25/10/201020/09/2017

JULIA MONTSERRAT CODORNIU

Vuelven a agitarse las aguas turbulentas de las pensiones. El Gobierno tiene la intención de cerrar la reforma de las pensiones antes de acabar el año. A la espera de las conclusiones de la Comisión del Pacto de Toledo, han ido surgiendo propuestas de diferente signo pero todas ellas dirigidas a participar en un acto tan encomiable como es la salvaguarda de nuestro sistema de pensiones públicas. Aunque, analizando dichas propuestas, no todas ellas defienden la sostenibilidad de nuestros sistemas públicos de previsión social.
Bajo el pretexto del fenómeno demográfico que impacta en una disminución de la relación entre activos y pasivos, se está expandiendo la teoría neoliberal que propugna medidas para adelgazar el sistema público y, paralelamente, fortalecer el sistema privado de pensiones proponiendo o, mejor dicho, reforzando un sistema mixto público-privado. La idea de capitalizar una parte de nuestras cotizaciones sociales no es otra cosa que detraer fondos del sistema público y desplazarlos al sistema privado, ya que una parte de la contribución de cada individuo dejaría de ingresarse en las arcas de la Seguridad Social para ser invertida en fondos de pensiones privados.
Los vaticinios catastrofistas sobre el futuro de las pensiones públicas se dirigen a crear confusión y alarma entre la población emitiendo el mensaje de que los futuros pensionistas no vamos a percibir, o van a quedar muy rebajadas, nuestras pensiones de jubilación por una quiebra del sistema de la Seguridad Social. Las medidas propuestas ante esos nubarrones no constituyen una formula de salvación del sistema público, sino todo lo contrario: son medidas encaminadas a promover su agonía mediante la disminución de su financiación. Por ello se insiste tanto en la necesidad de introducir reformas con el fin de ir adelgazando la parte de la pensión pública a percibir.
Un sistema mixto público-privado desembocaría en una reducción de la pensión de la mayoría de las personas. La pensión privada que cobraría el individuo por su contribución al fondo de pensiones (parte capitalizada) dependería únicamente de su aportación; por lo tanto, a sueldos bajos corresponderían pensiones bajas. Al final, la suma de una pensión pública baja con otra pensión privada baja va a dar lugar a un importe inferior –o bastante inferior– al que resultaría si cotizara sólo al sistema público de pensiones. Sólo aquellas personas con salarios medios-altos saldrían beneficiadas.

Un sistema mixto público-privado contribuiría a agudizar la desigualdad entre rentas altas y medias-bajas que se da actualmente, en donde tres cuartas partes de las pensiones de jubilación están por debajo de los 1.000 euros al mes y un 45% del total están por debajo de los 600 euros mes; sólo un 6% de los individuos perciben importes superiores a 2.000 euros mes. Esa diferencia entre unas y otras se puede acentuar en periodos de crisis como el actual, en donde la rentabilidad de los fondos de pensiones privados es negativo. Ello contradice a los que defienden un sistema mixto argumentando que el sistema de gestión privada garantiza una pensión mayor que un sistema de gestión pública. No vale decir que ese fondo de pensiones podría ser gestionado por la Seguridad Social, porque lo que está en juego es la redistribución implícita en el sistema de reparto, que no se consigue en un sistema de capitalización en el que el retorno es estrictamente individual.
El trasfondo de las teorías neoliberales es diluir algunas funciones básicas del Estado del bienes-
tar como son la solidaridad y la redistribución de las rentas. "No gusta redistribuir las cotizaciones de forma solidaria, se paga mucho y se recibe poco", sostienen aquellos con rentas elevadas; por ello, el discurso se centra en cómo asegurar una mayor proporcionalidad entre la cotización social y el importe de la pensión futura. Sus propuestas no se dirigen a incrementar el porcentaje de la cotización social, sino a desviar una parte de la misma hacia fondos de pensiones privados. Gran paradoja, si de lo que se trata es de reforzar su solidez financiera. En definitiva, la implantación de un sistema mixto público-privado supondría un adelgazamiento de los sistemas públicos de previsión social con la consiguiente rebaja de las pensiones públicas.
Asegurar la sostenibilidad del sistema público de pensiones es un derecho y un deber de los defensores de un Estado social. El debate de la reforma de las pensiones debe focalizarse en la sostenibilidad del sistema público proponiendo medidas que aseguren su robustez financiera en el futuro y esto, precisamente, no se consigue con un sistema mixto público-privado. Con este reforma, lo que está en juego es la esencia del Estado del bienestar del cual el sistema público de pensiones es un pieza importante.

Julia Montserrat Codorniu es profesora de Política Social de la Universidad de Girona

Ilustración de Alberto Aragón