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El Gobierno recurre a la agenda social

En la recta final de su segundo mandato, el Gobierno ha aprobado el proyecto de ley de muerte digna, una iniciativa que persigue clarificar los derechos de los pacientes en situación terminal y las obligaciones de los médicos que los atienden. La decisión se produce en plena campaña para las elecciones municipales y autonómicas del 22-M, por lo que resulta inevitable leerla en clave de oportunidad política, máxime cuando se trata de un compromiso que el Ejecutivo ha ido postergando sin mayores complicaciones desde 2004. El proyecto legislativo se ha suavizado en ese largo camino, de modo que no incluye el derecho a la eutanasia o al suicidio asistido. Su principal avance con respecto a la Ley de Autonomía del Paciente de 2002 es que aclara que la sedación terminal y la renuncia al tratamiento artificial de prolongación de la vida constituyen un derecho y una responsabilidad del paciente, lo que evitará, en el futuro, casos como del doctor Luis Montes, a quien la Consejería de Sanidad de Madrid sometió aun calvario judicial por haber aplicado sedaciones a enfermos terminales. Otro aspecto destacado del texto es que reconoce al paciente el derecho a pasar la agonía en una habitación individual como forma de preservar su intimidad y la de su familia.

El proyecto de ley supone, sin duda, un pequeño paso adelante hacia la normalización de la muerte digna. Pero está por ver si parecerá suficiente al electorado más de izquierdas, bastante desencantado por las medidas económicas que ha adoptado en los últimos tiempos el Gobierno para afrontar la crisis.

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