Antonio Antón
Profesor honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid

La reforma del sistema de pensiones propuesta por el gobierno del PP supone un recorte medio del total a percibir por las nuevas pensiones públicas contributivas del 15,6%, en los próximos veinte años y respecto de los derechos actuales. Para el año 2033, el impacto de la reducción producida por el llamado factor de sostenibilidad –FS- será del 9,3% y la del factor de revalorización anual –FRA- del 22%.

Por tanto, calculando la media de 20,17 años de esperanza de vida en que permanecerán en el sistema los jubilados con 65 años en el 2014, la pensión de su último año se habrá recortado hasta el 31,3%, desde el probable 1,25% del primer año. Como la disminución es progresiva, el conjunto de las prestaciones percibidas, durante la permanencia del pensionista en el sistema, se verán disminuidas en el señalado 15,6%.

Las personas jubiladas en este año 2013, a las que no se aplicaría el FS, tendrían una rebaja media del total de sus percepciones del 11% (el 22% al final del periodo), y una media del 5,2% las que se jubilaron hace diez años (2003) y sean baja en el sistema en 2023, año en que cobrarían el 10,5% menos.

En todo caso, según sea la inflación y la voluntad gubernamental, con la aplicación de este proyecto se puede deducir una disminución del total global de las pensiones contributivas que se inician a partir de 2014, en una horquilla entre el 12% y el 27%, según se explica más adelante. Ese mínimo es inferior para los pensionistas actuales, anteriores a la norma, y el máximo es superior para los que se jubilen en las décadas de los años veinte y treinta, que no entramos a detallar.

Por tanto, respecto de sus derechos anteriores, el poder adquisitivo de las personas jubiladas va a disminuir en ese porcentaje medio. Nos centramos, primero, en clarificar los datos, con distintas variables y una interpretación sociológica rigurosa, y segundo, en comentar el impacto sociopolítico, especialmente la pugna por la deslegitimación social de esta fuerte medida regresiva y el condicionamiento del rechazo ciudadano.

Fuerte reducción global de la protección a la vejez

La reducción global de las pensiones públicas previstas, como se decía, se derivan del impacto de los dos factores aprobados por el Gobierno en su proyecto de reforma: Factor de revalorización anual -FRA-, y Factor de sostenibilidad –FS- (llamado Factor de equidad generacional o FEI por el Comité de Expertos).

Respecto del primero aquí se utiliza la previsión de un recorte anual del 1,25% de poder adquisitivo, aunque luego se explican los resultados de una horquilla entre el mínimo declarado oficialmente del 0,75% (subida del 0,25% con una inflación del 1%, o un incremento del 1% con una inflación del 1,75%) y el máximo del 2,25% (aumento del 0,25% con una inflación del 2,5%, o hasta el 3% si el incremento fuera del 0,75%). El Gobierno solo garantiza un mínimo de 0,25% de revalorización anual con su previsión de inflación para el año 2014 del 1%, completamente infravalorada. En los Presupuestos Generales para el próximo año, el Gobierno propone una reducción del 0,75%, porcentaje que contempla hasta el año 2019. Esa previsión no tiene credibilidad y es un engaño para evitar el descontento ciudadano ante el fuerte impacto del recorte.

La cuestión es que, en el caso probable de aumento de la inflación por encima de ese dato, el proyecto gubernamental no garantiza la compensación de las pensiones por la diferencia con el IPC real, como ocurría con la norma anterior que garantizaba su revalorización. Hay que recordar que en el año 2011 el Gobierno socialista congeló las pensiones con una pérdida de capacidad adquisitiva de 2,9 puntos porcentuales, que en el año 2012 el Ejecutivo de la derecha subió un 1% solo a las pensiones de menos de mil euros, con una merma media del 2,4 puntos (1,9 las de menos de mil euros y 2,9 las de más) y está por ver las décimas perdidas en el año 2013 (por la subida del 1%, sin revalorizar a fin de año con una probable inflación del 1,3%). O sea, estos tres años acarrearían ya una pérdida media en torno a 5,6 puntos.

El propio Plan de Estabilidad del Gobierno remitido a Bruselas adopta una previsión de inflación del 1,5% para el año 2014 (y del 1,7% para el año 2015, por lo que de mantener ese 0,25% la merma sería del 1,45%, no del 0,75% previsto); aunque no hay que descartar que para el año 2016, cuando se decida el porcentaje en vísperas de las elecciones generales previstas para noviembre de 2015, el Ejecutivo proponga un incremento superior o se atenga a ese recorte ‘oficial’ del 0,75%.

Aquí, dejando de momento al margen la capacidad sociopolítica ciudadana para echar abajo estos planes de la derecha, se toma este indicador oficial del 1,5% de inflación para señalar que la voluntad política inicial del Gobierno, realmente, está más cerca de tratar de imponer una rebaja del 1,25%, que hemos tomado como referencia.

