El fenómeno más importante que ha ocurrido en el siglo en el que vivimos, el siglo XXI, ha sido la pandemia causada por el virus COVID-19, responsable del mayor número de víctimas mortales - 15 millones, mucho más que cualquier otro evento desde los principios del Siglo XX. Solo la II Guerra Mundial produjo más muertes, 48 millones de civiles no combatientes. La I Guerra Mundial causó 6.8 millones de muertes entre la población civil; 2.9 millones en la Guerra de Corea, 2.1 millones en la Guerra de Vietnam; casi medio millón la de Irak; y 71 mil en Afganistán, (Barry Levy- From Horror to Hope: Recognizing and Preventing the Health Impact of War, Oxford University Press, 2022). Todavía no hay cifras claras sobre la tasa de víctimas mortales entre la población civil en la invasión rusa a Ucrania, pero ya hay información que parece indicar que el porcentaje de muertes civiles, aunque muy alto, parece ser menor que el que sucedió en el 2003 tras la invasión a Irak. Es parte de manipulaciones mediáticas el dar a entender que la elevada mortalidad de la población civil en Ucrania se deba a una causa correctamente definida como criminal mientras que no se utilice el mismo término -criminal-, para definir lo ocurrido en Irak; un evidente trato diferencial, dado a que la matanza en Ucrania esté siendo primordialmente responsabilidad del gobierno y ejército Ruso, mientras que la ocurrida en Irak, haya sido por parte del gobierno y ejército Estadounidense.
Sea como fuere, el hecho es que la pandemia está matando a muchísima más gente que cualquier guerra acontecida en los últimos tiempos. Y es más que probable que el número de muertos esté siendo incluso mayor del publicado, debido a los enormes déficits, sesgos y manipulaciones de los sistemas estadísticos de indicadores vitales -como son los de mortalidad- a nivel mundial. Por otra parte, la mortalidad causada por la pandemia incluye no solo las muertes debidas al virus, sino también a muertes resultado, por ejemplo, de escases de recursos sanitarios, al estar estos saturados por enfermos por COVID-19. Según el último informe de la OMS sobre la mortalidad causada por la pandemia, se incluye a España entre los países en que esta mortalidad indirecta ha sido más alta, lo cual evidencia una pobreza de recursos sanitarios. Hay que recordar que el gasto público sanitario en España es de los más bajos de la Europa Occidental, dato que apenas ha tenido atención mediática en este país. La característica de la Sanidad Española ha sido la polarización por clase social del sistema sanitario con la sanidad privada atendiendo al 30% de la población de renta superior (incluyendo a la mayoría de los funcionarios públicos del Estado que tiene derecho de acceso a la privada) y la sanidad pública para la mayoría de la población.
Tales indicadores de mortalidad, (tanto en su conjunto como en su distribución dentro de un país por grupo de edad, por clase social, por género, por raza, y por región) son muy importantes para conocer no solo la muerte sino también la vida de un país y su nivel de bienestar.
Las causas de esta elevada mortalidad son múltiples pero las más determinantes han sido la elevada transmisión y diseminación del virus y la baja inmunidad de las poblaciones expuestas, bien sea por causas naturales o bien sea por falta de vacunación (el porcentaje de la población vacunada a nivel mundial es muy bajo, menos de un 20%, cifra que es incluso de dudosa credibilidad debido a la escasa información existente en grandes partes del mundo). Otra causa de la elevada mortalidad es el escaso desarrollo de las medidas preventivas que puedan evitar el contagio y contaminación de las poblaciones. La mortalidad es, en el peor de los casos, el punto final de la enfermedad. Y esta tiene un impacto devastador a nivel biológico, psicológico, social y económico. Y este último, el económico, es el que ha adquirido mayor visibilidad política mediática pues afecta a la economía de los países habiendo creado la mayor crisis económica y social desde la anterior pandemia mundial a principios del siglo XX.
EL FRACASO DE LA GUERRA MUNDIAL CONTRA EL VIRUS
Todos los gobiernos en el mundo y las organizaciones internacionales se movilizaron en una campaña global para presentarle la pandemia a la opinión pública en términos belicistas, como una Guerra Mundial contra el virus. Guerra que no se ha ganado y que continúa y continuará a no ser que se tomen las medidas necesarias para controlarlo. Y dudo que se tomen, puesto que éstas entran en conflicto con la enorme concentración del poder económico, político, y mediático existente hoy en el mundo, que reproduce una cultura que prioriza el proceso de acumulación y concentración de la riqueza económica, así como la expansión del dominio político por parte de Estados y organismos económicos y financieros que favorecen tal proceso. Es esta cultura de los establishments, económicos, financieros, políticos y mediáticos, la que está hoy promoviendo y expandiendo la percepción errónea de que la pandemia esta ya controlada, habiéndose convertido ya en algo como la gripe. Esta falsedad es el dogma actual que se está imponiendo con un coste de vidas enorme.
