Opinion · Dominio público

Sin justicia para Arnulfo Romero

FÉLIX POBLACIÓN

04-11.jpgAcabamos de saber que al arzobispo Óscar Arnulfo Romero lo mató un sicario por 114 dólares. El dato lo reveló en una entrevista el ex capitán Rafael Álvaro Saravia, única persona condenada hasta hoy por el asesinato. Saravia, prófugo de la justicia desde que un tribunal estadounidense lo condenó en 2004, desapareció ese año y comenzó a huir de sí mismo, según escribe el periodista Calos Dada en la entrevista publicada recientemente en el diario salvadoreño El Faro.
Monseñor Romero fue asesinado el 24 de marzo de 1980 durante el ofertorio de la misa que oficiaba en la iglesia de la Divina Providencia de San Salvador. Bastó un disparo en el corazón, ejecutado a poco más de 30 metros con un rifle con mira telescópica, para acabar con su vida. Desde ese día hasta la fecha, según la Organización No Gubernamental Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas –la misma que posibilitó el procesamiento de Saravia–, no se ha hecho prácticamente nada en el país centroamericano para saber la verdad. Es posible que el asesinato de Romero fuera decidido por el fallecido líder anticomunista Roberto d’Aubuisson, fundador del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) que gobernó El Salvador desde 1989 hasta el año pasado.
Saravia no niega la participación de D’Aubuisson, pero sí que el ejecutor perteneciera a su equipo. Según el ex capitán, que huyó a California nada más cometerse el magnicidio, fue Mario Molina, otro conspirador e hijo del ex presidente Arturo Armando Molina, quien contrató al tirador, compró el arma y buscó la escolta que protegió al sicario. Sólo el chofer del vehículo que condujo al asesino hasta la iglesia pertenecía al equipo de D’Aubuisson. Confiesa Saravia que fue él quien pagó al ejecutor la cantidad de mil colones, 114 dólares al cambio actual.
Según Jesús Delgado, biógrafo de Óscar Arnulfo Romero, Roberto d’Aubuisson únicamente fue una pieza de la llamada Operación Piña, no el inductor de asesinato para la que fue programada. Por eso, mientras se desconozca la autoría de quienes idearon el magnicidio, el caso sigue abierto hasta que el Estado se decida a investigarlo y no se limite, como hizo recientemente el actual presidente salvadoreño Mauricio Funes, a pedir perdón en nombre del Estado.
Si esta es la censurable actitud de la justicia 30 años después, no menos recriminable es la de la Iglesia vaticana con relación a uno de sus pastores, cuyo compromiso con el mensaje solidario del Evangelio en pro de los más humildes fue decisivo para que acabaran con su vida.
Hay dos fechas en los últimos años de monseñor Romero que marcan la trayectoria del arzobispo antes y después de su nombramiento. En 1975, según anota Braulio Hernández en su artículo publicado en Eclesalia, Óscar Arnulfo Romero se limita a consolar a los familiares de unos campesinos asesinados por la Guardia Nacional alegando que portaban armas, cuando lo único que llevaban eran biblias. La tibieza de su reacción hizo creer al Gobierno y al estamento oligárquico que lo sustentaba que Romero podría ser un arzobispo idóneo para contrarrestar el espíritu subversivo de la Teología de la Liberación. Sin embargo, semanas después de su toma de posesión, el elegido tendría una reacción muy distinta tras el asesinato en marzo de 1977 de su amigo el jesuita Rutilio Grande y dos de sus colaboradores. El arzobispo se sumó a la gran eucaristía celebrada en la catedral de San Salvador, a la que asistieron 100.000 feligreses. Según el artículo aludido, Romero dijo ese día, comparándose con el ciego del aljibe de Siloé, que Rutilio le había abierto los ojos.
Dos veces se entrevistó el arzobispo con Juan Pablo II. En la primera le presentó un amplio informe sobre las violaciones de los derechos humanos en El Salvador, ante el que Wojtyla se limitó a objetar que tenía poco tiempo para tanta lectura, así como a recomendarle que “le convenía ir de acuerdo con el Gobierno”. Cuenta su biógrafo que monseñor Romero salió llorando de esa audiencia, celebrada en mayo de 1979, el mismo año en que se inició en su país una larga y sangrienta Guerra Civil: “El Papa no me ha entendido, no puede entender porque El Salvador no es Polonia”.
El segundo encuentro fue en enero de 1980. Juan Pablo II celebró que defendiera la justicia social pero también le advirtió de los riesgos del marxismo, a lo que el arzobispo replicó que “el anticomunismo de las derechas no defendía la religión sino el capitalismo”. El sentido de estas palabras fue similar al de las pronunciadas dos meses después con inmediatez premonitoria por monseñor Romero, segundos antes de su asesinato: “Que este cuerpo inmolado y esta sangre sacrificada por los hombres nos alimente también para dar nuestro cuerpo y nuestra sangre al sufrimiento y al dolor, como Cristo, no para sí, sino para conceptos de justicia y de paz a nuestro pueblo”.
Dice el jesuita Jon Sobrino que la historia de la Iglesia en América Latina se divide en antes y después de monseñor Romero. La incompetencia de los tribunales para hacer justicia y la elusión del Vaticano para incluirlo en su santoral son coincidentes. Los primeros son incapaces de buscar y sentenciar a los culpables y la Iglesia echa en el olvido a uno más de sus mártires comprometidos con la Teología de la Liberación. Al fin y al cabo, Romero no hizo caso a Wojtyla: no se acomodó al Gobierno que trajo, entre tantas muertes impunes, la suya propia.

Félix Población es escritor y periodista

Ilustración de Patrick Thomas