30 diciembre 2011

La decisión del juez de instrucción número tres de Palma de Mallorca de citar como imputado a Iñaki Urdangarin constituye, por previsible que fuera, un hecho insólito en la democracia española por ser la primera vez que un miembro de la familia real se enfrenta a un proceso judicial. En la causa –una pieza separada dentro del caso Palma Arena, por el cual está ya imputado el expresidente balear Jaume Matas, del PP– se indagan presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos, fraude a la Administración y evasión fiscal, que acarrean penas de prisión de hasta 14 años. El abogado y portavoz de Urdangarin se equivoca, una vez más, al intentar atribuir a supuestas presiones sociales y mediáticas la delicada situación de su cliente, ya que, si este se encuentra en esta encrucijada penal, se debe única y exclusivamente a su decisión de crear un “entramado societario” para “apoderarse” de los fondos públicos y privados que captaba por medio de la fundación Nóos, según señala el auto judicial. El yerno del rey, que como todo ciudadano goza del derecho a la presunción de inocencia, tendrá ahora la oportunidad de defenderse, y lo que cabe esperar es que, al margen de cuál sea el desenlace del caso, la Justicia sea en efecto “igual para todos”, como señaló el rey en su discurso de Nochebuena. El monarca ha expresado su disgusto por la actitud “poco ejemplar” de su yerno. Quizá el propio Juan Carlos pudo haber sido igual de contundente hace cinco años, cuando supo de las andanzas de Urdangarin y, sin embargo, le permitió seguir participando en actos oficiales de representación de la Corona.