La crisis del coronavirus marca ya, y sin lugar a dudas, un antes y un después en el planteamiento y el desarrollo de la Europa Social. Esta crisis ha evidenciado que la unión monetaria, económica, de mercado interior y fronteras exteriores puede no ser suficiente cuando se trata de atajar una crisis que requiere ante todo una respuesta global de tipo social y solidaria, un Estado fuerte, con capacidad de intervenir y con la robustez para actuar como garante de la salud, la seguridad, el orden, el abastecimiento, la atención de las necesidades básicas y el seguro contra una crisis económica y social generalizada. Esta profunda crisis parece incluso haber puesto en tela de juicio la propia construcción de la UE:  incompleta e insuficiente, sin capacidad recaudatoria, con un ínfimo presupuesto que no le permite tener una amplia función redistributiva, sin competencias sobre los sistemas de protección social, sin poderes de emergencia que puedan asegurar la solidaridad y el reparto equitativo llegado el momento. Pero, de la misma forma que, en el caso de los seres humanos, las adversidades hacen aflorar tanto sus características más negativas como sus valores más positivos, la Unión Europea puede salir reforzada de esta pandemia si deja aflorar los valores sobre los que se asentó el ideal de la construcción europea: la cimentación de una potencia económica, política y social bajo la fuerza de la unión y la coordinación común entre estados miembros.

Para ello es imprescindible un análisis en profundidad de lo que la crisis del coronavirus va a suponer para la Europa Social. El análisis de este shock, desde la perspectiva de la política social europea, necesitará de tiempo y expertos en las diferentes áreas. Pero es una tarea que ha de empezarse cuando antes, porque igual que ninguno de nosotros seremos los mismos después de esta pandemia, la Unión Europea tampoco lo será. Sin ánimo de entrar a hacer una valoración macro y mucho menos proponer un cambio de estructura, sí podemos reflexionar sobre algunas áreas donde se intuye la necesidad de cambios y esbozar algunas propuestas. Más adelante habrá además que hacer seguimiento de las acciones que están llevando a cabo los gobiernos en este tiempo y ver qué lecciones podemos extraer de ellas.

Empecemos por aquellos a los que más les va a afectar esta crisis: la clase trabajadora. Hasta hace unos días hablábamos de la revolución digital, de la necesidad de recalificación (skilling y reskilling) y de que los empleos poco cualificados no ofrecen las condiciones necesarias para que un trabajador o trabajadora pueda ganarse la vida dignamente y construir su proyecto de progreso personal. Sobre este marco, hemos dejado que las condiciones de trabajo en los puestos poco cualificados se precaricen hasta convertirlos en meros trabajos de subsistencia, que no permiten a una persona ni siquiera superar el nivel de pobreza. En realidad, nadie se acuerda de en qué momento decidimos que estos trabajos poco cualificados eran prescindibles y, por lo tanto, aquellos que los desempeñan no merecían ser considerados como trabajadores esenciales para el sistema. Pero ahora, en plena pandemia del coronavirus, observamos cómo este tipo de trabajos son tan necesarios como el de programador informático, ingeniero electrónico o experto en nanotecnología; porque los unos no pueden sobrevivir sin los otros, ni la sociedad puede funcionar sin cajeras, reponedores, auxiliares domésticas o de enfermería, personal de limpieza o transportistas. Esto ha de servirnos para redignificar todos los puestos de trabajo, y no sólo conceptualmente, sino también a nivel de sus condiciones materiales: laborales y salariales. El trabajo digno, bien remunerado y estable ha de ser prioridad para todos y ha de ser condición para cualquier puesto de trabajo. El trabajo precario, por el contrario, ha de estar simplemente prohibido. El trabajo precario es un abuso, es un fraude. Y como todos los fraudes, en un Estado de Derecho, ha de ser perseguido. Puede que el salario no se pueda regular a nivel europeo, pero sí se pueden mejorar las condiciones de trabajo, el tipo de contratación, la estabilidad de los contratos y la no discriminación laboral. Además, se puede apoyar el fortalecimiento de los sindicatos y coordinar una acción decidida para fortalecer y recentralizar los sistemas de negociación colectiva.

