Este fin de semana se han cumplido los dos años de moratoria de desahucios para viviendas habituales que establecía el Real Decreto 27/2012. Antes de que el fin de esta moratoria llegase (16 de noviembre de 2014), el Gobierno anunció que se iba a prorrogar hasta el 15 de mayo del 2015. Sin embargo, no se ha hecho ninguna reflexión sobre el efecto que ha tenido esta moratoria, ni si habría que complementarlo con otras medidas para conseguir solucionar el problema de los desahucios en España.

Para analizar la efectividad de esta medida, conviene hacerse una serie de preguntas que nos hagan reflexionar sobre el origen de esta medida, qué información nos dan los datos sobre desahucios y qué otras alternativas habría para garantizar de forma efectiva el derecho a la vivienda.

¿Por qué el Gobierno y la oposición acordaron esta medida?

En noviembre de 2012, la problemática de los desahucios estaba en su punto más álgido: ya habíamos superado los 400.000. Además, por primera vez se habló en los medios de comunicación de muertes por desahucios, el primero fue el caso de una mujer de Barakaldo que se suicidó cuando iba ser desahuciada.

La opinión pública tomó conciencia de que la situación extrema y desde la sociedad se exigía que "alguien" hiciese "algo". Ante esto, Gobierno y oposición se sentaron para buscar una solución, sin contar con sujetos de la sociedad civil organizada que llevaban años trabajando este problema, como la PAH. Mientras tanto, la banca manifestaba su nerviosismo por si alguna medida le perjudicaba. La solución a este cóctel fue el Real Decreto 27/2012 que definía una moratoria sin carácter retroactivo (no ayudaría a la gente que ya había sido desahuciada) y para un colectivo muy limitado, que excluía a gran parte de la gente que sufría este problema.

¿Esta moratoria ha solucionado algo?

Desde noviembre de 2012 en España se han llevado a cabo 162.862 desahucios. Cerca de 10.000 personas (según datos del Ministerio de Economía) se han podido acoger a la moratoria. Esto quiere decir el Real Decreto que definía "medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios" solo ha tenido efecto en cerca del 6% de las personas afectadas.

A esto hay que añadir las dos notas informativas sobre desahucios que ha editado el Banco de España, en las que se demuestra que en 2013 la tendencia en cuanto a desahucios ha sido alcista con respecto al ya fatídico año 2012. Esto demuestra que el Real Decreto 27/2012 no ha conseguido solucionar este problema.

Además, cabe destacar que la moratoria no soluciona definitivamente el problema de las pocas personas se han podido acoger. Lo único que hace es posponerlo. Al vencer su plazo, las personas afectadas tendrán que volver a hacer frente a una deuda que ya en su día no pudieron afrontar, aumentada por los intereses de demora, y en un marco económico no precisamente favorable para tener una segunda oportunidad.

¿Qué otras medidas sí podrían solucionar este problema?

El propio Real Decreto dice que las medidas definidas en él se hacen "sin perjuicio de la necesidad de abordar una reforma más en profundidad del marco jurídico de tratamiento a las personas físicas en situación de sobreendeudamiento y, en particular, de analizar mejoras sobre los mecanismos de ejecución hipotecario". Es decir, hay un espacio magnifico para poder aplicar las medidas que la PAH presentó en su ILP con el apoyo de más de 1.400.000 firmas: Dación en pago con carácter retroactivo, paralización de desahucios de primera residencia y creación de la figura del alquiler social. Estas tres medidas, frente a la definida en el Real Decreto 27/2012, sí aportan una solución real: evita que sean desahucias y pueden quedarse viviendo en sus casas por un alquiler social que no supere el 30% de sus ingresos. Y lo más importante, se deshacen de una deuda que les podría haber arrojado a la marginalidad social. En resumen, las medias de la PAH le da una segunda oportunidad a las personas afectadas por los desahucios.

Los desahucios aumentan trimestre a trimestre y el RD 27/2012 no consigue pararlo. Existen medidas que podrían solucionar el problema de la vivienda, y el propio Real Decreto admite que es necesario llevarlas a cabo. El problema radica en que no hay voluntad política para llevarlas adelante: esta moratoria es lo máximo que el PP y el PSOE están dispuestos a hacer para solucionar el problema de los desahucios en España. Quizás el problema sea este.