La falta masiva de controladores a sus puestos de trabajo desencadenó ayer en España un caos aéreo de dimensiones extraordinarias, coincidiendo con el inicio del puente más largo del año. Al igual que hicieran en julio pasado, pero con mucha mayor contundencia, los controladores utilizaron una fecha de máximo tráfico aéreo para echar un pulso al Gobierno, sin consideración hacia los centenares de miles de viajeros que se disponían a aprovechar unos días de asueto. Y, una vez más, lanzaron su desafío sin recurrir al legítimo derecho de huelga –sometido a regulaciones, incluidos los servicios mínimos–, sino invocando unas supuestas bajas por enfermedad nada creíbles. Si los controladores no gozaban ya de muchas simpatías en parte de la opinión pública, que los considera un colectivo privilegiado (ganan de media unos 200.000 euros anuales; hasta hace poco, 350.000), su actitud perjudicará más si cabe su deteriorada imagen.

Pero hay algo peor para ellos, y es que, desde ayer, el escenario en que acostumbraban defender sus intereses será muy distinto. La aprobación por el Gobierno de un sorprendente decreto ley de reminiscencias reaganianas que permite militarizar el control aéreo en casos de emergencia cambia las reglas del juego en detrimento de los controladores, que pueden ser acusados de sedición por incumplimiento de sus obligaciones. Anoche mismo, las torres de control quedaron bajo mando militar por orden del presidente Zapatero. Con independencia de las razones que esgrima el Gobierno para adoptar tan severa norma, cabe suponer que la decisión suscitará una polémica jurídica y política.