Desde el golpe de Estado de 2009, el debilitamiento del proceso democrático en Honduras ha resultado en un aumento de la violencia y las violaciones a los derechos humanos, que afecta especialmente a líderes sociales y políticos opositores. La existencia de grupos de limpieza social vinculados al ejército y la policía que asesinan impunemente ha sido ampliamente documentada por medios como Associated Press, The Guardian o The New York Times, en cuyas investigaciones se reveló la existencia de listas negras de activistas sociales a ser eliminados en poder de estos grupos.  En 2016 Global Witness publicó un informe en el que consideraba a Honduras como el país más peligroso del mundo para el activismo ambiental. Las agresiones y asesinatos de activistas son comunes, sin que el sistema de justicia hondureño sea capaz (o tenga la voluntad) de dar con los culpables de estos crímenes.

El actual presidente de la República, Juan Orlando Hernández, lidera un proyecto político de marcados tintes autoritarios, que le ha llevado a asumir un control de facto sobre el resto de poderes del Estado, con el objetivo de perpetuarse en el poder y favorecer sus intereses particulares y los de sus aliados. En noviembre de este año, se celebrarán elecciones presidenciales en el país, en las que por primera vez desde la aprobación de la actual constitución de 1982 el actual presidente se presenta a la reelección. Existen temores de que se pueda producir un fraude electoral que favorezca al actual gobierno y que desemboque en protestas ciudadanas, que podrían llevar al país a una situación de crisis política y de derechos humanos similar a la vivida en 2009 tras el golpe de Estado contra el gobierno de Manuel Zelaya.

En este contexto, en Honduras se está discutiendo actualmente la aprobación de un nuevo Código Penal. Dicho proyecto lleva más de un año en el Congreso Nacional y su construcción y tramitación ha sido acompañada de forma continua por un equipo de juristas españoles encabezados por el Catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid, Javier Álvarez. El equipo dirigido por el señor Álvarez, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y por la Unión Europea, ha comparecido en diversos medios de comunicación y en varias sesiones del Congreso, habiéndose convertido en el principal valedor y sostenedor del contenido del Proyecto de Código Penal de Honduras (en adelante PCPH), que ha sido fuertemente cuestionado desde la sociedad civil hondureña.

El temor que la presentación al Congreso del PCPH produjo dentro de la sociedad civil llevó a la creación de la Articulación 611, espacio que agrupa a diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos de Honduras. Desde entonces la articulación 611 ha venido realizando diversas acciones de incidencia que han chocado con un muro de opacidad, falta de transparencia y autoritarismo. Cuando finalmente y tras la inestimable intermediación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) la Articulación 611 logró acceder al texto del PCPH, este ya estaba en proceso de aprobación por el Congreso. Si la interlocución con el Congreso Nacional ha sido complicada, tampoco ha sido fácil el trato con el equipo consultor contratado por AECID, que se ha mostrado soberbio y poco receptivo a las propuestas presentadas en las diferentes reuniones realizadas. La firme creencia del equipo español de que el debate sobre esta norma debía circunscribirse al ámbito técnico jurídico y no al político, fue la causa de la distante y complicada relación con la Articulación 611, que provocó además que la asesoría prestada por los españoles careciese de una adecuada contextualización a la realidad hondureña.

La falta de transparencia y apertura del proceso de aprobación del PCPH ha resultado en que el texto que está en el Congreso tenga un carácter claramente regresivo y antidemocrático. Al inicio del proceso (2016) el equipo consultor promovió reuniones con organizaciones de mujeres y de derechos humanos, prometiendo que sería un proceso amplio y participativo, que no se llevó a cabo, desarrollando en terreno únicamente 5 consultas a nivel nacional (una por departamento y con duración de ocho horas) con público reducido a no más de 50 personas. Se continuaron realizando reuniones puntuales con la Articulación 611, en las cuales los consultores solicitaron realizar propuestas de cambio al texto presentado. Estas propuestas, elaboradas de forma consensuada, en la mayor parte de los casos no fueron finalmente tomadas en cuenta en el proceso de aprobación del PCPH.

