En los próximos meses, los dirigentes de los países y de las instituciones de la Unión Europea (UE) van a movilizarse ante la perspectiva del Brexit sin haber evaluado sus diferentes dimensiones y, como consecuencia, sin haberse dotado de una doctrina que las tenga en cuenta. Lo que implicaría una ruptura con las políticas existentes.

El Tratado de Lisboa, en su artículo 50, permite que un Estado miembro se retire de la UE, pero ninguno de los 27 Gobiernos europeos en el poder cuando se adoptó (diciembre de 2007) pensaba realmente que se podría utilizar esta cláusula algún día. Y aún menos que serviría para resolver cuestiones de política interior nacional. Sin embargo, es lo que intentó hacer el primer ministro británico David Cameron, quien, para atraer a los eurófobos del Partido Conservador, convocó un referéndum sobre la permanencia (remain) o la salida (leave) del Reino Unido de la UE. Un referéndum en el que llamaba a votar por el remain y que no contó ni por un segundo con perderlo. El 23 de junio de 2016, los electores, de los cuales un 52% votó a favor del Brexit, le proporcionaron una amarga decepción, y no tuvo otra elección más que dimitir de sus funciones de primer ministro. Fue reemplazado por Theresa May, a quien dejaba, como obsequio de bienvenida al número 10 de Downing Street, no solo un mandato popular para retirar a su país de la UE, sino también una fecha límite para su entrada en vigor: el 29 de marzo de 2019. En otras palabras, una bomba de relojería ya programada...

Por su parte, el Consejo Europeo designó a un negociador jefe de la UE, el excomisario Michel Barnier, para poner a punto con los británicos las modalidades prácticas del Brexit.

Al leer la diversa información sobre el contenido de las negociaciones en curso entre Londres y Bruselas, se constata sin sorpresas que tratan esencialmente sobre el acceso más o menos amplio del Reino Unido (degradado al estatus de país tercero al mismo nivel que, por ejemplo, la República Dominicana o Corea del Sur) al mercado único europeo. A través del prisma del Brexit se puede uno dar cuenta de hasta qué punto (y esto desde el Tratado de Roma de 1957) el proyecto histórico de unidad de Europa se ha desviado y se ha colocado bajo la tutela de la esfera económica y financiera. Suponiendo que se llegue a un acuerdo sobre la forma que adoptarán las relaciones comerciales entre ambas orillas del canal de la Mancha –algo muy lejos de conseguirse–, no responderá en absoluto a las cuestiones planteadas por la votación británica de junio de 2016 y, en otros países, por las múltiples manifestaciones de desconfianza con respecto a la UE.

Estas cuestiones, aunque no se hayan formulado explícitamente en estos términos, también son de orden cultural, político y geopolítico. En esencia, se trata de saber cómo un ciudadano, un país o un conjunto de países europeos pueden ser portadores de un mensaje específico en un mundo en el que se consolidan nuevas relaciones de fuerza y que debe, entre otros desafíos, afrontar la amenaza del cambio climático y gestionar flujos migratorios cada día más importantes. En vista de los resultados de las elecciones de estos últimos meses en Austria y en Italia, no se puede descartar el riesgo de que este mensaje sea el de la extrema derecha.

Si la UE, el espacio organizado más rico del planeta, no utiliza la influencia que potencialmente le proporciona este estatus para promover políticas solidarias en su seno y con el resto del mundo, habrá perdido una buena parte de su razón de ser. El Brexit no habrá sido la causa, sino solamente el revelador.

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