30/06/201120/09/2017

VICENÇ NAVARRO

La Transición de la dictadura a la democracia en España distó mucho de ser modélica. Puede que no hubiera alternativa a la manera como se hizo. Pero llamarla modélica me parece un error, pues el resultado de aquella Transición fue una democracia muy incompleta y un bienestar muy insuficiente. Las movilizaciones ciudadanas y, muy en particular, las del movimiento obrero, forzaron el fin de la dictadura. Durante el periodo 1973-1978, España vivió las movilizaciones más extensas que hubo en el continente europeo. El número de huelgas ocurridas en nuestro país fue de cuatro a siete veces superior (según el año) al promedio de la Comunidad Europea.
Pero aquellas movilizaciones, que fueron determinantes para terminar con aquel régimen, no fueron suficientes para que, a nivel político, hubiera una ruptura con el estado anterior, y ello a pesar de los cambios importantes que tuvieron lugar en aquel proceso, entre los cuales el más importante fue el reconocimiento de que la soberanía tenía que derivar de la voluntad popular. Por lo demás hubo una continuidad, fruto del enorme dominio que las fuerzas conservadoras, lideradas por el monarca, tuvieron sobre aquel proceso de Transición y sobre el Estado.
Una consecuencia de ello fue la Ley Electoral, que –como reconoció el expresidente Leopoldo Calvo-Sotelo, y posteriormente Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, colaborador del expresidente Suárez– discriminó deliberadamente a las izquierdas en general y al Partido Comunista (que había liderado la resistencia frente a la dictadura) en particular. El PSOE, más tarde, aceptó esta ley que facilitaba el bipartidismo y se benefició de ello, aun cuando, al debilitar a los partidos a su izquierda debilitó a todas las izquierdas dificultando la aplicación de su programa. Aun cuando los partidos de izquierda han sumado más votos que los partidos de derechas en la mayoría de elecciones durante la democracia (2.677.061 votos en 1982; 1.460.497 en 1986; 2.174.278 en 1989; 2.014.027 en 1993; 1.250.822 en 1996; 2.152.514 en 2004 y 1.486.896 en 2008), las políticas públicas del Estado no han reflejado tales mayorías electorales, pues no se han traducido en mayorías parlamentarias.
Las consecuencias de este hecho son muchas. Una es la política fiscal regresiva del Estado español, uno de los estados de la UE-15 (el grupo de la UE con semejante nivel de desarrollo económico al nuestro) que ingresa menos recursos (una cantidad equivalente al 34% del PIB, un porcentaje mucho más bajo que el promedio de la UE-15, un 44%), con el agravante de que su dependencia en las rentas del trabajo es la más alta de la UE-15. Como consecuencia de ello, España tiene uno de los estados del bienestar menos financiados de la UE-15. Treinta y tres años después de haber terminado la dictadura, España continúa a la cola de la UE-15 en gasto público social por habitante.
Las enormes limitaciones de la democracia en España (tanto a nivel central como autonómico) aparecen también en las escasísimas oportunidades de participación de la ciudadanía en la gobernanza del país. Los padres de la Constitución parecían tener miedo a la población, lo cual aparecía no sólo en el sesgo del sistema electoral, sino también en la exclusión de formas de participación directa de la población, tales como los referendos, tanto a nivel autonómico, como municipal (y también a nivel central, pues no es posible hacer referendos en respuesta a peticiones de la ciudadanía).

La democracia en España se limita a votar cada tantos años, delegando el poder en un estamento político que ha desarrollado un corporativismo profesional que se resiste a la democracia directa. Cuando a Artur Mas, presidente de la Generalitat de Catalunya, los indignados le preguntaron cómo podían manifestar su protesta a las políticas de recortes de gasto público social que su Gobierno estaba realizando en contra de lo que había prometido y (en contra, también, de los deseos de la mayoría de la población en Catalunya), su respuesta fue que lo expresaran en las urnas dentro de cuatro años. Sería más democrático que, tras la recogida de firmas, pudiera convocarse un referéndum en que la ciudadanía pudiera o bien refrendar o parar tales recortes, propuesta que están haciendo los indignados.
Pero en donde las limitaciones de la democracia aparecen con mayor claridad es en los medios de información de mayor difusión (tanto públicos como privados). Su carencia de diversidad ideológica, con clara discriminación a las voces críticas de izquierdas, dificulta la expresión democrática. Un claro ejemplo de ello ha sido el debate mediático sobre la respuesta a la crisis, que se ha centrado en cómo realizar los recortes de gasto público social aceptando que no hay alternativa posible a tales recortes, y ello a pesar de la evidencia existente que cuestiona la eficacia y la inevitabilidad de tales medidas. Propuestas alternativas que incluían desde la reversión de la bajada de impuestos (mayor causa del déficit estructural del Estado), hasta el establecimiento de bancas públicas que garanticen el crédito, apenas se les permitió concurrir en tales debates, y ello a pesar de que la mayoría de la ciudadanía apoyaría tales medidas (propuestas también por los indignados).
De todo lo dicho se deriva la necesidad de hacer una segunda Transición que corrija los defectos y limitaciones de la primera Transición. Es significativo que la marcha de los indignados de Barcelona del 19-J, una de las más grandes en la historia de esta ciudad, terminara con una de las canciones de la resistencia contra la dictadura, L’estaca, estableciendo una continuidad entre los que luchamos entonces para establecer una democracia y los que luchan ahora para mejorarla sustancialmente, porque la que tenemos está lejos de lo que la población desea y se merece.

Vicenç Navarro es catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra

Ilustración de Patrick Thomas