El ímpetu que exhibió el Gobierno en la anterior legislatura en materia de derechos y libertades parece haberse difuminado. Si bien es cierto que en la agenda legislativa se mantiene la Ley de Igualdad de Trato y Contra la Discriminación, otros dos proyectos de enorme importancia –el de libertad religiosa y de conciencia y el de transparencia– han quedado en el olvido. A ello hay que sumar ahora la renuncia del Ejecutivo a prohibir los anuncios de prostitución de los periódicos, incluso aunque el Consejo de Estado dictamine que la medida se ajusta a derecho. El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, ha afirmado que el Gobierno prefiere un mecanismo de "autorregulación" pactado con los editores de los periódicos. Sus palabras suenan a un evasivo brindis al sol, ya que esa vía fue planteada en su día, con muy poco éxito, por el desaparecido Ministerio de Igualdad: entre las cabeceras de difusión estatal, sólo Público y el gratuito 20 minutos rechazan desde su nacimiento este tipo de publicidad, y La Razón se les ha sumado con posterioridad.

El argumento de Jáuregui para justificar el paso atrás resulta, cuanto menos, sorprendente: el Gobierno retiraría "mañana" los anuncios, pero no lo hace para evitar una "lesión económica a un sector que está en una profundísima crisis". La publicidad de prostitución genera mucho dinero a los periódicos en España –unos 40 millones de euros al año– y, con crisis o sin ella, los que la aceptan no parecen proclives a renunciar a tan jugoso negocio, pese a alardear de compromiso con la dignidad humana y a que ya está demostrada la presencia de mafias de proxenetismo tras los anuncios de contactos.