Opinión · Dominio público

La izquierda se olvida del Acuerdo con la Santa Sede

Suscriben también este artículo los siguientes miembros del Grupo de Pensamiento Laico: Nazanín Armanian, Enrique J. Díez Gutiérrez, Pedro López López, Rosa Regás, Javier Sádaba y Waleed Saleh

Todo el mundo sabe que en estas elecciones no se trata de asaltar los cielos sino, todo lo más, revalidar una mayoría parlamentaria que permita formar un gobierno soportado legislativamente por una amalgama de fuerzas de izquierda y del nacionalismo vasco y catalán. Hace ya años que las aspiraciones de un cambio político profundo en España, inspirado en valores republicanos, y que se resumió en el lema del 15 M “no nos representan”, han quedado  apartadas y sepultadas por el patriotismo de bandera y por el escepticismo público ante la democracia tan oligárquica existente en nuestro país y ante un desasosiego social larvado, en uno de los países de Europa donde más ha crecido  la desigualdad.   En estas elecciones se trata de  frenar el ascenso de un bloque político involucionista que quiere quebrar los avances  y conquistas sociales que se han venido realizando en el ámbito de la solidaridad social, es decir de los servicios públicos  universales, y  ello en nombre de la libertad. No es por casualidad que el PP de Casado y sus acólitos de Ciudadanos y Vox hayan lanzado, al unísono, una campaña en favor de la libertad de educación, confundiendo ésta con la segregación social y la desigualdad.

La derecha española, por razones históricas y muchas otras, ve con suspicacia algunos de los principios de la democracia, entre ellos el laicismo; éste no es ninguna ideología  ni ningún movimiento social, es un principio indisociable de la democracia, como lo pueda ser el sufragio universal o  la separación de poderes,  y que se podría resumir en la garantía pública  de la libertad de conciencia de las personas. La historia de la lucha por la democracia en España ha sido, históricamente, la lucha por la libertad de conciencia, por el laicismo, por la escuela universal, pública y laica y por la  Republica. Por eso la derecha española, traicionando la historia de una gran parte del liberalismo español, es incapaz de asumir la historia de la democracia;  al contrario, sigue reivindicado y abrazando los elementos constitutivos de atraso finisecular de España, entre los que se encuentra el confesionalismo católico del Estado, y  por eso esta derecha es tan beligerante y tan suspicaz con algunos principios básicos de  la democracia, entre ellos el  laicismo.

Nunca los programas electorales de los partidos políticos han importado demasiado a los ciudadanos pero, en alguna ocasión, han confiado en sus promesas. En estas elecciones, los programas electorales de la izquierda son poco ambiciosos, incluso en el terreno de las promesas. Se confía el triunfo electoral al miedo a la derecha. En general todos evocan, con mayor o menor graduación, una fiscalidad más progresiva  y el mantenimiento de los servicios públicos universales, aunque alejados de ambiciones sociales y ello combinado con algunas medidas de fomento de la economía verde o la economía social; en cuanto a los cambios políticos propuestos son, verdaderamente, casi imperceptibles y para Podemos, que nació como tribuno popular, y con aspiraciones de romper el tablero,  tiene como casi única  apuesta  electoral el ser “ garantía de la gobernabilidad”.  Ciertamente algunos partidos políticos, como Izquierda Unida, han presentado un programa más avanzado pero, al ir en coalición con Podemos, su programa queda desdibujado.

El entonces ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, firma en Madrid los acuerdos en enero de 1979 junto al cardenal Giovanni Villot, secretario de Estado vaticano.
El entonces ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, firma en Madrid los acuerdos en enero de 1979 junto al cardenal Giovanni Villot, secretario de Estado vaticano.

