Abaratamiento del despido, congelación de pensiones, reducción de sueldo a los funcionarios, retraso de la edad de jubilación... Tras constatar que estos recortes sociales no saciaban a los mercados, Zapatero anunció ayer una nueva tanda de medidas, convencido de que no hay otro modo de frenar la ofensiva de los especuladores y reactivar la economía. En el paquete destacan la privatización del 49% de la sociedad aeroportuaria Aena, la regulación de las agencias privadas de colocación de empleo, la ampliación a empresas con mayor facturación del tipo mínimo del impuesto de sociedades y la supresión de la ayuda de 426 euros a los parados de larga duración. Todas las iniciativas encajan en la doctrina liberal reinante, en el sentido de que minan lo público y recortan derechos adquiridos. Las ayudas a los parados suponían en torno a 850 millones de euros anuales, una cantidad casi irrisoria en relación con el monto del déficit que hay que recortar. ¿Por qué se les quita, entonces, esta última red de subsistencia a miles de ciudadanos cuyo único delito es haber naufragado en una crisis que no provocaron? ¿Dónde está el límite en esta carrera frenética para complacer a los capitales?

Los defensores de estas recetas alegan que no hay alternativas. Falso. Hasta hace muy pocos días, quienes abogaban por que el Banco Central Europeo emprenda una compra masiva de deuda de los estados con problemas era tachado de lunático o izquierdista trasnochado. Ahora, la fórmula parece abrirse paso en el establishment. Es sólo un ejemplo de lo que se podría hacer si la política se elevase sobre los mercados.