Jordi Arcarons, Daniel Raventós y Lluís Torrens

El pasado 8 de julio se iniciaron en el Parlamento catalán las comparecencias de expertos académicos y miembros de la sociedad civil sobre la Iniciativa Legislativa Popular por una Renta Garantizada de Ciudadanía. La RGC es un derecho recogido en el artículo 24.3 del Estatuto de Autonomía de Catalunya aprobado el 2006 y al que hay que dar cumplimiento pese al desinterés del actual partido gobernante. Y ya han empezado a oírse las voces de quienes se muestran radicalmente en contra de la RGC aun mostrándose, según ellos mismos, contrarios a la pobreza. El artículo de Miquel Puig aparecido el 5 de julio es un claro ejemplo y muy representativo del argumentario anti RGC o anti Renta Básica Universal (RB) o anti cualquier cosa que desincentive a trabajar. Veamos sus seis tesis contra la RGC y su sorprendente alegato final.

1. La RGC tiene carácter complementario: se suma a los ingresos actuales hasta alcanzar el valor objetivo (que se calcula en la ILP como el índice de suficiencia de renta: un valor cercano al umbral de la pobreza). Esta complementariedad provoca la conocida trampa de la pobreza, que es cuando el perceptor de la RGC no tiene incentivos a aceptar un trabajo de baja remuneración porque pierde la ayuda, lo cual le puede significar que su renta neta final (descontados los costes de ir a trabajar) sea inferior a quedarse en casa. Podemos estar de acuerdo en esto, y ha sido reconocido este efecto tanto a izquierda como derecha, pero la solución ya hace muchos años que está diseñada, como muestra este ejemplo del Premio Nobel James Tobin, y se llama Renta Básica Universal. Los que firmamos esta nota siempre hemos defendido que la RB es una medida mucho mejor (en sentido económico, social, filosófico y político) que cualquier subsidio condicionado. Y nuestra tesis siempre ha sido clara: ante la situación actual una RGC es una gran mejora, pero la RB es mucho mejor que la RGC. La RB es incondicional (no depende de la situación laboral ni económica del individuo) y aditiva (se añade a cualquier ingreso) por lo que no provoca la trampa de la pobreza. Y aquí tenemos la primera falsedad del artículo: dice el señor Puig que la RB exigiría un volumen imposible de recursos. Suponemos que el señor Puig no se ha leído los últimos artículos o investigaciones que hemos publicado sobre la factibilidad de una RB en Catalunya, teniendo en cuenta los actuales ingresos declarados en IRPF (que ya sabemos que no son todos los que hay), contando con los ahorros que se obtendrían en el pago de subsidios y pensiones por debajo de la RB y dejando intacta la recaudación actual del IRPF para sus actuales usos (salud, educación, etc...). Los cálculos realizados con una muestra de un cuarto de millón de declaraciones de IRPF en uno de los años más profundos de la crisis (2010) nos dan un resultado que es perfectamente financiable. Y ya les avanzamos que hemos hecho algunas estimaciones preliminares para el conjunto del reino de España y los resultados son similares cuando ajustamos por nivel de precios y renta, pese a lo que digan algunas organizaciones bienintencionadas como Gestha, que calculan los costes de manera errónea.

2. La RGC tendría un efecto llamada y estaríamos inundados de inmigrantes deseosos de vivir del cuento (público). Pues vaya, no parece que esto sea lo que sucede en países con un gasto social mucho más elevado que el nuestro, y que incluyen sistemas de RGC muy próximos a la RB como los de Dinamarca u Holanda. La razón es fácil: hay que demostrar un mínimo de tiempo de residencia (contado en años) en el país para ser merecedor de la RGC o la RB. Pues lo mismo para Catalunya si felizmente se consigue aplicar lo que ahora simplemente es Iniciativa Legislativa Popular.

3. La RGC o la RB no obligan a la gente a "espabilarse" y a buscar trabajo, se objeta. ¡Caramba! Si se espabilaran encontrarían trabajo (sic). Parece poco creíble que cuando en Catalunya hay oficialmente más de 800.000 personas en paro y menos de la mitad (como en el conjunto del reino de España) reciben alguna ayuda, haya poco interés en encontrar trabajo. ¿No será que no hay trabajo remunerado? Claro que la solución neoliberal está cantada: si trabajan gratis o casi gratis (a tres y pico euros la hora) en condiciones laborales de semiesclavismo, seguro que encuentran trabajo, y si además reducimos las prestaciones para empujarles a aceptar cualquier oferta, seguro que desaparece el paro (por inanición, por emigración o por cualquier otra "razón" de tanta calidad).

