Podemos y el proceso constituyente

Gerardo Pisarello

Gerardo Pisarello
Profesor de derecho constitucional y portavoz de Guanyem Barcelona

Era su primer discurso al frente de la dirección de Podemos y podría haber escogido una fórmula ambigua. Sin embargo, Pablo Iglesias declaró de manera abierta que uno de sus objetivos era romper el candado del Régimen heredado de la Transición e impulsar un proceso constituyente. No ya una simple reforma constitucional, sino un debate político amplio, que permita rediscutir a fondo la organización política, económica y territorial, sin las censuras que en su momento impusieron el franquismo y sus aliados. En un país normalizado, este anuncio se habría celebrado como un sensato llamado a la profundización democrática. En el Reino de España, ha desatado la ira de los grandes poderes establecidos y los ha conjurado, todos a una, contra la joven formación.

Algunos de los ataques vertidos en las últimas semanas por ciertos medios contra Podemos rozan la infamia. Por su virulencia, por su ánimo injurioso y por su desproporción. Sobre todo si se cotejan con el trato mucho más complaciente que esos mismos grupos suelen deparar a banqueros, promotores y rentistas de toda laya, así como a los políticos que se han beneficiado de ellos y les han dado cobijo. Como el malhechor que se confunde entre la multitud mientras grita “al ladrón, al ladrón”, eximios portavoces de la “casta” a la que ya se refería Benito Pérez Galdós en 1912, han copado los platós de televisión, las redes y la prensa escrita. Y todo ello con un único propósito: arrastrar a Podemos al lodazal de la política convencional, transmitir la idea de que al cabo “todos son iguales”, y cerrar el paso a toda propuesta de cambio que no pase por un acuerdo entre Cánovas y Sagasta.

La operación era previsible y no ha hecho más que comenzar. Pero es dudoso que consiga sus objetivos. Mucho menos cuando quienes la encabezan tienen poco que ofrecer a los seis de cada diez jóvenes que piensan que la única alternativa a la precarización sin fin es el exilio. Atenazado por los persistentes fracasos económicos y por la corrupción que carcome sus filas, el Partido Popular se complace en presentarse como el último guardián de las esencias constitucionales. Sin embargo, lleva tiempo oficiando como el eficaz sepulturero de sus elementos más garantistas. Su supuesto patriotismo constitucional no le ha impedido rendir los derechos sociales a las exigencias de los grandes acreedores y de los poderes financieros alemanes. Ha atacado sin reparos derechos laborales y reproductivos que parecían definitivamente conquistados. Ha criminalizado libertades elementales, bajo la reprobación del Consejo de Europa y de otros organismos internacionales. Ha convertido al Tribunal Constitucional y a la Fiscalía General del Estado en herramientas al servicio de sus mezquinos intereses partisanos. Ha vaciado sin pudor la autonomía local y se ha valido de la increíble prerrogativa que le otorga el artículo 161.2 para imponer la suspensión de demandas sociales de todo tipo. Desde la consulta canaria sobre las prospecciones petroleras hasta el proceso participativo catalán, pasando por diferentes iniciativas contra el fracking o la pobreza energética.

El PSOE, por su parte, insiste en no parecerse en nada al partido obrerista que brilló en la elaboración de la Constitución republicana de 1931, con portavoces destacados como Luis Jiménez de Asúa. De defensor cerril del consenso de 1978 el partido de Pedro Sánchez ha pasado a farfullar inconcretas, insuficientes y tardías propuestas de reforma constitucional federal, como las contenidas en el Documento de Granada. Estas iniciativas han chocado una y otra vez con el desprecio del PP y no han despertado entusiasmo alguno entre sus propios seguidores. Tampoco han tenido éxito los denodados intentos del Grupo Prisa por presentar el reformismo socialista como una alternativa al inmovilismo de Rajoy y al amenazante “populismo” de Podemos. Al final, el nuevo secretario general se ha visto obligado a reconocer el error de la contrarreforma del artículo 135 impulsada por  Zapatero y a secundar una iniciativa de la Izquierda Plural para proceder a su derogación.

