Vicenç Navarro
Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

La respuesta a esta pregunta es fácil. La pobreza ha aumentado como consecuencia de las políticas públicas que se han estado aplicando en los últimos años. Y, entre ellas, tres adquieren especial importancia. Una de ellas es  la reforma laboral que ha tenido como objetivo reducir los salarios, como consecuencia del aumento del desempleo. Soy consciente de que habrá muchas voces que cuestionen esta tesis, diciendo que, en contra de lo que digo, la reforma laboral tenía como objetivo establecer las condiciones para crear empleo, añadiendo además, que no era su intención bajar los salarios. Pero la evidencia de lo contrario es abrumadora. Consecuencia de las reformas laborales que se han ido haciendo (facilitando el despido de los trabajadores ha aumentado, no disminuido, el desempleo, destruyéndose miles y miles de puestos de trabajo). Es difícil de creer que los diseñadores de tales políticas y los legisladores que las aprobaron no supieran que tales reformas del mercado laboral destruirían empleo aumentando el desempleo y bajando los salarios. La experiencia internacional corrobora y confirma la experiencia nacional.

Facilitar el despido determina aumentar el número de despidos y el desempleo, sobre todo en un momento como el actual, en que no se está creando empleo. La famosa "flexiseguridad" que se estuvo promocionando por el gobierno español anterior, según la cual hay que facilitar el despido dentro de un sistema de seguridad y reciclaje del trabajador, asume que hay puestos de trabajo a los cuales el recientemente trabajador despedido  puede incorporarse. Este no es el caso. En realidad, los países que han tenido más éxito en evitar el crecimiento del desempleo son aquéllos donde se ha repartido el trabajo. Un caso claro es Alemania donde, en lugar de despedir, lo que se promueve es la distribución del trabajo. Ello es consecuencia del sistema de cogestión existente en Alemania, donde los sindicatos a nivel de empresa han dificultado el despido, facilitando en su lugar el reparto del trabajo (de manera que cada trabajador trabaja menos horas, manteniendo así el número de puestos de trabajo).

En España, por el contrario, el facilitar el despido y debilitar al sindicato mediante la debilitación de los convenios colectivos, ha disparado el desempleo y ha reducido los salarios espectacularmente, facilitado por la existencia de los salarios mínimos más bajos de la Unión Europea de los Quince, UE-15 (el grupo de países más cercanos a España por su nivel de riqueza). La pobreza entre la población trabajadora ha crecido exponencialmente.

Pero otra causa del aumento de la pobreza son las políticas fiscales regresivas, que han acentuado todavía más la escasa capacidad redistributiva del Estado, tanto central como autonómica. Las políticas fiscales se han caracterizado en los últimos quince años por una reducción y/o eliminación de impuestos, que ha significado una merma de los ingresos al Estado, tales como eliminación de impuestos de patrimonio (2.500 millones de euros), rebajas de los impuestos de sucesiones (2.552 millones), rebaja de impuestos de las rentas superiores (como las rentas que ingresan más de 120.000 euros al año, generando una pérdida de ingreso de 2.500 millones), bajada de impuestos de sociedades de grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año (y que representan sólo un 0,12% de todas las empresas), y que ha significado un descenso de los impuestos de 5.300 millones de euros. Y así un largo etcétera de rebajas de impuestos que benefician primordialmente a las rentas superiores (que derivan sus ingresos, en gran parte, de las rentas del capital).

A fin de cubrir tales agujeros en las cuentas del Estado (contribuyendo al agujero mayor, resultado del enorme fraude fiscal que, según el Sindicato de  técnicos del Ministerio de Hacienda del Estado español, alcanza la cifra de 90.000 millones de euros (fraude que se concentra en las grandes fortunas, en las grandes empresas y en la banca) el Estado (el central y los gobiernos autonómicos, como la Generalitat de Catalunya) ha reducido los gastos públicos, incluyendo los sociales (y, muy en particular, las transferencias públicas –como ayudas a los ancianos, a las familias, a las personas con discapacidades, entre otros- y los servicios públicos como sanidad, educación, servicios de ayuda a las personas con dependencia, escuelas de infancia, vivienda social, servicios sociales, servicios de integración de los inmigrantes y prevención de la exclusión social), recortes que  perjudican sobre todo a las clases populares, las mayores usuarias del Estado del Bienestar.

Los recortes fiscales que han beneficiado a las rentas superiores y los consecuentes recortes de gasto público social (con el consiguiente empobrecimiento del Estado del Bienestar) que han perjudicado a las clases populares, han acentuado todavía más la baja capacidad redistributiva del Estado (tanto central como el de la Generalitat de Catalunya), que es de los menos redistributivos existentes hoy en la UE-15. Si no hubiera  Estado del Bienestar (es decir, las transferencias y los servicios públicos), el 24% de la población adulta en Catalunya sería pobre. Con la aplicación de las políticas redistributivas, la pobreza baja a un 20% (entre niños se mantiene al 25%), un descenso de sólo 4 puntos. En el promedio de la UE-15 pasa de un 25% a un 16% (un descenso de 9 puntos), y en Suecia pasa de un 27% a un 13% (un descenso de 14 puntos). Ésta es una de las mayores causas de que Catalunya y España  tengan el mayor nivel de pobreza en la UE-15.

Éstas son algunas de las causas del crecimiento de la pobreza en nuestro país. Este aumento es, pues, resultado de intervenciones públicas aprobadas y promovidas por partidos gobernantes que, paradójicamente, parecen ahora alarmarse del tamaño del problema social que están creando. No deja de ser una paradoja que la televisión pública catalana TV3 (claramente influenciada por el gobierno conservador catalán, mayor proponente, junto con el gobierno conservador español, de las reformas del mercado laboral y de las políticas fiscales y de recortes de gasto público social) dedique toda una maratón para recoger cuatro millones de euros para los servicios de ayuda a la sociedad civil con el fin de ayudar a los pobres, cuando podrían haberse conseguido 2.500 millones eliminando la rebaja de impuestos a los ricos (que ingresan más de 120.000 euros al año) o de los impuestos de sucesiones.

Temerosos de que tal paradoja apareciera durante la maratón, tanto el director general de TV3, el Sr. Eugeni Sallent, como el Sr. Antoni Bassas, el presentador del programa, subrayaron que el objetivo de la maratón no era discutir o analizar las causas del crecimiento de la pobreza (que hubiera mostrado claramente su complicidad en la creación de tanta pobreza), sino sólo su necesidad de apoyo inmediato por la sociedad civil. Como decía Monseñor Óscar Romero, Arzobispo de San Salvador, "siempre me llaman santo cuando quiero atender a los pobres, pero me llaman "radical extremista" cuando quiero eliminar la pobreza, eliminando sus causas". Sería necesario que la Iglesia catalana y española y las asociaciones próximas a ellas desearan no sólo paliar, sino también eliminar la pobreza. Podrían hacerlo denunciando aquellas políticas de recortes en lugar de guardar silencio, como lo han estado haciendo durante tanto tiempo.