El pacto social que firmaron ayer Gobierno, sindicatos y patronales es de indudable trascendencia, por dos razones fundamentales. La primera es el hecho de que se haya firmado, ya que las circunstancias difíciles que vive España (véase el dato del paro de enero divulgado ayer mismo) invitan más bien a la confrontación. La segunda es que se trata de un acuerdo que, sin tener las dimensiones cuasi épicas que pretende el Ejecutivo, condicionará en buena medida el futuro económico y social de España.

El núcleo del pacto es la reforma del sistema de pensiones, que, con independencia del debate sobre su necesidad o no, constituye un claro retroceso en los derechos sociales. Al mismo tiempo, el texto incluye medidas positivas para fomentar el empleo juvenil o ayudar a los parados sin recursos. Los sindicatos, sometidos a una brutal campaña de desprestigio desde la derecha política y mediática, tienen motivos para poner en valor su papel en las negociaciones por el simple hecho de que las cosas habrían ido peor sin su presencia. Así lo han entendido Lara y Llamazares, de IU, al atemperar en las últimas horas la dureza inicial de sus declaraciones. Ahora bien, cometerían los líderes de UGT y CCOO un error si intentasen justificar su actuación asumiendo los argumentos de los promotores de las reformas. Mientras tanto, el responsable PP mantenía ayer su discurso de calculada ambigüedad, amagando con respaldar el acuerdo y, al mismo tiempo, denunciando unos recortes sociales que ellos aplicarían con más contundencia si llegasen al poder. Todo les vale con tal de afear la foto a Zapatero.