Santiago Martín Barajas 

En los últimos años han aparecido en España un buen número de proyectos de apertura de nuevas explotaciones mineras. Ello responde a dos razones fundamentales: por un lado, está la gran subida de precio que han experimentado la mayoría de los metales en los últimos años, algunos de ellos multiplicando hasta por 4 o más su valor en los últimos 15 años. Por otra parte, está la mejora tecnológica que se ha producido, que permite la extracción del mineral a bajo coste, aunque la concentración del mismo sea baja. Sirva de ejemplo el hecho de que actualmente resulte rentable la explotación de una mina de oro en la que tan sólo haya una concentración de un gramo o gramo y medio por tonelada de material.

De esta manera, nos encontramos con que pudiera ser económicamente factible la puesta en explotación de una buen parte de las minas en las que se extrajo mineral durante los dos últimos siglos, y que ahora se encuentran abandonadas, incluso explotando las propias escombreras de esas antiguas minas. Además, existen amplias extensiones en las que por su baja concentración no se extrajo mineral, y que ahora podrían resultar rentables.

Lo barato que actualmente resulta el movimiento de tierras, conlleva que la gran mayoría de las nuevas minas fuesen a cielo abierto, por lo que el impacto ambiental y social de las nuevas explotaciones sería aún mucho mayor que el de las anteriores explotaciones. Otro elemento a tener en cuenta, serían las técnicas de extracción del mineral, que en materiales con baja concentración del mismo, suelen conllevar la utilización de compuestos químicos que pueden contaminar gravemente el medio hídrico, incluso de forma irreversible.

Además, está la vigente Ley de Minas, que es preconstitucional (entró en vigor el 13 de agosto de 1973) y que por sus contenidos es claramente inconstitucional, pues da todo tipo de facilidades a las empresas mineras, al margen de consideraciones medioambientales, sociales, e incluso por encima del derecho de propiedad.

Por último, hay que tener en cuenta la forma de actuar que con frecuencia tienen las empresas mineras, que no se caracterizan precisamente por su respeto hacia el medio ambiente y a los derechos de las poblaciones locales afectadas, especialmente cuando actúan en países en desarrollo o de la Periferia. Con carácter general las mineras, en la mayoría de los casos empresas de otros países, se asientan en un territorio, extraen el mineral, y cuando deja de serles rentable, abandonan la explotación, dejando en muchos casos tras de sí un entorno ambiental contaminado y destruido, que pone incluso en riesgo la viabilidad económica futura de las poblaciones locales.

Con todos estos condicionantes o "ingredientes", podemos afirmar que nos encontramos ante una amenaza ambiental de enorme magnitud, que podría suponer la destrucción en los próximos años de decenas de miles de hectáreas de gran valor natural a lo largo de una buena parte de nuestra geografía.

Algunos de estos proyectos mineros se encuentran en un proceso de tramitación avanzada, o incluso ya han empezado a operar: minas de cobre en el bajo Guadalquivir, de oro en Galicia y Asturias, de uranio en Salamanca, de litio y estaño en Cáceres, wolframio, titanio y tierras raras en Ciudad Real, etc. Además, la mayoría de ellos están encontrando una fuerte oposición de grupos locales y regionales de Ecologistas en Acción, y de las propias poblaciones locales, que ven como esas empresas, con su actividad extractiva, ponen en riesgo la viabilidad futura de sus municipios.

Por todo ello, todas las formaciones políticas y el conjunto de la sociedad en general, debería tomar conciencia de la grave amenaza ambiental que se nos plantea, e intentar poner freno a este goteo continuo de proyectos mineros, que lleva camino de convertirse en lluvia. Para ello, consideramos esencial y como primer paso, la modificación en profundidad de la actual Ley de Minas, aprobada durante el franquismo, y que inexplicablemente todavía no se ha modificado. Consideramos que la actividad minera debería supeditarse siempre a la protección del medio ambiente y de las poblaciones de las zonas afectadas, y no como ocurre con la actual legislación, que está hecha para favorecer a las empresas mineras, por encima de todo.