PABLO SAPAG M.

Mañana, por quinta vez desde el final de la dictadura, los chilenos eligen presidente y renuevan parte de un Parlamento bicameral en el que, contrariamente a lo que ocurre en España, el Senado es el decisivo. No es la única diferencia entre dos países con sistemas políticos y electorales tan dispares como los procesos que dieron lugar a los mismos. Si en España hubo que esperar a la desaparición física del dictador, en Chile fue derrotado en un plebiscito en el que sólo creían los chilenos. El no a la continuidad de Pinochet, sin embargo, no fue tan abultado como para que el personaje desapareciera de la escena, lo que condicionó una transición que en Chile algunos creen terminada y otros piensan que apenas ha arrancado, dadas las limitaciones que aprecian en la actual Constitución aprobada durante la dictadura y luego sólo parcialmente modificada.

Para esos sectores –de izquierda alternativa a la socialdemocracia y ausente estos 20 años del Parlamento como consecuencia de un sistema electoral binominal, mayoritario y excluyente–, ese marco constitucional impide la participación democrática y la modificación de un modelo económico que es de los más desiguales del mundo. Todo eso, según sus críticos, ha ahuyentado a los ciudadanos de una democracia encorsetada y al servicio de élites y grandes empresas nacionales y extranjeras, entre ellas no pocas españolas de todos los ámbitos.

Algo de eso puede haber porque, desde el plebiscito de octubre de 1988, en el que los chilenos derrotaron a Pinochet, el censo electoral ha disminuido alarmantemente en relación al conjunto de la ciudadanía. Entonces, el 95% de los chilenos con derecho a voto se inscribieron en esos registros, superando engorrosos trámites. Hoy, y después de muchas campañas llamando a la inscripción, algo menos del 70% de los mayores de 18 años figura en un padrón electoral envejecido por la deserción masiva y voluntaria de los jóvenes y la imposibilidad legal de participar en cualquier elección del millón de chilenos residentes en el extranjero. El fenómeno no es nuevo y, al menos desde hace una década, empezó a preocupar más a los analistas que a una clase política incapaz de pactar un cambio legislativo para que estos comicios se celebrasen con inscripción automática y voto voluntario. Como pronto, y sin que se haya resuelto el voto de los emigrantes, los cambios parciales llegarán en 2012.

Así las cosas, el sucesor de Michelle Bachelet será elegido por apenas un tercio de los mayores de 18 años. El resto votará por otro candidato, se abstendrá –a pesar de que los inscritos que no votan pueden ser multados– o ni siquiera participarán al no estar en el padrón. Eso cuando las encuestas indican que, en reñida segunda vuelta y por vez primera desde 1958, el candidato de la derecha, el multimillonario empresario Sebastián Piñera, puede ganar las elecciones y desalojar tras 20 años de Gobierno a la Concertación de Partidos por la Democracia. Esa alianza entre democristianos y socialistas presenta al ex presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, ungido tras unas primarias parciales y poco representativas que terminaron por hartar a algunos de sus miembros. Entre ellos, Marco Enríquez-Ominami, hijo biológico de un líder guerrillero muerto en combate en 1974. Como rival de Piñera en segunda vuelta, los sondeos sitúan al democristiano Frei, más aún después de que esta semana un juez calificara de asesinato la muerte en 1982 de su padre y también ex presidente Eduardo Frei Montalva, crimen atribuible a los servicios secretos de la dictadura. No se descarta del todo, sin embargo, que el 17 de enero sea el joven y ecléctico Enríquez-Ominami el que vaya al balotaje.

Más allá del resultado, el hecho es que la aparentemente modélica democracia chilena tiene un serio problema de representatividad. La falta de participación no sólo puede ser sinónimo de hartazgo con una clase política endogámica en la que todavía hay actores de la crisis de 1973. Descubre, sobre todo, a una sociedad desigual, fragmentada y excluyente. Por un lado, por las no reconocidas diferencias étnicas, que se traducen en que una mayoría mestiza y un largo 10% de indígenas son gobernados en exclusiva por blancos de cultura esencialmente europea, cosa que, gane quien gane, no cambiará demasiado, dado que, como en todas las anteriores convocatorias, los candidatos en estas elecciones tienen el mismo perfil racial e idéntica matriz cultural. Por otro lado y claramente vinculado a lo anterior, esa fragmentación es también socioeconómica. En ese sentido, la ONU recuerda año a año que, según el índice Gini, la distribución de la renta en Chile está entre las 20 peores del mundo, concentrando el 10% más rico el 42%, mientras que el 10% más pobre no llega al 2%. Respecto a la reducción de la pobreza, que la Concertación esgrime como gran logro, algunos candidatos, como Enríquez-Ominami, destacan que la medición debe ajustarse toda vez que se hace de acuerdo a parámetros de 1988 y no a los actuales.

Cabe preguntarse si, con un sistema electoral abierto y en el que se reflejen fielmente todas las tendencias, el ultraliberal modelo económico imperante podría mantenerse más o menos incólume, como lo ha hecho desde que fue implantado por Pinochet tras el golpe de Estado contra Salvador Allende en 1973. Paralelamente, surge la pregunta sobre si la buena prensa internacional de la que goza un Chile oficial considerado positivamente como excepción latinoamericana resistiría las discusiones y tensiones políticas propias de un sistema más democrático e integrador de todos los chilenos.

Pablo Sapag M. es profesor e Investigador de la Universidad Complutense de Madrid

Ilustración de Miguel Ordóñez