridad moral en entredicho. Pésima señal la que envían los empresarios, no ya a los mercados como se suele decir en estos tiempos, sino a los ciudadanos.

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