El juicio de la vergüenza

El juicio que comenzó ayer en el Tribunal Supremo a Baltasar Garzón quedará registrado para siempre en los anales de la ignominia. Un pseudosindicato ultra, cuyo presidente acaba de ser premiado por la Fundación Francisco Franco por sus “servicios en defensa de los ideales del Movimiento”, consiguió sentar en el banquillo al juez que intentó investigar los crímenes del franquismo. Contó para ello con la insólita colaboración del magistrado instructor, el sedicente progresista Luciano Varela, quien aconsejó a la acusación para que corrigiera defectos formales de su querella. Garzón, que abrió la causa atendiendo a numerosas denuncias de asociaciones de memoria y familiares de víctimas de la dictadura, está acusado de prevaricación, esto es, dictar una resolución a sabiendas de que es injusta, una de las imputaciones más graves que se pueden formular contra un juez. Según el instructor, Garzón no era competente para investigar esos crímenes, que, además, estarían prescritos mediante la Ley de Amnistía de 1977. Sin embargo, las dudas competenciales que existen entre numerosos jueces municipales a los que Garzón tuvo que remitir los expedientes y las discrepancias entre juristas sobre el verdadero alcance jurídico de la Ley de Amnistía reflejan que, cuanto menos, existe margen para que un juez pueda interpretar las normas sin que una equivocación suya, si la hubiere, sea asumida como una prevaricación. Pero aquí no caben ni la razón jurídica ni el sentido común. El objetivo es destruir a un juez que osó cuestionar un tabú muy peligroso en un país que, tras 36 años de democracia, es el segundo del mundo en número de desaparecidos después de Camboya.