Nacho Álvarez
Profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Valladolid
Miembro del Consejo Asesor de la Fundación VientoSUR

Durante las pasadas elecciones generales Rajoy repitió incansablemente que no tocaría las pensiones. Y sin embargo lo ha hecho. El Gobierno cruza con ello la que era su última línea roja. Con su decisión de no cubrir la desviación respecto de la inflación en 2012, el ejecutivo hace retroceder un 2% la capacidad adquisitiva de los pensionistas. Estos dejan de ingresar unos 220 euros de media en 2012, al tiempo que dicho recorte se consolida en años sucesivos al no incorporarse la actualización a la base de cálculo de las pensiones en 2013.

Se recortan de este modo los ingresos del sector más vulnerable de la sociedad, ingresos de los que hoy día dependen no sólo los propios pensionistas, sino millones de familias desempleadas. El Gobierno atiende así a las presiones de la patronal y la troika, que abogaban por congelar las pensiones para cumplir con el objetivo de déficit impuesto por Bruselas. Como elocuente señalaba el ministro Gallardón hace unos días: "Gobernar, a veces, es repartir dolor".

No obstante, este recorte de las pensiones públicas no es el único que figura en la agenda del ejecutivo. El Gobierno del Partido Popular prepara para este año un endurecimiento de algunos de los recortes ya contenidos en la reforma que en 2011 acordaron el Gobierno de Zapatero, CCOO,  UGT y la patronal.

Esta reforma, que entró en vigor el pasado 1 de enero, contempla como es sabido elementos muy lesivos para las y los trabajadores: de forma general, eleva la edad de jubilación desde los 65 años hasta los 67, aumenta el periodo de cotización exigido para jubilarse con el 100% de la base reguladora (hasta los 37 años en lugar de los 35 actuales), e incrementa los años para el cómputo de la pensión desde los 15 actuales hasta 25. Así, esta reforma establece un listón inalcanzable para millones de trabajadores (especialmente mujeres y jóvenes) que, con carreras laborales inestables y bajas cotizaciones, verán notablemente mermadas sus futuras pensiones.

El Gobierno de Rajoy ha anunciado su intención de retrasar la edad de las jubilaciones anticipadas, elevando las forzosas hasta los 63 años y las voluntarias hasta los 65. Además, el Gobierno quiere acelerar el ritmo al que se tiene previsto implantar la elevación de la edad de jubilación a los 67 años (transición que debería completarse en 2027).

Esta nueva agresión contra el sistema público de pensiones se prepara con los mismos argumentos que han dirigido las reformas anteriores: se cuestiona, una vez más, la sostenibilidad del sistema. Sin embargo, los datos hablan por sí mismos.

En primer lugar, la jubilación anticipada no cuestiona la sostenibilidad del sistema de pensiones, puesto que quienes se acogen a ella sufren una reducción en su pensión –durante toda la duración de la prestación– del 7% por año de adelanto. Por otro lado, la pretensión de acercar la edad real de jubilación a la edad legal debiera tener en cuenta que la primera se sitúa en España en los 63 años, una de las más altas de la Unión Europea (cuya media está en los 61,5 años).

Según datos de Eurostat, el sistema de pensiones de España es uno de los más baratos de la UE. El gasto público español en pensiones fue en 2010 (último dato disponible) de 1.862 euros por habitante (equivalente al 10,7% del PIB). Esta cifra es muy inferior a los 2.769 euros de gasto medio en la UE (13% del PIB), los 3.421 euros de Alemania (12,8% del PIB), los 3.658 Francia (14,4% del PIB) o los 3.295 de Italia (16% del PIB). Es más, en España el 70% de las pensiones no superan los 1.000 euros mensuales, de modo que la pensión media contributiva es un 25% inferior a la media de la UE, y la no contributiva casi un 50%.