En el ámbito del laicismo parece que los programas de la izquierda hayan sido atravesados por una sombra clerical. Durante cuarenta años de post-transición, el laicismo no ha constituido un principio vigente de esta democracia. El presidente de honor de Europa Laica, Gonzalo Puente Ojea, definió al sistema político español como criptoconfesional católico; en efecto, el Estado español tanto en su Constitución como en los vergonzosos Acuerdos con la Santa Sede de 1979  ha configurado un sistema que ha permitido preservar y ampliar  unos privilegios para la Iglesia católica que son propios de un Estado confesional, entre los que se encuentran la financiación del clero y de la iglesia diocesana; solo en subvenciones y ayudas del Estado  cabe cifrase en 11.000 millones de euros anuales. Son espectaculares los privilegios en el ámbito de la enseñanza, en la privatización de la universidad o en la asistencia social y hospitalaria. En palabras del joven periodista Ángel Munarriz en la presentación en Madrid de su libro Iglesia SA, “los negocios de la caridad católica están interesados en un Estado de bienestar débil“. Si la influencia de la escuela católica concertada es fundamental para mantener un sistema educativo segregado socialmente y amplificador de la desigualdad social, el simbolismo  e ideología católica es la preferida por las fuerzas  interesadas en conservar el satus quo. Las clases adineradas en Españas son las que más profesan las prácticas católicas y las más empeñadas en  que su Iglesia siga conservando un trato privilegiado por parte del Estado.

Por eso es decepcionante que entre las 110 promesas electorales del PSOE y entre las 264  de Podemos, en ninguna de ellas esté contemplada la denuncia y derogación de los Acuerdos con la Santa Sede de 1979, los cuales son  la clave de bóveda de los privilegios del catolicismo en España y cuya denuncia significaría el primer paso  de la hoja de ruta del laicismo en nuestro país.  Pero tampoco se dice nada de la financiación de la iglesia católica-excepto unas ambiguas alusiones al IBI o  las inmatriculaciones- ni nada de los 18.000 catequistas incrustados en la escuela pública. También es sospechoso que nadie  plantee un ataque en profundidad al sistema d financiación de la escuela concertada  y que no se reivindique, en la práctica, una escuela universal, pública y laica como elemento esencial para la emancipación y la igualdad. Solamente el programa del PSOE hace una promesa de promulgación de una ley de libertad de conciencia pero formulada de manera confusa y apelando exclusivamente  a la tolerancia entre la religiones, asociando la libertad de conciencia casi exclusivamente a las creencias religiosas.

Esta ausencia en el programa del PSOE y de Podemos de la denuncia y derogación de los Acuerdos con la Santa Sede  de 1979 no es casual, es algo premeditado y detrás, sin duda, está la zarpa de la influencia clerical católica y todo lo que ello significa.  Estos partidos, de esta forma, están traicionando el compromiso de muchos de sus cargos institucionales y de muchos de sus activistas que han venido comprometiéndose, en los últimos años,  en la instauración del laicismo en la democracia. Piénsese que en el programa del último congreso del PSOE se contemplaba  la denuncia y derogación de estos acuerdos y lo mismo ocurría en el programa electoral de Podemos del año 2016  y que ambos partidos, en Febrero del año 2018, firmaron una proposición no de ley  instando la denuncia de estos Acuerdos con la Santa Sede. Por eso esa desaparición repentina de la denuncia  de los Acuerdos con la Santa Sede   de  los programas electorales de ambos partidos de la izquierda, no es casual ni azaroso.  No tenemos ninguna duda de la influencia clerical católica, directa o indirecta, en no haber incluido la denuncia de estos Acuerdos en los programas electorales de ambos partidos.

Existe una ley casi universal que enuncia que una república o una democracia serán más populares cuando sean más laicas y serán más oligárquicas cuando sean menos laicas.  Víctor Hugo, al referirse a la libertad de conciencia, dijo  que ésta no podría ser resuelta en unas urnas y parafraseando a este grande del libre pensamiento, podríamos decir que  los principios de la democracia  no deberían estar sometidas a un resultado electoral. Desgraciadamente este no parece ser el caso de nuestra endeble  y oligárquica democracia.