A lo largo de más cuatro décadas ninguno de los gobiernos conservadores o progresistas que ha habido, ha mostrado interés alguno en denunciar y derogar, ni siquiera renegociar, estos los acuerdos con el Vaticano, de enero de 1979. Tampoco en el Pacto de gobernanza de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos de principios de 2020 figura ninguna referencia a ello. A pesar de que tanto en el PSOE como en la mayoría de los partidos y grupos que forman parte de la coalición de UP hay muy variadas referencias en resoluciones internas, en programas electorales y en declaraciones públicas de algunos de sus líderes, de forma más o menos expresa, anunciando la derogación de esos Acuerdos. Claro... en campaña electoral.

Además, en una reciente proposición no de Ley votada el 18 de febrero de 2018 por los partidos, entonces en la oposición y que ahora forman gobierno y/o lo han apoyado en sede parlamentaria, se instaba al gobierno a denunciar y derogar dichos Acuerdos. Pero la tozuda realidad es que, cuando se inicia la tercera década del siglo XXI, no existe voluntad política (real) para hacerlo.

Mientras, desde Moncloa, concretamente desde la vicepresidencia primera, se están llevando a cabo preocupantes y opacas reuniones (cuyo contenido no trasciende) con la Conferencia Episcopal y con El Vaticano, y el actual presidente de Gobierno ha visitado, oficialmente, al jefe de la Iglesia Católica. Todo ello se asemeja bastante a las conversaciones que durante la presidencia de Zapatero (PSOE) llevó la vicepresidenta Mª Teresa Fernández de la Vega y acabaron otorgando aún mayores privilegios, sobre todo con la subida del porcentaje asignado del IRPF, en una especie de falso trueque.

Para sustituir el Concordato de 1953, el Estado español firmó con la Santa Sede cinco Acuerdos, uno en 1976 (referente al plácet previo del Gobierno para los nombramientos eclesiásticos) y cuatro en 1979, días después de aprobada la Constitución, concretamente el 3 de enero, es decir, hace 42 años.

Estos Acuerdos se refieren a Asuntos Jurídicos, Enseñanza y Asuntos Culturales, cuestiones relacionadas con las Fuerzas Armadas y, por último, Asuntos Económicos.  Los antecedentes los tenemos en el Concordato isabelino de 1851 y el nacional católico de 1953; por cierto, éste último todavía, de hecho, no derogado técnica y políticamente, en su totalidad. Hay que dejarlo muy claro: el estándar ideológico de estos Acuerdos del 79 son ambos concordatos, salvando la realidad social y política y el contexto histórico.

Diversidad de juristas coinciden en afirmar que estos Acuerdos rompen el principio constitucional de no confesionalidad del Estado; suponen una grave injerencia política en asuntos internos, conceden enormes privilegios tributarios en materia de Enseñanza y en cuanto al patrimonio artístico e, incluso, se inmiscuyen en asuntos de Defensa y de las fuerzas armadas.

La Constitución de 1978, aun en su calculada ambigüedad del artículo 16.3, NO obliga a estos Acuerdos. Es más, a pesar de que en su día fueran votados en Congreso y Senado NO se deberían considerar como acuerdos internacionales, según la Convención de Viena de 1969. Por lo tanto, no deberían considerarse como tales según figura en la Constitución de 1978. Y si, además, contradicen claramente nuestro ordenamiento jurídico en algunos de los apartados, serían nulos de pleno derecho y, por lo tanto, no válidos.  Para más abundancia, según el artículo 93 de la Constitución, el Estado NO puede enajenar, ni transferir a una organización o institución internacional competencias derivadas de la Constitución, salvo a través de una Ley Orgánica. Hecho que no se ha producido. En suma: son una ficción de Acuerdos que se mantienen, únicamente, por voluntad e intereses políticos.

Pero dejemos la cuestión jurídica por ser compleja y que, en último caso, quien debería de tomar "cartas en el asunto" es el Tribunal Constitucional. Para ello habría diversas vías a poner en marcha, incluso desde el propio Parlamento e, incluso, a iniciativa propia. Pero, en mi opinión, es mejor dejar, al TC, por ahora al margen de este asunto, ya que estamos ante una cuestión de calado y voluntad política. Por ejemplo, en este momento en el Congreso hay 179 diputados y diputadas que podrían revocar (sin problemas) estos acuerdos, es decir son mayoría suficiente y representan a grupos y partidos que en sus programas en algún momento se han comprometido a ello. Tampoco, en su día, lo hicieron las mayorías absolutas del PSOE.

Estos Acuerdos comprometen el Sistema Educativo gravemente, al interferir en la organización escolar, el currículo y la libertad de conciencia del alumnado, segregado por motivos ideológicos, y además permiten el proselitismo ideológico en espacios públicos, para el cual el Estado financia a miles de delegados diocesanos (personas que designan los obispos, para impartir catecismo). Además, obliga al Estado a financiar los seminarios y los estudios religiosos, algo vergonzante.

