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Grecia y los poderes financieros

La división en el seno de la UE ha obligado a aplazar la decisión sobre un nuevo rescate a Grecia, que se sumaría a un primer paquete de ayudas de 110.000 millones de euros aprobado el año pasado. Como mucho, los gobiernos estarían dispuestos el próximo lunes a desbloquear el tramo pendiente (18.000 millones) del primer rescate si el Parlamento griego "hace los deberes", es decir, si aprueba una nueva cascada de ajustes y privatizaciones. La discusión se centra en estos momentos en el papel que deban desempeñar los bancos privados en la operación de socorro: Alemania exige que asuman obligatoriamente una parte de la carga económica, pero la mayoría de los demás países –empezando por Francia, cuyos bancos se encuentran entre los mayores acreedores de la deuda helena–prefieren que esa participación sea voluntaria. Los dirigentes políticos se encuentran enzarzados en este debate sin que ninguno tenga el coraje de preguntar, simplemente preguntar, si no existen otras fórmulas para salir del atolladero. Por ejemplo, si no habría que ser más flexibles con los objetivos de défict y deuda o repartir con más justicia las cargas fiscales en el esfuerzo por cuadrar las cuentas públicas. En nombre de la fortaleza del euro –y también, todo sea dicho, para garantizar que los grandes bancos recuperen el dinero prestado–, los gobernantes están apretando el cinturón a los ciudadanos de modo irresponsable. Ello no sólo resulta moralmente reprobable, sino que, en términos prácticos, está cercenando a países sin la capacidad exportadora de Alemania la posibilidad de reactivar su consumo doméstico y sacar la cabeza de la crisis.

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