El hecho de que el porcentaje del PIB dedicado al gasto en pensiones haya aumentado en España entre 2007 y 2012 (incrementándose en un 2% aproximadamente) no se debe a la "insostenibilidad" del sistema, sino a la propia crisis económica y a la gestión que se ha hecho frente a ella. Así, son las medidas de recorte fiscal que imponen el Gobierno y Bruselas las que siguen expulsando cotizantes del mercado de trabajo, las que hunden la demanda agregada y las que con ello deterioran las cuentas de la Seguridad Social. De hecho, hasta la llegada de la crisis el sistema público de pensiones no presentaba problema alguno, e incluso acumuló importantes superávits que se trasladaron al Fondo de Reserva de la Seguridad Social (que a fecha de hoy acumula aún 66.000 millones de euros, equivalente al 6,5% del PIB).

Además, no se puede hablar seriamente de la sostenibilidad del sistema de pensiones sin poner todas las cartas sobre la mesa: dicha sostenibilidad remite directamente al debate de qué modelo de distribución de la renta queremos tener.

A comienzos de la década de 1970 había en el Estado español dos millones de pensionistas y el gasto en pensiones apenas representaba el 3% del PIB. Hoy día el número de pensionistas alcanza los 8,1 millones y el gasto representa el 10,7% del PIB. Esta evolución ha sido perfectamente compatible –hasta la llegada de la crisis y las políticas de recortes– con los superávits anteriormente mencionados. ¿Cómo ha sido posible? Pues porque el incremento de la productividad permite que aumente también la ratio entre pensionistas y trabajadores ocupados sin poner en riesgo el sistema (esta ratio pasó del 15% en 1970 al 45% actual). No existe –en contra de las proyecciones generalmente interesadas– ninguna razón económica ni demográfica para que esta tendencia no pueda continuar en el tiempo. Ahora bien, para que esto sea posible es necesario socializar las ganancias derivadas del incremento de la productividad.

Es más, si hiciese falta reforzar la sostenibilidad del sistema siempre se podría acudir a otras medidas que no pasen por el recorte del gasto, sino por el aumento de los ingresos. Por ejemplo, la retirada de las políticas de recortes y el desarrollo de los servicios públicos ayudaría a sostener el empleo y con ello el número de cotizantes. Los permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles, y la universalización de la educación infantil desde los cero años, facilitarían que más mujeres pudieran incorporarse al mercado de trabajo y que la tasa de ocupación femenina alcanzase los estándares de la UE.

Por último, el sistema público de pensiones no necesariamente debe sostenerse a través de las cotizaciones sociales, sino que también puede ser financiado mediante impuestos generales. Es necesario resaltar en este sentido que la presión fiscal en nuestro país es una de las más bajas de Europa: el 32,6% según datos de Eurostat, muy alejada del 40% de la media de la UE, del 43,1% de Francia e Italia, del 46,8% de Suecia o del 48,9% de Dinamarca.

En resumen, la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones no es una cuestión técnica, sino política (¿Qué recursos queremos destinar a sostener a quienes ya han trabajado toda una vida?). ¿O es que acaso el Gobierno pretende hacernos creer que hay dinero suficiente para rescatar al sistema bancario, pero no para garantizar nuestra futura vejez? Las pensiones públicas no sólo garantizan la estabilidad del ciclo macroeconómico, impidiendo que las recesiones se agraven. Constituyen un derecho social conquistado después de toda una vida de trabajo, así como un bien público que garantiza la solidaridad, la cohesión y la justicia. Son, en definitiva, un enorme activo a defender.

Dicha defensa debería estar encabezada por las organizaciones sindicales. Por ello, nuestros dirigentes sindicales, que en su momento no quisieron ver el enorme error estratégico que significaba firmar la reforma que ahora entra en vigor, harían bien en no tratar de "poner en valor" acríticamente dicho pacto. Por el contrario, su papel debiera ser el de preparar y organizar la respuesta frente a cualquier nueva agresión que pueda sufrir el sistema público de pensiones.