Vicenç Navarro
Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra

El Sr. Bergoglio, de profesión Pontífice de la Iglesia Católica, dijo en una ocasión reciente, a raíz de una conferencia a empresarios de grandes compañías de localización multinacional, que el objetivo del mundo empresarial debe ser servir a las comunidades donde se ubican y de donde extraen sus beneficios las empresas, y no la mera acumulación de beneficios para beneficio propio. En la manera como el Pontífice lo señaló parecía transmitirse una percepción que, por lo visto, está ampliamente extendida en los círculos próximos al pontífice, de que el mundo de lo que se conoce erróneamente como multinacionales tiene como objetivo más lo segundo que lo primero. El mundo empresarial (y gran parte del conocimiento económico provisto por instituciones académicas próximas y/o financiadas por él) asume que la acumulación de beneficios beneficia no solo a tal mundo, sino a todos los demás. La evidencia existente, sin embargo, no avala este supuesto.

Pero antes de elaborar este punto, tema del artículo, siento la necesidad de aclarar que el hecho de que una empresa opere en varios países no implica que sea propiedad de todos ellos. Por regla general, la dirección y gestión de tales entidades están basadas en un país, con cuyo Estado tienen una relación preferencial e instrumental que configura en gran medida su comportamiento internacional. Son empresas transnacionales, más que multinacionales. Gas Natural Fenosa, por ejemplo, es española (con sede en Catalunya) y obtiene amplios beneficios (8.376 millones de euros durante el periodo 2010-2015) de su actividad no solo en España, sino también de muchos países de Latinoamérica, tales como Chile y Brasil, entre otros. Para entender tal expansión en América Latina hay que comprender su relación con el Estado español, con el cual tiene una complicidad bien definida. En realidad, el Estado español considera que es su deber ayudar a las transnacionales españolas, incluyendo Gas Natural Fenosa, asumiendo (también erróneamente) que los intereses de tales transnacionales coinciden con los intereses de la mayoría de los ciudadanos españoles.

Gas Natural Fenosa recibe ayudas financieras sustanciales del Estado, no solo directas, en forma de pagos y subsidios, sino también indirectas, permitiéndosele que no pague impuestos al Estado mediante el establecimiento de 15 filiales en paraísos fiscales que no tributan en el Estado español. En contra de lo que se asume, el Estado podría limitar significativamente la utilización de paraísos fiscales por parte de Gas Natural y otras compañías, que tienen amplias conexiones con dichos paraísos.

La complicidad de Gas Natural Fenosa con el mundo político

Este maridaje y complicidad se materializan de varias maneras. Una es mediante la incorporación en sus equipos de dirección de personajes políticos de gran peso e influencia, no solo en el Estado español, sino también en América Latina. El caso más conocido es el del Sr. Felipe González, buen conocedor del Estado español y de los Estados de aquel continente, como resultado de su amplia experiencia como presidente del gobierno español durante el periodo 1982-1996. El Sr. González recibió 566.000 euros como consecuencia de su servicio en el Consejo de Administración de Gas Natural, con unos emolumentos de 126.500 euros brutos al año (desde el año 2010 hasta principios de 2015, cuando indicó que abandonaba el consejo de administración de Gas Natural Fenosa como consecuencia de que "se aburría" en el puesto). Otros dirigentes políticos, tanto del PSOE como de otras formaciones políticas, han servido en esta transnacional.

Gas Natural nunca ha tenido pérdidas. Esta situación es común en las veinte compañías más grandes de Catalunya. Esta empresa ha estado entre las que han conseguido mayores beneficios en España, los cuales han ido variando, pero incluso en los momentos de mayor crisis, como en 2012, Gas Natural y las otras 19 compañías consiguieron unos beneficios muy elevados (4.560 millones) que aumentaron incluso más en 2105 (6.686 millones solo con los resultados de 10 de esas 20 empresas). Otras compañías incluyen Abertis, CaixaBank, Banc de Sabadell o Vueling, entre otras, todas ellas basadas en Catalunya, el País Valenciano y las Islas Baleares.