4. La RGC facilita que la gente viva en la vagancia, sin aportar nada a la sociedad. Podemos repetir los argumentos del punto anterior puesto que son perfectamente aplicables, pero añadiremos que poner en la misma balanza a los posibles perceptores de la RGC y a los políticos corruptos como hace el autor nos parece de una mezquindad tontaina además de grosera. Los primeros necesitan recursos para sobrevivir, los segundos para enriquecerse a costa de los demás. Y no nos vale la justificación porque haya cuatro aprovechados que son capaces de vivir toda la vida con 650 euros mensuales para quitar los derechos a los demás, cuya inmensa mayoría seguro que quieren más de la vida, y encima estigmatizarlos y culpabilizarlos. No hay derecho, como tampoco lo hay a quitar la sanidad universal o los derechos ciudadanos a quienes no trabajan. Es más, tampoco estamos de acuerdo en que en particular la RB fomente el fraude fiscal. Al contrario, en tanto es una renta que cobraría todo el mundo con el esfuerzo de todos, nos haría mucho más responsables en nuestra conciencia fiscal y mucho menos tolerantes con el fraude: ya no habría personas extrasistema; todas cobran, todas deben cumplir sus obligaciones.

5. El proyecto fomenta la separación familiar para poder cobrar más. Pensar que las familias se van a separar de manera virtual, con los medios que se dispone ahora para comprobarlo, por motivos de fraude y poniendo ejemplos de hace 40 años de madres solteras americanas, es por lo menos naíf. Sólo el coste de alquilar una vivienda adicional y pagar los gastos de suministros (fácilmente comprobables) ya es superior al beneficio añadido de este triste fraude. Y, como todo en la vida, siempre habrá gente que intentará aprovecharse, pero eso no descalifica el inmenso beneficio social que comporta eliminar la pobreza de raíz. También se defrauda al fisco en muchos negocios legales o se evade dinero a Suiza y no por eso se prohíben los negocios o se prohíbe viajar al país helvético.

6. No se puede pagar a no ser que recortemos en salud o educación, como sorprendente "argumento". O sea, tenemos un país con una presión fiscal ocho puntos inferior a la media europea y hasta 15 inferior a los países más avanzados (sí, Catalunya también) y no podemos pagar los 2.500 millones brutos que costaría la RGC. Y digo brutos porque el efecto sobre el consumo y la economía de la medida sería inmediato y por tanto buena parte de este sobrecoste se recuperaría con el incremento de la recaudación fiscal (milagros de los multiplicadores del gasto). Y si quieren una sugerencia, cojan la rebaja del IRPF del señor Montoro, no la apliquen y mantengan los tipos actuales (que están entre los más bajos de Europa, por mucho que nos empeñemos en decir que pagamos mucho), y ya tenemos financiado casi todo el coste de la RGC.

Epílogo. Dice el señor Puig que tenemos que escoger entre una sociedad low cost en impuestos y prestaciones sociales, con sólo medidas paliativas para los pobres (para que no se revolucionen) y una sociedad avanzada con impuestos altos, servicios públicos de calidad y sin pobreza. Él prefiere la segunda (como casi todos), pero propone que para que todos nos esforcemos debemos castigar a los pobres y vagos. ¡Qué gran paradoja! Como si todos dispusiéramos de las mismas armas y oportunidades para salir a flote. No, primero rescatemos a las personas y sólo así aflorará lo mejor de nosotros mismos. Lo contrario es el sálvese quien pueda.

Jordi Arcarons
Catedrático de Economía Aplicada de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona. Es miembro de la Red Renta Básica  

Daniel Raventós
Profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona, miembro del Comité de Redacción de Sin Permiso y presidente de la Red Renta Básica. Es miembro del comité científico de ATTAC. Su último libro es ¿Qué es la Renta Básica? Preguntas (y respuestas) más frecuentes (El Viejo Topo, 2012)

Lluís Torrens
Economista, profesor asociado de la Escuela Superior de Negocios Internacionales-Universitat Pompeu Fabra, gerente del Public-Private Sector Research Center del IESE. Colabora con Iniciatives pel decreixement que impulsa un nuevo modelo económico sostenible y estacionario