Después de 30 años de democracia, la mentira apenas puede tenerse ya en pie: en España, tras la muerte del dictador Franco, no hubo reconciliación real. Hubo un acuerdo básico de convivencia –quizá el único posible en ese momento de extraordinaria incertidumbre–, pero  no reconciliación. Para que esta tenga efecto resulta imprescindible saber sin ambigüedades qué sucedió, admitir las respectivas responsabilidades, hacer justicia y dignificar la memoria de las víctimas.

La denominada Ley de la Memoria Histórica, impulsada por el Gobierno de Zapatero y aprobada por el Parlamento en octubre de 2007, constituye un intento por subsanar la tremenda situación de injusticia en que han vivido los vencidos de la Guerra Civil, pero la sed de memoria que crece cada día en la sociedad amenaza con desbordar aquella norma bienintencionada pero a todas luces insuficiente.

No basta con conceder subvenciones a familiares de víctimas para que exhumen los cuerpos de sus seres queridos en fosas comunes. Se requiere un papel activo del Estado –de sus tres poderes– en la búsqueda de los cadáveres y en la averiguación de la circunstancia en que perecieron.

Resulta vergonzoso que, 34 años después de la muerte de Franco, una familia española se haya visto abocada a recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para denunciar la "pasividad del Estado" al no esclarecer el paradero o las circunstancias de la muerte de Luis Dorado, diputado socialista en la Segunda República. Su viuda inició en 1979 los papeleos para  denunciar la desaparición de su marido y sólo en 1993 pudo empezar a cobrar la pensión de viudedad.

La hija y el nieto de Dorado han decidido llevar el caso a Estrasburgo tras un periplo por distintas judiciales españolas. La inhibición, forzada por el Supremo, del juez Garzón de abrir una causa contra el franquismo llevó a los Dorado a la conclusión de que había que buscar  justicia por otras latitudes.

La aventura apenas empieza. El tribunal deberá decidir en primer lugar si admite a trámite la denuncia. En caso de que continúe el procedimiento, una sentencia condenatoria contra España podría dar un vuelco en la política oficial sobre la memoria histórica, ya que los países tienen el compromiso de acatar y ejecutar los fallos del tribunal, que es la máxima autoridad judicial europea en garantía de derechos y libertades fundamentales. Si la iniciativa no prospera, quedará, en todo caso, como un símbolo de la lucha por la dignificación, sin la cual no existirá reconciliación ni se cerrarán nunca las heridas.