Pues bien, con las proyecciones hasta el año 2022, el total detraído a los pensionistas en el periodo de estos nueve años es de 54.060 millones de euros (en vez de los 33.000 que dice el Gobierno): 6.095 millones por la ‘sostenibilidad’ (FS) y 47.965 por la ‘menor revalorización anual’ (FRA). En ese año 2022 la rebaja anual alcanzaría el 1,2% del PIB (a euros constantes).

Si contemplamos el impacto hasta el año 2033, el periodo completo de permanencia media en el sistema de los jubilados en 2014, el importe total que se reduce del gasto en pensiones en los próximos veinte años es de 263.000 millones de euros (73.000 por el FS y 190.000 por el FRA), llegando ese año hasta más de 33.000 millones, el 3,3% del PIB.

Con el actual proyecto del Gobierno, el impacto más probable es este recorte global. No obstante, hay que contemplar otras variables económicas y políticas. Entre las primeras está la evolución económica, con un relativo estancamiento o leve crecimiento económico en los próximos años (al menos cinco según instituciones internacionales), deflación de salarios y consumo e inflación más limitada. En todo caso, se puede valorar una inflación de una horquilla  entre el 1% y el 2,50%, considerando que la inflación prevista en la eurozona es del 2% y que en España, en los últimos diez años ha sido del 2,5% (y el 2,9% en los últimos catorce años). En ese sentido, de mantenerse el incremento del 0,25% supondría, en el primer caso, una rebaja del 0,75% anual, que es la previsión del Gobierno para los próximos años, y en el segundo caso, el 2,25%.

Siguiendo con la elaboración propia, con el primer pronóstico de una pérdida de poder adquisitivo anual medio del 0,75%, el total de reducción del gasto en pensiones, hasta el año 2033, sería de 246.000 millones (79 mil del FS y 167 mil del FRA). Con el segundo pronóstico de una rebaja anual media del 2,25%, el impacto distributivo sería de nada menos que de 737.000 millones (237 mil del FEI y 500 mil del FRA). En ese año 2033 y tras los veinte años de cobro de la pensión, los jubilados en 2014, cobrarían una paga mensual recortada, respecto de sus derechos anteriores, entre un 24,3%, en la primera hipótesis, y un 54,3%, en la segunda.

Si, además, consideramos que la pensión media de jubilación en el Régimen General es el 66% del salario medio (el conjunto de pensiones de jubilación se quedan en el 56%), ese nuevo recorte de los derechos de protección a la vejez, va a producir un empobrecimiento generalizado y progresivo entre las personas ancianas. Pero también afecta a las condiciones futuras de inseguridad y menor protección de las actuales generaciones activas.

Por otro lado, existe una significativa desigualdad por sexo y por cuantía de la pensión. Con los últimos datos disponibles de la Seguridad Social, las pensiones de jubilación son las siguientes: muy bajas (menos de 800 euros) para el 55,9% (42,5% de hombres y 79,5% de mujeres); bajas (entre 800 y 1.200 euros) para el 16,5% (20,7% de hombres y 9,1% de mujeres); medio bajas (entre 1.200 y 1.600 euros) para el 11,3% (14,7% de hombres y 5,3% de mujeres, y medias (más de 1.600 euros) para el 16,3% (22,1% de hombres y 6,0% de mujeres). Es decir, el 72,4% de las personas jubiladas (59% de varones y 90,2% de mujeres) tienen una prestación baja o muy baja, inferior a 1.200 euros, con un fuerte sesgo de género. En la pensión de viudedad, en que un 92,9% son mujeres, la distribución es la siguiente: muy bajas, 81,7%; bajas, 13,2%; medio-bajas, el 5,1%, y medias el 0,1%. Vemos la penuria en que se encuentran esa gran mayoría de más del 80% de viudas (aunque una parte puede acumular otra pensión o ingresos).

Por último, hay que mencionar que los efectos de empobrecimiento de este proyecto del Ejecutivo de Rajoy se acumulan a los de la anterior y vigente reforma aprobada por el Gobierno de Zapatero-Rubalcaba, con la que según ellos mismos, cuando se aplicase completamente, se recortaba el gasto social previsto en 35.000 millones (un 3,5% del PIB) anuales. La estimación es de una rebaja de la pensión media de un 20%, respecto de los derechos anteriores. Por ello, los firmantes de aquella reforma, también deberían cuestionarse, al menos, la medida más impopular adoptada, la ampliación de la jubilación a los 67 años, a la que, según encuestas de opinión, se opone el 76% de la población. Su firma y aval les produjo una evidente deslegitimación social y supone un relevante deterioro de su credibilidad social para promover las garantías y la suficiencia de las pensiones públicas. No obstante, es positiva su reorientación actual y la necesaria oposición de todos, de forma unitaria, a estos planes regresivos de la derecha.

