En los últimos años, las instituciones económicas internacionales han exaltado a Túnez como un país que avanzaba en muy buena dirección, invocando sus buenos datos macroeconómicos. También se ha puesto muchas veces al país como ejemplo de apertura social dentro del contexto africano. Organizaciones de derechos humanos, con Amnistía Internacional a la cabeza, han venido denunciando año tras año la extrema crueldad del régimen de Ben Alí, pero, para los gobiernos occidentales, ese detalle no debía entorpecer las relaciones con el país magrebí. Ya se sabe: razones geoestratégicas, lucha contra Al Qaeda, suministro energético...

Ayer, tras 24 años en el poder, Ben Alí huyó de Túnez a raíz de una revuelta popular que comenzó el 17 de diciembre, cuando un joven con un alto grado de educación, desempleado, se inmoló a lo bonzo cuando la policía le decomisó un puesto ambulante de venta de frutas con el que intentaba sobrevivir. La podredumbre que el régimen pretendía mantener bajo la alfombra ha quedado a la vista: jóvenes sin futuro, falta de democracia, vesania policial, corrupción sin freno de la familia presidencial... El primer ministro ha tomado las riendas del poder y prometido democracia, cosa que está por ver. Las nuevas autoridades de Túnez, y en general los regímenes del Magreb, deberían tomar seria nota: a juzgar por las reacciones en las redes sociales, lo ocurrido, más que un caso aislado, puede ser un síntoma. Y la UE tendría a su vez que abrir una reflexión profunda sobre cómo conciliar, en las relaciones exteriores, sus intereses con los principios que tanto alardea defender.