En segundo lugar, los sistemas de protección social. A nivel general, en los mercados laborales en momentos de crisis hay que proteger el empleo y velar para que el coste del mantenimiento de los empleos no se haga solo con cargo a las arcas del Estado, sobre todo en empresas con grandes beneficios. A nivel europeo, habría que pensar en regular mejor y poner condiciones más estrictas a los despidos colectivos, permanentes o temporales, en tiempos de shock macroeconómico. Italia, por ejemplo, ha prohibido el despido de trabajadores en los próximos dos meses. Será pues éste un camino a explorar, junto a la posibilidad de crear a nivel europeo un fondo de compensación de salarios para evitar los despidos, haciéndose cargo la Unión de un porcentaje de los salarios. Actualmente esto lo pueden hacer los países más ricos (Dinamarca al 75%, Alemania al 50%) con un esfuerzo relativo en su presupuesto. Sin embargo, en países con más dificultades presupuestarias o fiscales, es difícilmente sostenible y estos Estados más pobres se verán obligados a una recesión económica mucho mayor. Se puede además crear un fondo de renta mínima de último recurso para tiempos de crisis, pues de la misma forma que existe un mecanismo de rescate bancario, tiene que haber un mecanismo de rescate de personas, hayan o no cotizado para el desempleo. A nivel comunitario, desde luego, es evidente que hemos de profundizar además en la coordinación, armonización e integración de nuestros sistemas de seguridad social, de manera que los trabajadores móviles y transfronterizos del mercado laboral europeo estén protegidos durante su vida laboral sea en el Estado que sea y frente a cualquier contingencia. En esta protección, tienen que entrar primero y sobre todo los trabajadores móviles precarios, independientemente del tiempo de residencia en el país y del tipo de contrato.

Una tercera área sobre la que reflexionar: la estrategia industrial. A futuro hemos visto que necesitamos tener un sistema productivo más diverso pero más integrado también y obligado a dar servicio al conjunto de los Estados Miembros en cualquier etapa o periodo, ya sea de crisis o necesidad o de bonanza. Esto va a obligar a repensar los planes industriales, la distribución empresarial y el equilibrio de poder empresa/estado. Asimismo, debería de llevarnos a una reflexión sobre cómo fortalecer la sociedad en su estrato local para ser a la vez sostenible y resiliente. Europa puede y debe liderar estos cambios, pero sólo si le asigna a los problemas sociales el mismo peso que a los intereses económicos y de las grandes corporaciones. Esto requiere que estos extremos se integren en los tratados a través del tantas veces reclamado Protocolo de Progreso Social, que otorgue prevalencia a los derechos sociales al menos en la misma magnitud que las libertades económicas. La Conferencia sobre el Futuro de Europa, también es una buena oportunidad para hacerlo realidad.

Y, finalmente, esta crisis nos hará reflexionar sobre la necesidad de nacionalizaciones puntuales que refuercen los servicios públicos y el Estado. Desde la puesta a disposición del Estado de la sanidad privada en España, hasta la intervención de determinados sectores para asegurar la distribución de productos de primera necesidad, numerosas iniciativas intervencionistas se han puesto en marcha y van a poner en suspenso las reglas de la competencia, el libre comercio o la libre prestación de servicios. De esta crisis, se va a salir con la opinión general de que se necesitan Estados más fuertes, más centralizados, con más y mejores servicios públicos, que estabilicen la nave mientras dure la tormenta.

Y en esta línea: Más Europa. Está por ver si la opinión publica respaldará la tesis de que hace falta también más Europa, un poder que sirva para equilibrar los egoísmos nacionales cuando la solidaridad es más necesaria que nunca y que se imponga a los gobiernos a la hora de las decisiones que nos afectan al conjunto de la sociedad europea. Igual que hay sanciones para los despilfarradores del dinero público, tendrá que haberlas para quienes concentren y bloqueen recursos en momentos cruciales y de necesidad.

Terminaremos señalando algunos deberes no hechos. Independientemente de las lecciones por aprender, había lecciones que ya se aprendieron tras la crisis financiera de 2008. Se aprendieron con mucho sufrimiento social, sobre todo de los grupos más vulnerables. Las y los socialistas llevamos años pidiendo a la Comisión las siguientes propuestas que se convierten ahora en imprescindibles: Salarios mínimos y suficientes, que permitan al trabajador una vida digna y un ahorro complementario; Seguro Europeo de Desempleo, que habría sido de gran ayuda para amortiguar el incremento en el gasto en prestaciones por desempleo que se avecina en los próximos meses; Garantía Infantil, que podría ayudar a los administraciones a complementar sus sistemas de protección social de los niños y niñas más desfavorecidos; Renta mínima, que asegure un ingreso vital a todas las personas que se vean en situación de necesidad; Protección social de trabajadores y autónomos, que la Comisión decidió dejar en recomendación, a pesar de que pedimos una Directiva; Protección a nivel europeo de los servicios públicos y de los servicios sociales de interés general, sin que su provisión pública pueda ser limitada por las reglas de la competencia; Revisión de la estrategia de seguridad y salud en el trabajo, que proteja a los trabajadores con todos los medios necesarios y que incluya, en otros aspectos, la salud mental.

Que el impacto de esta crisis sea agudo pero corto en el tiempo para las personas, dependerá del coraje y la determinación en la toma de decisiones de los gobernantes; de que inicien un camino hacia políticas públicas que protejan el bien común y distribuyan la carga de su financiación allá donde se concentra el poder económico. Esta es la ventana de oportunidad que se abre en estos momentos: una Europa política y social que forje su futuro sobre la institucionalización de los valores  de justicia social e integración.