El próximo 5 de diciembre durante la reunión del ECOFIN los ministros de finanzas de la UE deben adoptar la lista negra comunitaria de jurisdicciones no cooperativas, es decir, la lista negra de paraísos fiscales. Este proceso comenzó hace más de un año con 92 terceros países -es decir, países no pertenecientrs a la UE- que fueron seleccionados de acuerdo con tres criterios generales. En primer lugar, se tuvo en cuenta la transparencia, básicamente si estos países intercambian información en materia financiera y tributaria con la UE. El segundo criterio general, era analizar si los terceros países tienen regímenes fiscales perjudiciales, es decir, elementos que permiten trasladar beneficios de forma artificiosa a modalidades fiscales de baja o nula tributación. El tercer criterio general era el cumplimiento de estas jurisdicciones con la agenda del proyecto de lucha contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS por sus siglas en inglés) de la OCDE, una agenda con 15 acciones a llevar a cabo para asegurar que los beneficios tributan allá donde la actividad económica los ha generado.

Los países seleccionados no incluyen a los estados miembros de la UE ni a los países en desarrollo, por diferentes razones políticas -en el caso de los países de la UE, que alberga vergonzosamente un número elevado de paraísos fiscales- y razones técnicas/prácticas-en el caso de países en vías de desarrollo-. El proceso de selección ya está completo y a fecha de hoy sabemos algunos datos muy relevantes. Solamente 8 países de los 92 seleccionados no respondieron ninguna de las solicitudes de la UE. 53 de los que sí contestaron, no cumplen con los tres criterios generales. El resto, incluyendo a EE. UU., Canadá, Australia y Suiza, por citar algunos ejemplos destacados, se considera que cumplen con los requisitos a pesar de las malas prácticas en ámbitos como el secreto bancario de Suiza.

De los 53 incumplidores, algunos son países con una imposición corporativa cero, la mayoría pequeñas islas del Caribe o del Canal: Anguila, Bahamas, Bahréin, Bermudas, Islas Caimán, Guernsey, Isla de Man, Islas Turcas y Caicos, Vanuatu, así como Jersey -al menos hasta 2015- y las Antillas Neerlandesas -al menos hasta 2016-. Sabemos que el Reino Unido está tratando de proteger a algunos de estos países y garantizar que no estén en la lista negra.

Hace un par de semanas, la Unión Europea envió una segunda ronda de cartas a 61 países -los 53 que incumplen los criterios generales y los 8 que no respondieron- para notificarles que no están cumpliendo los criterios de la UE en la elaboración de su la lista negra. Estos países tienen hasta el 18 de noviembre para responder. Si responden con un compromiso de cambiar su legislación quedarían fuera de la lista, a pesar de que una declaración de compromiso es muy subjetiva y no tiene por qué suponer que acaben en un plazo de tiempo razonable con todas sus actividades dañinas para la economía europea.

Hay un paso previo al ECOFIN de diciembre. La decisión final sobre la propuesta que llegará a ese ECOFIN, es decir, qué países figurarán en la lista, debería tomarse el 29 de noviembre en una reunión del Comité de Representantes Permanentes de los Gobiernos de los Estados miembros (COREPER). En este órgano del Consejo están representados todos los Estados de la Unión, y tiene funciones políticas y administrativas, es decir que es la reunión preparatoria de la reunión con los ministros. La COREPER, sin embargo, recibirá un borrador de propuesta, que elaborará unos días antes, el 22 de noviembre, el conocido como Grupo de Código de Conducta sobre fiscalidad empresarial. Esta agrupación del Consejo es mucho más técnica y opaca, con la cual desde el Parlamento Europeo mantenemos nuestro particular litigio desde que salió a la luz el escándalo de los Papales de Luxemburgo y se demostró que algunos estados aprovecharon esta estructura opaca para dinamitar avances legislativos en materia de justicia fiscal. Parece difícil que para esta reunión del día 22 todos los países que han recibido los requerimientos de la UE lleguen a tiempo con sus compromisos de reforma.

En cualquier caso, todo este camino debe llevarnos hasta el día 5 de diciembre para alcanzar un acuerdo sobre la lista, pero no lo habrá sobre las sanciones vinculadas al hecho de estar en ella, ya que los países siguen sin acuerdo sobre qué sanciones aplicar. Luxemburgo, por ejemplo, está claramente en contra de tener alguna sanción dirigida a los integrantes de la lista negra. Nos consta que algunos países quieren que todos los Estados miembros apliquen severas sanciones a los países integrantes de la lista -por ejemplo, un impuesto sobre todo el dinero que sale de la UE hacía esos países-. En este sentido, se agradece la voz del comisario Moscovici que durante la sesión plenaria de esta semana en el Parlamento Europeo ha pedido la introducción de sanciones firmes de forma urgente. Pero un grupo de Estados miembros más pequeños preferiría sanciones blandas -por ejemplo, medidas tan irrelevantes como obligar a las empresas que operan en estos países a someterse a auditorías-.

Así pues, existe el riesgo de que la lista negra de la UE no sea muy ambiciosa, o bien porque muchos países queden excluidos simplemente porque se comprometan a cambiar en el futuro o bien, porque no se adoptan sanciones reales. El Reino Unido trata de proteger a sus territorios de ultramar, esas pequeñas islas que operan desde hace décadas como paraísos fiscales. Países pequeños como Luxemburgo o Malta que son auténticas fábricas de esquemas fiscales fraudulentos quieren rebajar las sanciones. Y todos los países han promovido una metodología de elaboración de la lista completamente opaca.

Tenemos unas semanas para asegurar que este proceso sea un éxito. Por eso es importante situar este debate europeo en la agenda pública y dejar claro a los gobiernos de los diferentes estados miembros que no aceptaremos un simple maquillaje. No aceptaremos una lista casi vacía ni una lista que no vaya acompañada de importantes sanciones. No vamos a consentir otro ridículo como el de la lista negra de paraísos fiscales la de la OCDE donde solamente tenemos a un país: Trinidad y Tobago.

Ante un proceso tan importante, haría bien el gobierno español en explicar a la opinión pública qué criterio está defendiendo. Como siempre en este tipo de cuestiones su silencio es revelador de un falta de ambición absoluta en esta materia.