La decisión del Gobierno de unificar los Fondos de Garantías de Depósitos de bancos, cajas y cooperativas en una sola bolsa para hacer frente a futuras pérdidas del sector financiero es, en primer lugar, lógica. Quizá el reproche que se pueda hacer es que no se haya adoptado antes, en el momento en que se puso en marcha la "reestructuración" del sector. En aquel momento, el Ejecutivo intentó desmentir a quienes veían detrás de ese proceso un camino hacia la privatización de las cajas. Ayer, al explicar la nueva medida, la vicepresidenta económica vino a confirmar aquella apreciación: la dispersión de los instrumentos de garantía, dijo, "ya no tiene sentido" porque el 98,3% de los activos y pasivos financieros que pertenecían a cajas están ahora en bancos. Además de lógica, la decisión es justa. La fusión de los fondos pretende, según señaló Salgado, que los contribuyentes "no tengan que soportar más las pérdidas del sector" –ya han pagado más de 7.500 millones de euros– y que estas no repercutan en el déficit público. La primera factura que correrá a cargo de la nueva bolsa común será asumir los 2.800 millones de euros que el Banco de España ha inyectado en la CAM. En la práctica, el Ejecutivo está trasladando la mayor parte de la carga a los grandes bancos, ya que, por la cuantía de sus depósitos, son los mayores contribuyentes del fondo. Lo que está por ver es si la nueva hucha –los tres fondos suman hoy 6.600 millones de euros– bastará para socorrer entidades en peligro y al mismo tiempo mantener un colchón de seguridad para garantizar depósitos en alguna situación extrema. Sólo cabe desear que no haya necesidad de comprobarlo.