1 marzo 2009

El viernes pasado, el pleno municipal de Madrid aprobó, con los votos del PP, la Ciudad de la Iglesia. Una operación mediante la cual el Ayuntamiento cede al Arzobispado una parcela de 25.000 metros cuadrados en una de las zonas emblemáticas de la ciudad para la construcción de un vasto complejo de edificios de uso eclesiástico. Salvo que nadie logre detener el proyecto, en 2011 se habrán construido una casa de la iglesia, una biblioteca diocesana, una residencia para sacerdotes, varias oficinas y un aparcamiento de 200 plazas donde hoy se extiende el concurrido parque de Las Vistillas. El alcalde de Madrid, Ruiz-Gallardón –cuyos alardes progresistas sólo engañan a quien acepta dejarse embaucar–, ha despreciado la oposición del PSOE e IU y las protestas de los movimientos vecinales.

No estamos ante una simple pelea política madrileña. Se trata de algo mucho más serio, que atañe a todos los ciudadanos españoles. Lo aprobado por el PP es una nueva afrenta contra el principio de la aconfesionalidad del Estado, consagrado por la Constitución, ese texto que algunos sacralizan cuando conviene a sus intereses y que ignoran olímpicamente cuando no se ajusta a ellos. Pese a las promesas del presidente Zapatero de avanzar hacia el laicismo, la Iglesia católica española mantiene en España una posición tan descaradamente privilegiada que incluso ha merecido una crítica en el informe anual sobre derechos humanos del Departamento de Estado norteamericano. El documento destaca que la Iglesia no sólo se beneficia de contribuciones voluntarias en la declaración de la renta, sino que, además, el Estado le proporciona financiación directa y paga salarios a profesores de religión en colegios públicos, así como a representantes eclesiásticos en el Ejército y en hospitales.
La solución no pasa por equiparar las demás confesiones a la católica, sino por lograr la aconfesionalidad. Zapatero dio un paso muy importante al impulsar el matrimonio entre homosexuales, pero la virulenta reacción de la Iglesia, del PP y de algunos sectores socialistas ha enfriado su ímpetu. La Iglesia mantiene (y aumenta) su financiación con mecanismos públicos, los crucifijos continúan en las paredes de muchos colegios y hospitales públicos, la Biblia y la cruz presiden los actos de tomas de posesión, los funerales de Estado los conducen los arzobispos castrenses... En ese clima reverencial ante el poder religioso, que no es contestado de manera tajante ni por el PSOE, no sorprende que Ruiz-Gallardón se sienta con las manos libres para propiciar la edificación de un minivaticano en el corazón de Madrid. Qué más da lo que opinen los ciudadanos. Qué más da lo que diga la Constitución.