Cualquier aproximación a un debate sobre investigación, desarrollo e innovación acaba de forma sencilla, ya que cualquier formación política convendrá que se trata de una prioridad para el país. Sin embargo, las políticas implementadas durante años en investigación han demostrado que, a la hora de la verdad, no es esa la apuesta de nuestros gobiernos. Y es que es la herramienta presupuestaria la que muestra realmente las prioridades de un ejecutivo, y los datos son claros en ese ámbito. El presupuesto para I+D+i fue recortado fuertemente entre 2008 y 2013, perdiendo un 43,7% desde su cota máxima. Desde entonces, aunque ha aumentado en cada uno de los ejercicios presupuestarios, lo ha hecho muy levemente, de forma que en 2018 aún sigue siendo un 33,5% inferior al nivel de hace 10 años, y muy por debajo de la media comunitaria (0,6% del PIB, mientras que la UE recomienda que sea del 1%).

Pero no se trata únicamente de presupuestar sino de llevar a cabo lo planificado y en ese aspecto las cosas no pintan nada bien. En concreto, la ejecución del presupuesto no ha acompañado ese leve aumento, sino que ha continuado en fuerte caída. Para muestra, un botón: en el año 2017 sólo se ejecutó el 29,7% de todo el presupuesto, el nivel más bajo de toda la serie histórica que comienza en el año 2000 (y también el menor entre todas las principales políticas del gobierno). Si comparamos el presupuesto efectivamente ejecutado en 2017 con el ejecutado en 2009 obtenemos un recorte del 76,1%.

Esta tónica de dedicar menos recursos a ciencia, investigación y desarrollo no sólo se limita a la Administración Central del Estado, sino que se replica en los Organismos Públicos de Investigación. El recorte total que han sufrido desde el inicio de los recortes en 2010 hasta 2018 ha sido de casi 324 millones de euros, un 19,7%. Si profundizamos en los datos, se puede apreciar que el único Organismo que ha incrementado su presupuesto ha sido el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) en 2018, un organismo autónomo militar dependiente del Ministerio de Defensa, especializado en investigación y desarrollo tecnológico aeroespacial, naval y de defensa. Si obviáramos esta circunstancia, los recortes experimentados por los organismos públicos de investigación alcanzarían el 25,3%, un cuarto de todo el presupuesto de 2009. El recorte más importante en términos absolutos lo ha sufrido el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), con un recorte de más de 205 millones de euros, mientras que el que más ha perdido en términos relativos ha sido el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), con un descenso del 42%, casi la mitad del presupuesto que tenía en el año 2009.

Todos estos recortes han tenido su correlato en destrucción de empleo y reducción de actividad investigadora que llega a extremos realmente pavorosos. Los gastos de personal de estos organismos acaparan entre el 40% y 65% del presupuesto excepto en el caso del Instituto de Salud Carlos III, en el que el gasto no llega a superar el 20%. El número de efectivos cayó en 1.482 desde 2010 hasta 2018 con una destrucción de empleo concentrada en el personal funcionario, que cayó en 1.717. El personal laboral fijo también disminuyó, aunque sólo en 9 personas. En cambio, el personal laboral eventual aumentó en 264 efectivos. Es decir, que no sólo se ha destruido una importante cantidad de empleos sino que además se ha degradado su calidad al aumentar el peso de la temporalidad frente al de los contratos fijos: un grave aumento de la precariedad en una actividad de cuya estabilidad depende el futuro del país. 

Es absolutamente imprescindible y urgente revertir esta situación de desprecio del gobierno del Partido Popular y su fiel aliado Ciudadanos al impulso de la ciencia y la tecnología. La derecha se conforma con un país dedicado de forma casi única al sector servicios y a actividades de bajo valor añadido, y eso condena a la clase trabajadora a precariedad y bajos salarios. Cualquier alternativa será resultado de una voluntad política que siente las bases de un país que produzca de forma sostenible, un país con centros de investigación donde desarrollar el potencial de nuestras investigadoras e investigadores.

Cualquier propuesta a futuro debe recoger algunas cuestiones irrenunciables:

1. ?Establecer una planificación plurianual que permita la recuperación urgente de los niveles de financiación pública de 2009 en I+D+i.
2. Eliminar los límites a la tasa de reposición de empleo público en el sector de I+D, permitiendo la incorporación de nuevo personal de investigación con fórmulas dignas de contratación.
3. ?Establecer un compromiso plurianual que garantice la normalización y el cumplimiento de todas las actuaciones previstas en los Planes Estatales de Investigación.

Convertir, en definitiva, el impulso a la ciencia en eje y motor de un modelo social y económico más justo y sostenible basado en el conocimiento no es creíble si el discurso no va acompañado de recursos económicos en los Presupuestos Generales del Estado y en una diligente ejecución de los mismos. Y por eso, estamos hoy ante una nueva oportunidad perdida.