Dos acciones contra la estrategia del silencio

El acuerdo político para cerrar mediante el silencio y el olvido el capítulo más tenebroso de la historia reciente de España –el franquismo– apenas puede sostenerse moralmente después de casi 35 años de vigencia. Así lo atestigua la indignación que ha provocado a muchas personas, dentro y fuera de España, la pretensión del Tribunal Supremo de sentar en el banquillo al juez Garzón como resultado de una querella por prevaricación interpuesta por tres organizaciones de ultraderecha.

Esa indignación pasará esta semana de la palabra a los hechos, mediante dos iniciativas judiciales que adelanta hoy Público. Por una parte, una asociación de la memoria de Argentina interpondrá una querella en un tribunal de ese país por un asesinato cometido en España por las fuerzas franquistas. La asociación invocará el acuerdo de justicia universal para genocidio y crímenes contra la humanidad, al que Argentina está suscrito en su literalidad (y que fue retocado a la baja por el Congreso español con los votos del PSOE y el PP). La querella pide investigar las responsabilidades penales desde el 18 de julio de 1936 (comienzo de la sublevación de Franco) hasta el 15 de diciembre de 1977, con lo que, de prosperar, más de un miembro destacado del régimen aún vivo podría verse en aprietos.

Por otra parte, dos asociaciones de la memoria españolas presentarán el lunes una querella por prevaricación contra el magistrado del Supremo, Luciano Varela, que imputó a Garzón ese mismo delito por intentar investigar los crímenes del franquismo. El alto tribunal, que tanta diligencia ha demostrado para admitir a trámite querellas contra Garzón –incluso de asociaciones ultras–, tendrá que justificarse con argumentos muy sólidos en caso de que decida denegar esta iniciativa judicial de las víctimas.