La decisión del Gobierno de elevar de manera drástica las exigencias de capitalización al sector financiero supone, en la práctica, un golpe mortal para las cajas de ahorros al abocarlas a su inexorable privatización. Según el anuncio de la vicepresidenta económica, Elena Salgado, bancos y cajas deberán demostrar de aquí a otoño condiciones para subir del 6% al 8% su core capital (que determina la solvencia de la entidad). Esa condición, ya de por sí difícil de cumplir, será "superior" para las entidades que no coticen en bolsa y no tengan inversiones privadas. Véase, cajas de ahorros. En septiembre, el Estado entrará, por un periodo de cinco años, en las entidades que no hayan logrado resolver sus problemas de liquidez en los mercados, con el fin de sanearlas con el dinero de todos los contribuyentes. Las cajas incluidas en este grupo deberán transformarse obligatoriamente en bancos, si es que no lo han hecho antes para captar recursos en los mercados.

Todo está, pues, diseñado para que el gigantesco pastel del 51% del ahorro de los españoles, hoy depositados en las cajas bicentenarias, pasen a manos privadas, porque así lo han exigido los mercados omnipotentes. La obra social, a la que estas entidades destinan como mínimo el 25% de sus beneficios, quedará más temprano que tarde a discreción de unos accionistas para los que la prioridad será maximizar sus dividendos particulares. El proceso será pilotado por el Banco de España, cuyo gobernador ha sido un infatigable abogado de la privatización de las cajas. Y todo sin el menor debate público.