El 35% de los ingresos de Gas Natural Fenosa provienen de la distribución de gas, un 28% de la distribución de la electricidad, un 20% de la generación y comercialización de la electricidad, y un 17% del aprovisionamiento y comercialización de gas. El 55% de dichos ingresos provienen del mercado español y el 45% del extranjero, principalmente en América Latina. El 70% de sus elevados beneficios se distribuyen entre sus accionistas, de los cuales Repsol y CaixaBank (otras transnacionales del IBEX-35) son dos de sus mayores accionistas. Es en la práctica parte de un oligopolio de la distribución de la electricidad y del gas, puesto que Repsol, Endesa, Gas Natural  Iberdrola, BP y Cepsa copan el 60% del mercado energético español, teniendo ambos productos unos de los precios más elevados de la Unión Europea de los Quince (UE-15). En el caso de los precios de la electricidad que pagan los hogares, los españoles son los terceros más elevados de la UE-15, con una cantidad de 0,2468 euros por kWh, solo por detrás de Portugal (0,3018 euros) y Alemania (0,2878 euros). En cuanto a los precios del gas natural que pagan los hogares, los españoles también son los terceros más elevados de la UE-15, con una cantidad de 0,0765 euros por kWh, solo por detrás de Portugal (0,1172 euros) y Suecia (0,0876 euros) (datos de Eurostat para el primer semestre de 2016, en paridad de poder de compra). Ello es consecuencia de la excesiva influencia de tal transnacional (y de otras tantas) sobre el Estado.

La situación escandalosa que tiene escasa visibilidad política y mediática

Esta bonanza contrasta con la enorme crisis y retraso social que está sufriendo la población durante la crisis. Mientras los beneficios de Gas Natural Fenosa y otras empresas del IBEX-35 han seguido siendo altos (incluso durante los años de crisis), alcanzando cifras récord, con las consiguientes altas remuneraciones de sus directivos que no se han visto afectadas por la crisis, los salarios han bajado de media un 7,1% desde el año 2009 (y un 10% en Catalunya), y el riesgo de pobreza ha alcanzado un 22% de la población, con un 11% de hogares padeciendo pobreza energética, que quiere decir que son incapaces de satisfacer una cantidad mínima de servicios de la energía para sus necesidades básicas, como por ejemplo mantener la vivienda en unas condiciones de climatización adecuadas para la salud. Este es uno de los porcentajes mayores de la Unión Europea de los Quince (el grupo de países con semejante nivel de desarrollo al de España). Este elevadísimo porcentaje es probable que sea incluso mayor, pues hay muchas personas, muchas de ellas personas ancianas y personas inmigrantes, que no son conscientes de ello o se avergüenzan de pedir ayuda. Y el coste de esta situación es elevado, pues implica un enorme sufrimiento humano. El caso de la anciana de 81 años de Reus, a la cual Gas Natural Fenosa cortó la luz, causándole indirectamente la muerte, ejemplifica esta situación.

La necesidad de una protesta general

Nos encontramos, pues, en una situación que debería generar una protesta generalizada. Comparen las condiciones de vida de las élites de este país que controlan las empresasa de la electricidad y el gas, que consiguen enormes beneficios (vean sus casas y la opulencia en la que viven) y remuneraciones claramente exageradas (resultado de su excesiva y antidemocrática influencia sobre las instituciones que se autodefinen como representativas), con las viviendas y condiciones de habitabilidad de las personas que padecen pobreza energética. Conociendo el ambiente profundamente conservador del mundo académico y mediático del país, la invitación a que se comparen las viviendas y el bienestar de las élites propietarias y gestoras de las empresas energéticas con las condiciones de los que no pueden pagar las facturas de la luz y el gas, se definirá como "demagógica", término que se utiliza para ocultar situaciones impactantes que muestran las enormes desigualdades, resultado de enormes injusticias en el país, especialmente agudas en España (y todavía más acentuadas en Catalunya).

La ciudadanía debe ser consciente que este enorme dolor es prevenible mediante cambios en las relaciones de propiedad de tales empresas. No es por casualidad que aquellos países que tienen los sistemas de gestión energética más privatizados sean los que tienen precios más altos, con beneficios también más altos y con gestores más bien remunerados, siendo conocida su insensibilidad hacia las necesidades de las clases populares. Ocurre algo semejante a lo que está pasando con el sector bancario. El hecho de que España tenga un sector energético público tan limitado, y un sector privado tan extenso, es una de las razones principales del escándalo que he documentado en este artículo. Y todo ello, a su vez, es resultado de las enormes limitaciones de la democracia española, en la que el poder real del país lo continúan ejerciendo grupos económicos, financieros y energéticos que, en contra de lo que recomienda y propone el Pontífice, están dando gran prioridad a sus beneficios a costa del bienestar y calidad de vida de las clases populares, que son la mayoría de la población. Se necesita una profunda transformación de las instituciones políticas para que sean en realidad auténticamente representativas y defiendan los intereses de la población. Esto no está ocurriendo hoy en España. Así de claro.