Y es que en un panorama como el actual, el reformismo tecnocrático, de bajo vuelo, que querrían practicar el PSOE y el PP, no solo carece de atractivo, sino que resulta inviable. Pretender recluir el debate sobre el cambio constitucional en una sala de expertos es no entender el alcance de la actual crisis de Régimen. Esto es lo que ha advertido lúcidamente Podemos, cuya apuesta constituyente se plantea como la invitación a un debate ciudadano, político, y no como un simple encargo técnico.

Que esto sea visto como una amenaza por quienes, como en la Primera Restauración Borbónica, querrían sacarse de la manga una nueva operación gatopardista que les permitiera sobrevivir sin sacrificios de fondo, no debería sorprender. Antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, cuestionar la Constitución y lo que se había hecho de ella era una herejía que se pagaba con la marginalidad. Ahora, las propuestas constituyentes comienzan a contar con respaldos cada vez más nutridos. No es solo Podemos. Es, desde hace tiempo, la Izquierda Unida reconfortada de Alberto Garzón, Tania Sánchez o Marina Albiol.  Es la Izquierda Socialista de José Antonio Pérez Tapias. Es la gente de Equo, de ICV, de Compromís, de Bildu, de ERC, del Procés Constituent y de la CUP. Son los irmandiños de Xosé Manuel Beiras y de Martiño Noriega. Voces plurales, en efecto, que piden un proceso de procesos constituyentes. Complementarios pero no subordinados. Procesos constituyentes que busquen sinergias entre quienes aspiran a una república vasca, o catalana, o gallega, y los partidarios de una Tercera República española. Y entre estos y los defensores de la unión de los pueblos del Sur de Europa contra la dictadura de la deuda, de la Troika y del poder financiero.

En realidad, si Pablo Iglesias pudo abrir su inteligente discurso del Teatro Apolo invocando la necesidad de un proceso constituyente, fue porque este proyecto ya venía gestándose en la calle. Porque estaba contenido en las reivindicaciones de la PAH y del 15-M, en las huelgas de 2010, 2011 y 2012, en las movilizaciones del SAT, en las mareas ciudadanas, en las propuestas democratizadoras del Partido X, en las marchas por la dignidad, en el transversal y masivo movimiento a favor del derecho a decidir de Catalunya, en las valientes iniciativas sociales contra el racismo y la xenofobia.

Ciertamente, neutralizar o desplazar a los poderes constituidos, incluidos los económicos, no será sencillo. No lo fue en el ocaso de la dictadura franquista y no lo será en la Europa del capitalismo austeritario. Requerirá esfuerzo y organización, en las calles, en los barrios, en los lugares de trabajo y en las redes. Y requerirá nuevas presencias institucionales que abran paso a las fuerzas de cambio y las protejan contra la criminalización. Quienes calumnian a Podemos, los letratenientes que se abalanzan sobre sus portavoces con una saña que nunca exhibieron con Botín y sus aliados políticos, saben lo que hacen. Y embestirán, cuando haga falta, contra Ada Colau, contra Guanyem, contra los Ganemos y contra todo el movimiento municipalista alternativo que se está gestando y que amenaza con estropearles el sueño, como en abril de 1931. El mejor antídoto contra estos ataques es, seguramente, la sonrisa y la convicción en la propia causa. Pero hace falta más: una actitud vigilante frente al sectarismo, propio y ajeno, que permita hacerles frente con más fuerza; un especial cuidado de la democracia y del pluralismo internos; predisposición a la autocrítica, voluntad de confluencia y sensibilidad frente a las señales de la calle. Todo aquello, en definitiva, imprescindible para ganar y transformar sin “ser como ellos”, que es la única manera en que vale la pena hacerlo.