Deslegitimación de los recortes sociales

El plan del Ejecutivo de la derecha, amparado por la política liberal conservadora dominante en la UE, está enmarcado en su política de austeridad y recortes de los derechos sociolaborales y servicios públicos; se basa en el supuesto falso de la insostenibilidad del sistema público de pensiones, y apuesta por la reestructuración regresiva del Estado de bienestar (según el propio Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, el Estado de bienestar europeo o modelo social es ‘insostenible’). Aparte del empobrecimiento masivo y la inseguridad y desprotección pública ya aludidos, el resultado es la mayor subordinación y dependencia para las capas populares, especialmente las más desfavorecidas, la prolongación de la crisis por el retraimiento del consumo y el refuerzo de los privilegios para el sistema financiero con el desarrollo de fondos privados de pensiones –para las clases medias acomodadas que pueden realizar un sobreesfuerzo financiero-. Se trata de una gran ofensiva del poder político y económico en la fuerte pugna distributiva, con deterioro en el nivel de cohesión social y solidaridad de nuestra sociedad y la calidad democrática de sus instituciones. Las dificultades reales de suficiencia financiera se deben resolver con un pacto distributivo, basado en el incremento a corto, medio y largo plazo de los ingresos del sistema, incluyendo la creación de empleo, los aumentos de los salarios medios y bajos (bases de cotizaciones) y la corresponsabilidad del Estado.

Todo ello, incluida la crítica al discurso legitimador basado en el determinismo económico y demográfico, se aborda en profundidad en otros documentos como el de diecisiete economistas y juristas, titulado "En defensa del sistema público de pensiones". Por mi parte, lo explico en el reciente libro "Ciudadanía activa. Opciones sociopolíticas frente a la crisis sistémica", ed. Sequitur.

En definitiva, esta profunda y regresiva reforma del sistema público de pensiones es un paso clave en la política dominante de austeridad, la prolongación del desempleo y la continuidad de los recortes sociales y laborales. Supone una disminución drástica de su capacidad adquisitiva, respecto de los derechos anteriores. Conlleva el empobrecimiento masivo para uno de los sectores más vulnerables, los ancianos. Se reduce el compromiso institucional de protección pública suficiente ante el riesgo de la vejez y se individualiza y privatiza parcialmente la cobertura de la protección social.

Lejos de la pretensión gubernamental de su justificación y su intento de legitimación como sacrificio necesario para salir de la crisis, este plan evidencia un deterioro de la protección pública de pensionistas y población trabajadora. Junto con otras realidades sociales (persistencia del paro masivo, deflación salarial, deterioro de la educación y la sanidad pública, menor cobertura al desempleo, desahucios...), la importancia de este mayor  empobrecimiento y vulnerabilidad de los actuales y futuros pensionistas incrementa la gravedad de la desigualdad social. La mayoría de la ciudadanía tiene claro su rechazo y el Gobierno de Rajoy se enfrenta a un proceso de deslegitimación social, con el impacto de su desafección electoral que ya se ha iniciado. A pesar de su ofensiva discursiva y mediática y de su intento de ofrecer un panorama irreal de comienzo de salida positiva de la crisis o de embellecimiento de su gestión, no puede esconder esa realidad social de empobrecimiento, incertidumbre y retrocesos sociales y laborales. Tampoco puede evitar el desacuerdo de la mayoría ciudadana con su política de ajustes y recortes sociales.

Por poner un ejemplo. Según el Estudio 2930 del CIS, publicado en enero de 2012, a la pregunta ¿Cuánto le gustaría que se gastara, aunque hubiera que subir impuestos?, para ‘pensiones’ contestan "Mucho o Mucho más", el 63,8% (Lo mismo, el 30%, y Menos y Mucho menos, el 2,9%). Pero si aludimos a ‘sanidad’ las respuestas son, respectivamente, 71,8%, 22,2% y 3%; y sobre ‘educación’, todavía el apoyo es mayor: 73,9%, 20,1% y 2,1%. Están claras las preferencias mayoritarias de la población y su cultura de la justicia social o la defensa de los derechos sociales y servicios públicos.

Las izquierdas sociales y políticas y el conjunto de fuerzas y grupos progresistas tenemos un gran desafío por delante: paralizar esta reforma con una fuerte contestación social. Evidentemente, frente al descrédito ciudadano, el Gobierno del PP va a maniobrar con mayor ofensiva propagandista combinada con algunas concesiones parciales. Su voluntad política, con su mayoría absoluta en el Parlamento y el apoyo del poder financiero, y la presión económica e institucional de la UE, el BCE y el FMI, hacen difícil que dé marcha atrás. Por eso es más imprescindible profundizar el rechazo ciudadano, ampliar la máxima participación en las movilizaciones convocadas contra este proyecto de ley y los recortes sociales, entre ellas la promovida por sindicatos y la Cumbre social. Se trata de deslegitimar la actuación gubernamental de la derecha, activar a la ciudadanía con un compromiso social de derogar esta norma, desandar el camino de los recortes sociales y promover el empleo decente y una mejor democracia. La presión en la calle y la participación en las urnas, en las siguientes convocatorias electorales, podrá permitir desalojar a la derecha del amplio poder institucional que mantiene y abrir otro horizonte de refuerzo del Estado de bienestar y una democracia más social y participativa.