Hace poco más de diez meses, el Gobierno elevó una consulta al Consejo de Estado sobre distintas actuaciones posibles contra la publicidad de contactos sexuales en la prensa. La respuesta que acaba de dar el órgano consultivo no puede ser más contundente y fundamentada: la mejor opción consiste en prohibir mediante una ley específica la difusión de dichos anuncios, ya que la vía de la autorregulación –por la que se habían pronunciado recientemente algunos insignes miembros del Ejecutivo– se ha demostrado "insuficiente y baldía". En su minucioso informe de 59 folios, el Consejo considera que toda la publicidad –incluida la relativa a la prostitución– transmite valores y modela conductas, y como tal tiene vínculos con el ámbito del derecho de libertad de expresión.

Un derecho cuyo ejercicio sólo tiene límites cuando colisiona, como es el caso, con varios bienes jurídicos también protegidos por la Constitución, entre los que el informe cita la dignidad de la mujer o la protección del menor. La más que probable existencia de mafias de proxenetas tras esa publicidad es también un argumento para la prohibición; no el único, como pretenden algunos directores de periódicos que intentan circunscribir todo el problema a la dificultad para detectar la existencia de tales mafias.

Si quiere seguir haciendo creíble su compromiso con la igualdad, el Gobierno debe ejecutar sin dilación el dictamen del Consejo de Estado y poner fin a un negocio que aporta 40 millones anuales a la prensa. Esa medida no afectaría a Público, que desde su nacimiento rechaza los anuncios de contactos. Por principios. Así de sencillo.