Cinco meses después de recibir un informe del Consejo de Estado sobre las vías para erradicar los avisos de contactos de la prensa, el Gobierno trasladó ayer a los grupos parlamentarios una propuesta para prohibir dichos anuncios mediante una reforma de la Ley General de Publicidad.

El órgano consultivo del Estado consideraba más adecuado introducir la prohibición mediante una ley nueva y específica, pero el Ejecutivo ha optado por retocar la vigente normativa publicitaria mediante un párrafo que dice: "Se prohíbe la publicidad en prensa de servicios sexuales y de locales dedicados a la prostitución".

La iniciativa extiende su alcance a las páginas digitales de la prensa, salvo que establezcan mecanismos para impedir la entrada de menores de edad. El texto presenta aún carencias –por ejemplo, no toca los avisos de contactos en la televisión, como sugería hacer el Consejo de Estado–, pero la Secretaría de Estado de Igualdad argumenta que se trata de un documento abierto a la negociación. En cualquier caso, es un paso importante para poner fin a una anomalía que no sólo atenta contra la dignidad humana, sino que puede vulnerar los derechos de la infancia y esconder redes mafiosas que se lucran de la prostitución y someten a sus víctimas a un estado de semiesclavidud.

La casi totalidad de los periódicos se han negado a suprimir estos anuncios, invocando la libertad de expresión y la libertad comercial (el negocio les reporta unos cinco millones de euros anuales). Ahora podrían enfrentarse a su prohibición. Quienes la rechazan deberían admitir de una vez por todas la contradicción entre los anuncios de contactos y la defensa de la igualdad.