La decisión del Gobierno de reducir la velocidad máxima en las carreteras de 120 a 110 kilómetros por hora desató en marzo pasado una intensa polémica. Hubo exaltados que equipararon al Ejecutivo con una dictadura, omitiendo que el tope de los 110 kilómetros por hora rige en países tan democráticos con EEUU o Suecia. El motivo de aquella decisión era rebajar el consumo de gasolina –producto del que España tiene una enorme dependencia exterior y cuyo precio se encontraba en espiral ascendente– con el fin de contener el déficit en las cuentas públicas. En marzo y abril, el consumo se redujo un 5,8%, lo que supuso un ahorro de 200 millones de euros.

El Consejo de Ministros evalúa hoy si conviene derogar esa medida extraordinaria, vigente hasta el 30 de junio, o si, por el contrario, resulta más beneficioso prorrogarla. Aunque el Ejecutivo se inclina por lo primero, cabe presumir que en la decisión final jugarán distintos elementos, como la evolución de la siniestralidad, el impacto en la contaminación ambiental o el ánimo de los conductores por la demora adicional en sus desplazamientos. Pero, por supuesto, el factor determinante para que la balanza se incline en uno u otro sentido ha de ser el mismo que sirvió para legitimar la medida: el precio del combustible. La decisión tomada ayer por la Agencia Internacional de Energía –en la que participan los países más ricos del mundo – de colocar en el mercado petróleo de sus reservas tenderá a empujar los precios a la baja, como se evidenció de inmediato. El Gobierno debe sopesar con rigor si esta tendencia basta o no por sí sola para levantar la restricción.