Retumban en mi corazón las peligrosísimas palabras de Abascal de la semana pasada en la que el líder de la ultra derecha hacía un llamamiento a que los españoles se empezaran "a defender por sí mismos" de la migración. Palabras como estás fueron las responsables en junio de 2016 del asesinato de la joven miembro del parlamento inglés Jo Cox, que fue apuñalada por un ultranacionalista al grito de "Gran Bretaña primero". Jo dejó una carrera llena de amor, derechos humanos y una familia con dos niños pequeños. Todo porque un grupo de políticos indecentes e irresponsables alimentaron un odio irracional con el fin de ganar votos. Votos manchados de sangre.

Esta sangre se une a la de las personas que mueren en su proceso migratorio, cientos de miles de personas al año, en desiertos, mares, vallas y centros de detención.

El otro día escuchaba a una tertuliana decir. "Pero ¡qué le vamos a hacer! Parece que no existen otras opciones (que aceptar la muerte como un mal menor)". Sin embargo, sí que existen alternativas de gestión de los flujos migratorios muy diferentes a usar sistemas militarizados basados en el discurso de la seguridad y el odio.

La opción más razonable es llevar a cabo procesos de gestión migratoria basados en la movilidad laboral. Desde implementar sistemas de migración circular que permitan procesos migratorios progresivos, en los que las personas que quieren trabajar puedan venir periodos cortos y regulares que se van ampliando si ambas partes lo estiman oportuno a través de la construcción de acuerdos de confianza mutua, hasta sistemas de contratación en origen o, incluso, sistemas de visado con fianza.

La realidad es que las personas migrantes son en su gran mayoría personas jóvenes que quieren trabajar y labrarse un futuro próspero, como queremos todas. Si se permitiera a las personas de los países de origen acceder a los países de llegada en condiciones legales vinculadas al desarrollo de una actividad laboral la irregularidad no sería una opción. Hay que tener en cuenta que todas las personas que llegan a nuestro país de forma irregular realizan una inversión muy sustancial de varios miles de euros para llevar a cabo un viaje que puede ser mortal. Con un sistema de acceso legal a nuestros países ese dinero serviría para asegurar vivienda e incluso seguros sociales a las personas que viajan. Es decir, que podría invertir en nuestros países desde su llegada. Y además vendrían ilusionadas y fuertes, en lugar de traumatizadas y destrozadas físicamente.

Esto no es una cosa novedosa, en decenas de casos de éxito, desde el programa Bracero en Estados Unidos en los años 40 y 50 -que supuso una experiencia histórica de migración temporal-, hasta las últimas grandes migraciones de universitarios europeos durante la crisis del 2008, que en España se estima en más de un millón y medio de jóvenes solo en el año 2011.

¿Si es tan fácil porque no se hace? Principalmente porque asegurar un sistema de movilidad laboral eficaz y funcional necesita de una enorme inversión en recursos humanos y técnicos. El sistema administrativo español está ya absolutamente colapsado como para asumir una innovación de este tipo. Estos recursos existen pero están todos concentrados en un sistema de control migratorio militarizado, en manos de una industria muy lucrativa. En un sistema en el que, por cierto, todos damos la espalda a todos.

¿Y el famoso efecto llamada? Bueno, un sistema basado en la movilidad laboral las personas que migran irían allá donde pueden trabajar. De hecho esto sucede así en Europa. Para prueba un botón, tras la última regularización extraordinaria que hubo en España en 2006, no se registró un incremento de las llegadas de migrantes y cuatro años más tarde España perdía más de tres millones de personas que abandonaban nuestro país en busca de trabajo y de mejores condiciones de vida. Más de la mitad de ellas eran inmigrantes, la otra mitad eran jóvenes españoles.

Muchas voces tildan de utilitarista el modelo de gestión de movilidad laboral. En realidad las críticas suelen ir dirigidas al modelo de gestión laboral global. Si los derechos de los trabajadores se respetan y existe un sistema justo que cuida a los trabajadores, asumir que el migrante es también un trabajador con derechos y obligaciones es una opción justa y positiva.

Hay muchos países que tienen fronteras porosas y mantienen los equilibrios migratorios en perfecto estado. Cuando la gente se puede mover con soltura los saldos se autorregulan, de hecho esto es así dentro de la propia Unión Europea, e incluso fuera,-hemos sido capaces de absorber todo el éxodo ucraniano sin despeinarnos-. Es todo una cuestión de intereses económicos, un pulso entre la economía cotidiana y la industria del control migratorio, y de votos, conseguidos con odio y sangre o no. En definitiva todo es mucho más sencillo de lo que parece.