El palacio de la Zarzuela limitará la familia real de modo que sólo incluya a los reyes y a los príncipes de Asturias con sus hijas. Dicho de otra manera: quedarán excluidas las infantas Elena y Cristina con sus respectivas familias, que pasarían a tener el rango, equivalente a las hermanas del monarca, de parientes que no participan en la agenda pública de la Corona. No parece casual que la noticia haya trascendido en medio del escándalo por el uso irregular de fondos públicos que protagoniza Iñaki Urdangarin y que está afectando seriamente la imagen de la monarquía cuando la institución sufre su peor valoración entre los ciudadanos, según reveló el último sondeo del CIS. Mientras se decide el mecanismo para redimensionar la familia, la infanta Cristina podría renunciar voluntariamente a participar en actos públicos de representación y apartarse así de los focos, al menos mientras se resuelve en los tribunales la causa que involucra a su marido.

Con independencia de si estos cortafuegos para proteger a la Corona cumplirán su objetivo, y más allá del debate de fondo sobre el sentido de la monarquía en una sociedad democrática y moderna, el escándalo de Urdangarin vuelve a poner sobre el tapete la discusión sobre la inaceptable falta de transparencia de una institución que ostenta constitucionalmente la jefatura del Estado. Una opacidad que se evidencia no sólo en la gestión de este caso concreto, sino en la ausencia de un control parlamentario a la utilización de los fondos públicos que los contribuyentes aportan por vía presupuestaria a la Casa del Rey para su mantenimiento.