Por si era poco, y al margen de los Acuerdos, ley de educación tras ley de educación, gobierno tras gobierno, desde la LODE de 1986 hasta la última LOMLOE (2020), ambas proyectos del PSOE, mantienen unos conciertos de financiación total con escuelas católicas con ideario propio, en detrimento de la Red Pública.... El Estado central y las comunidades autónomas  ayudan, de diversa forma, a fundaciones de universidades privadas católicas  y a la formación profesional, una gran parte en manos de la Iglesia.

Por otro lado, a pesar de que durante su firma la Iglesia se comprometió a autofinanciarse (figura en los Acuerdos 4.II.5), han pasado 42 años y no sólo no ha dejado de financiarse vía IRPF (que nos desquitan a toda la ciudadanía indirectamente), sino que el Estado ha aumentado dicha financiación para pagar los sueldos y seguridad social de los curas y otros prelados, hacer proselitismo religioso, financiar medios de comunicación propios, mantener las diócesis, etc. etc. Esta deriva política de financiación por parte del Estado a la Iglesia Católica proviene de la filosofía del Concordato de 1851.

Además, la Iglesia católica, como consecuencia de estos Acuerdos, está exenta de multitud de impuestos, exención complementada por otras leyes que la privilegian directa e indirectamente, como son la Ley de Haciendas Locales, la de Fundaciones, leyes del suelo autonómicas, planes de ordenación urbana, etc. etc.

La cuestión del enorme patrimonio cultural arquitectónico y suntuario, obras de arte, joyas, etc. en manos de la Iglesia es un escándalo, ya que, generalizadamente, conserva y restaura el Estado, pero quien gestiona (y consiguientemente) se lucra es la Iglesia, que actúa de propietaria. Y esto ocurre más allá de las propiedades usurpadas al Estado y a particulares, vía "inmatriculaciones", aproximadamente unos cien mil bienes rústicos y urbanos, desde 1946. Cuestión ésta que nada tiene que ver con los Acuerdos y que sigue estancada.

La vicepresidenta del Gobierno ha anunciado recientemente la posibilidad de llevar al Parlamento un proyecto de ley de libertad de conciencia y libertad religiosa. Con la consiguiente derogación de la obsoleta ley de libertad religiosa de 1980. Pero ¡ojo!... las organizaciones laicistas venimos demandando, desde hace años, una ley de libertad de conciencia en toda su dimensión (no religiosa), porque las convicciones son plurales y las hay religiosas y no religiosas. Primera falacia del Gobierno. Pero es que -además- esta ley estará, en su caso, muy... muy contaminada por estos Acuerdos del 79, mientras no se deroguen. También por los acuerdos firmados con diferentes confesiones religiosas en 1992 (iglesias evangélicas, comunidades judías y Comisión Islámica de España). Porque lo que pretende el actual Gobierno es vendernos "gato por liebre" es decir "colocarnos" una ley multi-confesional y no una ley de libertad de conciencia a la altura de una sociedad, la española, altamente secularizada, que marque las pautas de un Estado no confesional, es decir, la separación real del Estado de las religiones.

Estos Acuerdos conducen inexorablemente al mantenimiento de privilegios, frente al Estado y el conjunto de la sociedad, por parte de una poderosa corporación católica tutelada por una ficción de Estado (El Vaticano-Santa Sede). En suma, mientras el Concordato del 79 no se derogue está poniendo la soberanía legislativa del Estado en peligro, como dice el profesor y jurista Dionisio Llamazares: "nada más y nada menos, que en derechos fundamentales". Pone en riesgo nuestros derechos soberanos para cedérselos a una entidad religiosa que, además, hace campaña permanente en contra de leyes soberanas de nuestros Estado: Aborto, Eutanasia, escuela pública, diversidad de género, modelos de familia, etc. etc. Algo realmente bochornoso. Lo que no entiendo es cómo a los dirigentes políticos "no se les cae la cara de vergüenza", sobre todo a los que se reclaman progresistas, socialdemócratas, liberales o de izquierdas.

Claro que la Santa Sede tiene firmados acuerdos con otros Estados, regiones, etc. del Planeta (aparte de que no son demasiados) ... Pero revisados, ninguno (ni el italiano, polaco, portugués... por ejemplo) son tan onerosos como los del 79 con el Estado español... ¡Ya va siendo hora de situarnos en la legalidad!

A ello hay que añadir y al margen del Concordato el poder que la corporación católica mantiene no sólo en el ámbito de la Enseñanza, también en los servicios sociales y a través de la industria de la caridad (y cada vez más), en la Sanidad, en la recogida de residuos... en las fuerzas armadas... o en celebraciones locales (patronales)... Por ejemplo, este año 2021 se celebra otro año Xacobeo. Pues ahí están las altas autoridades del Estado, desde hace unos días "rindiendo pleitesía" a una farsa (aun respetable para los creyentes) convertida en oficial y, con ello, vulnerando la laicidad de las instituciones del Estado.

Volviendo al inicio de este artículo, el Concordato de 1979 lo tendremos vigente por expresa voluntad política y como se observa, gobierne, quien gobierne.