En una democracia saludable se espera que todas las instituciones actúen con la máxima transparencia, de modo que estén sujetas de manera permanente al escrutinio de los ciudadanos. Pero quizá la institución que más debería dar ejemplo es el Parlamento, por su calidad de representante de la soberanía popular. Y lo que está ocurriendo con la asignación de asistentes a los expresidentes de las Cortes es justamente lo contrario de una actuación ejemplar. Tal como ha revelado este diario, las Mesas del Congreso y el Senado acordaron en 2004 facilitar un ayudante a los expresidentes que continuaran ejerciendo como parlamentarios. Aquella decisión se adoptó a hurtadillas, sin debate público, y de ella se han beneficiado hasta el momento los conservadores Federico Trillo y Juan José Lucas. La historia no acaba ahí. En abril pasado, las Mesas (en las que no están representados varios partidos minoritarios) dieron un paso más y, de nuevo de modo subrepticio, extendieron ese privilegio a los expresidentes aunque no continúen como parlamentarios. El socialista José Bono podría ser el primer beneficiario, a menos que decline el ofrecimiento. Y, por si fuese poco, hoy revela Público que Lucas, además del asistente con que cuenta en su calidad de expresidente del Senado, tiene dos más por su condición actual de vicepresidente de esa Cámara. ¡Tres ayudantes! Que se otorgue un ayudante a los expresidentes de las Cortes –además de los que ya tienen asignados los distintos grupos en función de sus escaños– podría estar justificado si, por ejemplo, desarrollasen alguna actividad institucional reglada, que hoy no tienen. Entonces, ¿cómo se explica todo esto?