Que una iniciativa concite el apoyo casi unánime del Congreso constituye un acontecimiento insólito en la política española. Esa circunstancia le añade, si cabe, una mayor fuerza de legitimación, sobre todo cuando se debate algo tan delicado como la participación en una operación militar en torno a cuya necesidad existen argumentos sólidos a favor y en contra. La práctica totalidad de los diputados ha considerado que, con independencia de discusiones sobre la doble vara de medir de los aliados (que existe) o los intereses petrolíferos (que los hay), urge proteger a una parte del pueblo libio de la furia vengativa del déspota contra el que ha osado rebelarse. Abandonar a su suerte a los sublevados no sólo permitiría la consumación de una carnicería, sino que tendría consecuencias nefastas para otras rebeliones que tienen lugar en el mundo árabe. A diferencia de Irak, esta intervención tiene el aval de la ONU, institución que, pese a sus evidentes carencias democráticas, es hoy el único foro reconocido por la comunidad internacional.

Es lógico que este asunto provoque tensiones en la izquierda española, antibelicista y con una vieja cultura de reflexión moral. Virtudes que la derecha pretende convertir en defectos, intentando vejar a Zapatero y a aquellos activistas del No a la Guerra que protestaron contra la guerra ilegal de Irak y que ahora comprenden la intervención en Libia. Y mofándose al mismo tiempo de los grupos opuestos a la operación. Ahora bien, Zapatero cometería un error si interpretase la votación del Congreso como un cheque en blanco y eludiera su responsabilidad de velar por que la misión se ajuste a los principios, en teoría humanitarios, que la inspiraron.