Esta cultura, por cierto, es también la causante de la enorme crisis climática y de las grandes áreas de conflictos militares de las cuales la de mayor visibilidad política y mediática es en este momento Ucrania. Esta cultura es promovida por los grandes bloques de poder, tanto del Este como del Oeste, protagonistas de la vida económica y comercial del mundo, que basan su prominencia en ser los más exitosos dentro de un sistema vigente que promueve la competitividad y la insolidaridad, creando un orden (o mejor: desorden) en el que la optimización de sus beneficios empresariales se toma como prioridad sobre el bien común de la gran mayoría de la población. En esta cultura, la crisis climática ha casi desaparecido de la atención mediática y los productores de energía no renovables contaminantes están, una vez más, liderando la política energética del mundo. Y la pandemia, también ha desaparecido del mapa. Y la militarización de los países, está alcanzando un nivel que amenaza con llevarnos a una guerra nuclear mundial.
Un ejemplo, entre muchos otros de este cambio de prioridades, en el mundo político mediático es lo ocurrido hace unos días en Estados Unidos, en donde el gobierno Biden, había propuesto un gasto de 22.5 billones de dólares (en terminología española 22.5 mil millones de dólares), para añadir a lo que ya ha gastado su gobierno en el control del COVID-19, a fin de expandir las medidas internacionales de control de la pandemia, en preparación de una reunión de Jefes de Estado para tratar este tema. El Congreso de EEUU, sin embargo, no aprobó estos fondos, prefiriendo gastar este dinero en ayuda militar a Ucrania (World Leaders Press United States to Fight Virus, The New York Times, Mayo 10, 2022). Este mismo Congreso había también estado en contra de la modificación del Tratado de Comercio Internacional para eliminar las patentes de las vacunas anti-COVID, Pfizer y Moderna, que hubiera permitido la fabricación de tales vacunas eficaces al nivel mundial. La industria farmacéutica es una de las industrias más poderosas y rentables del mundo. Y son las que han estado determinando la distribución y consumo de tales vacunas a nivel global. Este poder implica que miles de muertes ocurrirán por falta de vacunas, un número mayor que el número de muertos que están causando las guerras hoy en el mundo.
LOS DATOS MUESTRAN QUE NO SE HA CONTROLADO LA PANDEMIA
Sí miramos la curva de mortalidad por COVID en los países a los dos lados del Atlántico Norte (países de semejante nivel de desarrollo económico y estructura demográfica), veremos que unas de las tasas de contagiosidad, hospitalización y mortalidad (medida por el número de muertes por cada 100,000 habitantes) más altas desde el principio de la pandemia, fue para la mayoría de los países de tal parte del mundo, hace tres meses (diciembre 2021 enero 2022). Estas altas tasas de contagiosidad, hospitalización y mortalidad se debieron a la variante Ómicron, mucho más contagiosa que la anterior variante Delta. Es cierto que la primera era menos virulenta que la segunda. Pero ello no quiere decir que no fuera letal. Al ser mucho más contagiosa el número de gente enferma era mucho mayor y de ahí que, aun teniendo una tasa de mortalidad algo menor, el número de enfermos fuera muy elevado y el número de muertes también. Y lo que era destacable era que la mortalidad se centró mucho más en los grupos vulnerables, ancianos por encima de setenta años y personas con inmunidad limitada (debido a las condiciones y enfermedades crónicas que no en adultos, jóvenes e infantes, aunque la mortalidad en estos grupos etarios ha también crecido. Y estamos ahora viendo una nueva ola como resultado de que la variante Ómicron está produciendo virus cada vez más contagiosos.
El lector debiera preguntarse cómo es posible que solo unos meses después de una situación tan preocupante, se están promoviendo políticas de relajación de las medidas de prevención hasta prácticamente eliminarlas, actuando como si hubiéramos vuelto a la normalidad, bajo el supuesto de que la enfermedad COVID-19 ha evolucionado y ahora actúa como si fuera una gripe, asumiendo también que la mayoría de la población está ya inmunizada frente al virus debido bien a la vacunación, bien a haber estado enferma de COVID y adquirido tal inmunidad. Ambos supuestos, sin embargo, son erróneos. Es cierto que hubo una mejora, pero que se está revirtiendo ahora, como algunos ya predijimos. En realidad, la inmunidad tanto natural como resultado de haber estado contagiado o resultado de estar vacunado es relativamente corta y de allí la importancia de, entre otras intervenciones, producir vacunas que sean más protectoras y por más tiempo, lo cual sería posible si hubiera habido mayor intervencionismo público no solo en la financiación, sino en la producción de las vacunas. Dejar estas dimensiones al mercado y al sector privado es suicida, pues el objetivo de tal sector es el de optimizar sus ingresos por encima de todo lo demás. No estoy haciendo una valoración moral sino una estimación de lo que es obvio y necesario puesto que no hay ninguna duda de que sumando y compartiendo el conocimiento científico existente, promoviendo el bien común en lugar de la comercialización y el mercadeo de los bienes y servicios esenciales, habríamos podido ir más rápido y más lejos de lo que se ha conseguido.
¿QUÉ DEBERÍA HABERSE HECHO EN LA SUPUESTA GUERRA CONTRA EL VIRUS?
