Si algo sabemos de la ley de Secretos Oficiales de 1968, ley franquista por tanto, es que nos está hurtando información sobre dos cuestiones de Estado trascendentales para saber de dónde venimos y, sobre todo, adónde no tenemos que ir: el golpe de Estado del 23-F y los crímenes del terrorismo de Estado a manos de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), equipos parapoliciales que practicaron la guerra sucia contra ETA con agentes y fondos reservados del Estado (tu dinero y el mío) organizados por el Gobierno de Felipe González y con la complicidad de Juan Carlos I. Sobre este último punto, que a nadie debería extrañar a estas alturas, damos cumplida cuenta con datos y hechos en La armadura del rey (Roca Editorial, en castellano, y Ara Llibres, en catalán).

La investigación rigurosa desde todos los ámbitos que concurrieron en este crimen contra la democracia y muchas vidas, la investigación sobre los GAL, ha sido reivindicada en numerosas ocasiones como una cuestión pendiente en un democracia que se dice completa pero que adolece de una parálisis con cuestiones que afectan a su misma estructura: sus instituciones. Los crímenes perpetrados desde los aparatos del Estado, desde su Jefatura monárquica, sus fuerzas y cuerpos de seguridad, sus cloacas como compendio de todo ello... esos crímenes no han tenido la consideración que merecen, con ejecuciones mucho más graves y traumáticas que la de otros criminales.

El Estado, sus agentes, es el único que tiene legitimado el uso de la fuerza para reprimir situaciones que puedan poner en peligro la seguridad de los ciudadanos cuando no existe otro medio de garantizar la paz pública. Extralimitarse, abusar, utilizar ese empleo de la fuerza con objetivo de dominio, censura, venganza, control político, mediático o de cualquier otro tipo en lugar de los cauces democráticos establecidos -incluido el básico respeto a los derechos humanos- invalida inmediatamente la actuación del Estado de derecho como tal, sean el control de una manifestación o la lucha antiterrorista contra ETA, la que viene al caso.

Este viernes se presenta en Madrid el manifiesto Pido saber la verdad sobre los GAL (#pidosaberlaverdadsobrelosgal) El drama de los familiares de víctimas y de las víctimas del terrorismo de Estado en España -las que pueden contarlo- da un paso más en un momento importante donde la memoria histórica parece ir ganando la preocupación que merece ante la opinión pública, a pesar de la virulencia de sus detractores de ultraderecha. O por ellos. Como esta plumilla recordaba en el artículo de esta semana La (des)memoria de Su Majestad, los hechos del pasado no son compartimentos estancos, sino que construyen un relato continuado cuyo objetivo es rellenar lagunas y mantener la rigurosidad de la Historia con las mejores y más honestas fuentes. Sin duda, éstas molestarán a unos y a otras, pero la ausencia de agujeros negros interesados es decisivo para el avance democrático de los países.

El manifiesto #pidosaberlaverdadsobrelosgal, al que tienen acceso en Público y que está apoyado por personalidades destacadas de todos los ámbitos, parte de los documentos desclasificados de la CIA, la agencia de inteligencia estadounidense cuya legislación le impide secuestrar los archivos eternamente, como sí ocurre en España. "[Felipe] González ha acordado la creación de un grupo de mercenarios para combatir fuera de la ley a terroristas". Nada más. Y nada menos.

El texto respaldado por quienes solo buscamos justicia, memoria y reparación impacta por su ausencia de dramatismo pese al dolor y la marginación que han sufrido estas víctimas del Estado sin derecho. Tanto tiempo después. No hay afán de venganza, solo deseo de una justicia que apela a los tratados internacionales y que supone una vergüenza más en el historial de nuestra maltratada memoria como país. ¿Son víctimas de segunda las que tienen a las instituciones, al Estado, como perpetradores de los crímenes? ¿De quiénes podemos esperar más transparencia, legalidad y ejemplaridad si no es de gobiernos, tribunales y parlamentos que están llamados a protegernos?

No hay afán de revancha, insisto, y es probable que algunos delitos hayan prescrito. Sea así o no, el reconocimiento y la verdad sobre estas víctimas dejadas de lado durante 40 años serán la reparación que las devuelva a la primera fila de nuestra memoria democrática. Es una obligación política y moral.