Si la AECID buscaba, tal como manifestó el embajador español Miguel Alberto, la aprobación de "un estamento jurídico moderno acorde con los estándares internacionales y adaptados a la necesidades y sus carencias del país", podemos decir que su intervención ha sido un rotundo fracaso. Prueba de ello es la formulación del delito de asociación terrorista, duramente criticada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y OACNUDH por su amplitud y el riesgo de que pueda ser utilizada en contra de los movimientos opositores al gobierno. Lo mismo se puede decir de la inclusión del delito de sedición, que es utilizado habitualmente para criminalizar movimientos sociales como el estudiantil. En el nuevo código se aumentan las penas para instigadores (léase líderes sociales y políticos opositores), en contra de la recomendación de derogarlo realizada por OACNUDH en 2010. Igual sucede con la nueva formulación de los delitos de manifestaciones ilícitas y asociación para delinquir, ambos señalados por la ONU y la CIDH como contrarios a los estándares internacionales. También sorprende que, junto con una bajada general de las penas (la pena del delito de tortura se reduce a la mitad), el PCPH incluya el aumento de penas en varios de los delitos que pueden ser utilizados en contra de la protesta social. Tal es el caso de los delitos de atentado y usurpación (utilizado contra los movimientos en defensa del territorio y el medio ambiente), que se acompañan de la creación de varias figuras penales nuevas como las de perturbación del orden y desórdenes públicos, con una clara vocación represora.

En el caso de los delitos relacionados con los derechos de las mujeres, el retroceso también es evidente. A la reducción de las penas de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual se suma la inclusión de un tipo penal para el femicidio no consensuado con las organizaciones de mujeres, y cuya tipificación está claramente dirigida a restringir su aplicación. Por otro lado, el nuevo texto endurece las penas del delito de aborto, cuya tipificación ya era una de las más retrogradas a nivel mundial, al no permitirlo en ningún supuesto. La falta de receptividad del equipo consultor se hizo también evidente con respecto a las propuestas presentadas por las organizaciones LGTBI y de defensa de las personas afectadas por VIH, que solicitaban la inclusión del crimen de odio como un delito específico y que finalmente no fue incluido.

El carácter represivo de la PCPH, que parece ser ignorado por el equipo consultor, por la AECID y por la Embajada de España, va en clara consonancia con las políticas promovidas por el gobierno hondureño. Como antecedente, en febrero de este año se aprobó un paquete de reformas penales que causó un rechazo unánime de la sociedad civil y de los organismos defensores de los derechos humanos a nivel nacional e internacional, que incluye un artículo por el que se podrá procesar por el delito de terrorismo a periodistas y medios de comunicación que "promuevan la apología del odio e inciten al terrorismo". Asimismo, en las últimas semanas el presidente ha planteado rebajar la edad de imputabilidad penal, en clara afrenta a los estándares en materia de protección de los derechos de la niñez. Todos estos procesos se producen en un ambiente de violencia e ingobernabilidad de Honduras.

La instrumentalización de la justicia penal se ha vuelto algo habitual en Honduras en los últimos años. Berta Cáceres, la lideresa indígena asesinada en 2016, fue acusada de sedición por participar en protestas en defensa del territorio, al igual que lo han sido decenas de estudiantes y líderes sociales en todo el país. Desde la Articulación 611 consideramos contradictorio que un organismo dedicado a promover el desarrollo y el respeto a los derechos humanos como AECID aporte recursos para la aprobación de un Código Penal con claras tendencias represivas y antidemocráticas, más en un contexto como el hondureño. Es por esta razón que solicitamos a las autoridades españolas que presionen al gobierno hondureño para que detenga el proceso de aprobación del PCPH, y para que se abra un verdadero periodo de consultas con la sociedad civil, que permita que el texto finalmente aprobado se adecue a la realidad hondureña y cumpla con los más altos estándares a nivel internacional en cuanto a protección de los derechos humanos.