En una situación de crisis tan grave como la actual, resulta lógico que la economía condicione los procesos electorales en los países afectados. España no es una excepción, como ya se evidenció en las elecciones municipales y autonómicas de mayo y como seguramente sucederá en las generales del 20-N. El debate más difícil al que se enfrentan los candidatos es el de cómo cumplir con los objetivos de déficit exigidos por la UE. Los gobiernos sólo disponen de la herramienta fiscal para cuadrar sus cuentas, y ello significa, en suma, jugar con los impuestos y los gastos. Hasta ahora, la tendencia predominante en Europa –a la que se sumó Zapatero– ha consistido en meter la tijera en el gasto, como hizo en mayo de 2010 al congelar las pensiones y bajar el sueldo de los funcionarios. ¿Y qué planes tienen al respecto los dos candidatos con más opciones de llegar a la Moncloa? "Depende", "ya lo contaré en el programa", intenta escabullirse el conservador Rajoy, pero, a juzgar por lo que están haciendo los gobiernos autonómicos del PP, con el respaldo expreso del líder nacional, existen motivos muy serios para temer por el futuro del Estado del bienestar. Por contra, el socialista Rubalcaba afirmó ayer que no congelará pensiones y sueldos públicos e hizo una defensa encendida de las políticas sociales. Sin embargo, su pertenencia al Ejecutivo de Zapatero le exigirá redoblar los esfuerzos pedagógicos para hacer creíbles sus compromisos en este ámbito. En el terreno de los impuestos, también se perfilan ya ciertas diferencias, con el PP dispuesto, entre otras cosas, a "dejar morir" el gravamen sobre el Patrimonio que acaba de reinstaurar el Gobierno. La batalla acaba de empezar.