Cualquier movilización bélica requiere que para alcanzar el objetivo deseado exista la voluntad de un sacrificio colectivo a fin de conseguir un bien común y que requiere anteponer tal objetivo a intereses partidistas y locales que dificultan tan movilización. Y si el conflicto es a nivel mundial, es necesario que haya una cooperación con una acción conjunta consensuada. Pues bien, esto no ha. ocurrido. La falta de solidaridad entre países y dentro de cada país ha sido una característica de la respuesta a la pandemia en gran parte de los países del mal llamado mundo occidental. El anteponer los intereses empresariales de ciertas industrias, como las productoras de las vacunas por encima de todo lo demás, ha sido una práctica común. Imagínese en una guerra en la que la industria del armamento fuera la que definiera la estrategia a seguir en el conflicto.
Hoy, un problema gravísimo a nivel mundial es la probable explosión de mortalidad que ocurrirá en China debido a al Ómicron, que podría reducirse con la masiva producción de vacunas de alta eficacia tales como las de Pfizer y Moderna en aquel país, lo cual evitaría la producción de nuevas variantes insensibles a las inmunidades existentes que puedan crear otro problema mundial. No hay duda de que, como dije antes, si la comunidad científica internacional trabajara conjuntamente y con plena solidaridad compartiendo el máximo de información, en lugar de competir en términos comerciales como ahora, estaríamos ahora mucho más protegidos con vacunas más duraderas en su creación de inmunidad y más fácil distribución. Como ocurre siempre el problema no es falta de recursos sino el control de estos recursos y el fin que se dé su uso. Lo que existe hoy es un desorden internacional que está causando un enorme dolor y un costo humano y todo ello para el beneficio de grupos económicos que influencian los poderes políticos y las agencias internacionales, directa o indirectamente a través de filantropías basadas en los países ricos, como ocurre con la Fundación Gates, que continúan promocionando la mercantilización de los productos incluyendo las vacunas, habiéndose opuesto a la eliminación a las patentes y favoreciendo en su lugar la asistencia a las industrias privadas (las productoras de vacunas), que es precisamente la raíz del problema. El economista más conocedor de la industria farmacéutica, Dean Baker (Director del Center for Economic and Policy Research en Washington D.C.), ha indicado que la mayoría de la investigación básica de la industria farmacéutica está financiada con fondo públicos, siendo solo la investigación aplicada, la realizada por tal industria. De ahí que reconociendo que esta última fue también financiada por recursos público, Dean Baker propone que el sector público no solo financie, sino que produzca tales productos farmacéuticos, ahorrándose una gran cantidad de dinero, produciéndose además productos más afines a las necesidades de la población en lugar de solo beneficiar a las empresas privadas.
LA PANDEMIA FORZÓ UN CAMBIO DE ORIENTACIÓN ECONÓMICA QUE AHORA SE QUIERE REVERTIR. Y DE AHÍ PARTE LA IDEA DE QUE LA PANDEMIA ES UNA GRIPE
La parte positiva de la llamada guerra contra el virus fue la presión popular para que se cambiaran las políticas económicas neoliberales, caracterizadas por su promoción de la austeridad de gasto público, y muy especialmente, del social, y que había causado la enorme crisis social que se acentuó todavía más con la pandemia. Tal presión explica el intervencionismo de los Estados con expansión de los sectores y responsabilidades públicas, sobre todo en las esferas sociales. Este intervencionismo fue mucho menor en las áreas económicas, donde la pasividad adoptada por la mayoría de los Estados frente a las enormes necesidades creadas por la pandemia ha sido una constante. Existe una enorme necesidad, por ejemplo, de introducir sistemas de control de las ventilaciones y filtraciones que eliminan las bacterias y los virus, sector muy olvidado a pesar de su gran necesidad. Tales sistemas debían de haber sido instalados masivamente en los lugares de trabajo, consumo, transporte y ocio, puesto que la evidencia científica es contundente de su eficacia en la prevención de los contagios virales y bacterianos. Muy poco se ha hecho en estas áreas.
La mayoría de la población se ha quejado con razón de que los sacrificios que la ciudadanía ha hecho han sido muy desiguales. Y para una minoría, la pandemia le ha ido muy bien. El enorme crecimiento de las desigualdades de capital y renta muestra esta realidad. La población, y muy en particular, las clases populares han estado pidiendo mayor intervencionismo público, que se está desoyendo por parte de las autoridades públicas, próximas a los intereses económicos de lobbies que están exigiendo "la normalización" que permita continuar las cosas como estaban antes de la pandemia. Un ejemplo de ello es que la mayoría de la ciudadanía de casi todos los países está a favor de la obligatoriedad de las vacunas, así como de las inversiones públicas en purificar los aires, como he indicado anteriormente, o utilizar las mascarillas en lugares cerrados incluyendo el transporte aéreo, entre otras muchas medidas ignoradas por gran parte de gobiernos. Pero la distancia entre lo que la mayoría de las poblaciones desean y lo que los gobiernos y agencias internacionales deciden o permiten es cada vez mas grande lo que explica que hoy estamos viendo no solo una de las mayores crisis sociales y económicas conocidas sino también una enorme crisis política a nivel mundial.