El entusiasmo que ha desatado en Berlín, Bruselas e instituciones como la OCDE la reforma laboral aprobada el viernes por el Gobierno de Rajoy constituye la constatación más nítida de la muy inquietante fractura que se está abriendo en Europa entre el poder económico-político y las clases trabajadoras. UGT y CCOO han expresado ya su rechazo frontal al decretazo y preparan un calendario de movilizaciones que con toda probabilidad desembocará en una huelga general. Ayer, además, anunciaron su disposición de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva norma. Los sindicatos seguramente sabrán que lo que está en juego no es un pulso coyuntural contra el Gobierno de turno por alguna medida polémica, sino un conflicto de fondo que determinará el futuro de las relaciones laborales y la propia existencia del sindicalismo. El reto al que se enfrentan las dos centrales es mayúsculo. No sólo por sus propias flaquezas –que las tienen–, sino, sobre todo, porque los grandes poderes financieros y sus intermediarios políticos se sienten más fuertes que nunca pese a ser los causantes de la crisis que tanto sufrimiento está produciendo entre los ciudadanos de a pie. En el colmo del cinismo, María Dolores de Cospedal alegó ayer que el PP es el “partido de los trabajadores”, cuando el Gobierno acaba de aprobar una reforma que consagra la precariedad laboral extrema y dejará al trabajador sometido al arbitrio del empresario. Mucho se habla estos días de Charles Dickens a causa del bicentenario de su nacimiento. Convendría, de paso, releer sus novelas para entender hasta dónde puede conducir la actual doctrina del shock si no se ataja a tiempo.