Jaime Montero Román
Abogado

Ya era hora. Tras más de un año de parálisis gubernamental, sin iniciativa legislativa, sin ese liderazgo audaz que todos reconocen en nuestro presidente, sin rumbo ni dirección, por fin llegó la cosecha.

Y, ahora sí, aprovechando que tenemos gobierno, es el momento de tumbar la reforma laboral. Pero ya que estamos, también la del PSOE, e incluso, por qué no, hasta ilegalizar las ETTs; vamos a aumentar la plantilla de Inspectores de Trabajo, para que no haya más fraudes de contratación temporal para puestos fijos y estables; de hecho, hasta vamos a abolir ese contrato del emprendedor creado en la anterior legislatura que permite despedir sin indemnización ninguna durante todo el primer año, pero que en las estadísticas de la Virgen de Fátima cuenta como contrato indefinido y estable.

Es el momento de retornar, por fin, el IVA general al 16%, ese que Zapatero subió al 18% y Rajoy al 21%; reconozcámoslo por fin como el impuesto menos redistributivo y más injusto de los que hay, y reduzcámoslo al menor porcentaje posible. Y ya que estamos, bajemos el IVA cultural a un tipo reducido, como a los productos de higiene, y subamos, por el contrario, el de los restaurantes de lujo, que ese sí que está bajo. Aprovechemos que ya tenemos gobierno.

Prohibamos, ahora que podemos, y de una vez por todas, el fracking, y demos el protagonismo que se merece a las energías renovables. Fomentemos la autogestión de energías limpias, terminemos con las nucleares, y aprovechemos la privilegiada situación geográfica de nuestro país para potenciar la generación de renovables, y creemos con ello empleo.

Aprovechemos que tenemos gobierno, por fin, para devolver la voz a la gente. Deroguemos la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, esa que se ha dado en llamar la Ley Mordaza,  pero no nos quedemos ahí: deroguemos la original, la que promovió un Ministro que se dijo socialista, que ahora se pasea por 13tv, y que se conocía como la Ley de la Patada en la Puerta. Recuperemos, en definitiva, la calle para los ciudadanos, y permitamos que se pueda protestar, manifestarse, reunirse, sin coacciones ni amenazas por parte del poder político.

Pero hagamos más. Echemos de una vez por todas a la Iglesia Católica de nuestros colegios y universidades, y dejémosla, con el resto de religiones, donde debe estar: en los lugares de culto y en las casas de sus fieles. Impidamos que se queden con el patrimonio ajeno mediante procedimientos de inmatriculación privilegiados, que se financien con nuestros impuestos, y hagamos que tributen como lo hace cualquier otra organización.

Ahora, que por fin tenemos gobierno, podemos conseguir que la vivienda, la energía, los alimentos, dejen de ser productos con los que hacer dinero, y sean derechos básicos accesibles a cualquier persona.

Recuperemos nuestras playas. Esas que han quedado alicatadas hasta el cielo, a lo largo y ancho del litoral mediterráneo, gracias a la coyunda de los políticos con los constructores, gracias a la Ley de Costas, la Ley de Suelo, la Ley del Aire y la Ley del Fuego. Y la Ley del 3%, claro.

Una vez hayan tomado los Ministros posesión de sus cargos, por fin podremos subir a los funcionarios todo el poder adquisitivo perdido. El que perdieron con Zapatero y el que han perdido con Rajoy, que en conjunto se calcula asciende a un 30%. Y, por cierto, hagamos del SMI algo parecido a un salario digno, en vez de la miseria actual; ya que hemos formado gobierno, legislemos para que con el salario mínimo una persona pueda vivir. Tan sencillo como eso.

Acabemos, ahora que podemos, con la progresiva infiltración de los estudios universitarios privados, o públicos de pago, que pervierten la igualdad de oportunidades y condenan a los hijos de los trabajadores a no poder estudiar. No aceptemos el 3+2 del PP, obviamente, pero eliminemos también el 4+1 del PSOE, que solo ha servido para hacer de la universidad, como de tantas otras cosas, un negocio.

Aseguremos, de una vez por todas, las pensiones. Pero hagámoslo de la manera buena: impidiendo que los salarios bajen, para que las cotizaciones permitan el sostenimiento de las pensiones, y no haya que recortarlas sencillamente porque de los salarios de miseria que se cobran no se puede sacar para pagarlas.

Eliminemos, en fin, la cadena perpetua de nuestro Código Penal, por inhumana. Y ya que estamos, busquemos alternativas para dejar de ser de los países de Europa con menor tasa de criminalidad y, sin embargo, más gente en prisión. Reformemos nuestro Código Penal para ser algo menos duro con el pobre, y más beligerante con el gran defraudador.

Afortunadamente, ya hemos salido de este largo y prolongado bloqueo, y tenemos, por fin, gobierno.