Vamos tarde. Es urgente que todas las personas que trabajan en las plataformas digitales de reparto sean consideradas y tratadas ya como trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena, y no como autónomos.

Este jueves se debate, en el pleno del Congreso de los Diputados, la convalidación o no del decreto conocido como Ley Rider y debería aprobarse por la vía de urgencia porque desarrollarla como un proyecto de ley supone dar más tiempo de impunidad a las plataformas digitales.

Digo que vamos tarde porque durante todo este proceso, desde la sentencia del Tribunal Supremo del 25 de  septiembre de 2020 se ha estado jugando con los tiempos, dilatando la negociación en el diálogo social y sus conclusiones, retrasando su aprobación en Consejo de Ministros, y aún se les ha dado más tiempo a las empresas -tres meses desde la publicación en el BOE el 12 de mayo- para que regulen la situación de sus trabajadoras y trabajadores. En realidad tienen tiempo -valga la redundancia- hasta el 12 de agosto.

Y ese es el periodo extra que tienen las empresas para intentar salir de lo más airosos de la situación, con el menor coste posible, y es también lo que han tenido los lobbys para acotar el impacto de la regulación a las plataformas de reparto.

Por eso es importante la convalidación de urgencia del decreto porque llevamos años intentando que se ponga fin a un fraude no solo contra los trabajadores sino contra la hacienda pública y la seguridad social.  Calculamos que cada trabajador o trabajadora estaría perdiendo, de media, más de 4.000 euros de salario al año, y la Seguridad Social 5.000 en cotizaciones.

Sólo desde la publicación del Decreto Ley en el BOE, el pasado mes de mayo, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social han laboralizado de facto más de 16.000 relaciones laborales, con un impacto económico que cifra en 29 millones de euros, según datos del Ministerio de Trabajo.

Pero hay que aclarar que las empresas  tienen hasta el 12 de agosto para cumplir la Ley y están aprovechando este tiempo para darle vueltas al engranaje -como han hecho siempre- y buscar posibles salidas. Ahora subcontratando la relación con otra empresa o con una Empresa de Trabajo Temporal, es decir están aprovechando para intentar modificar no el modelo de negocio, porque es su fuente de ganancias, sino cómo desarrollarlo.

Mientras, utilizando el tiempo ganado, hay personas que trabajan en estas plataformas sin cobrar, sin recuperar derechos ni salarios, sin reconocerse su relación con la empresa. En un escenario de crisis como el actual, el trabajo precario parece ser la única opción viable y el reconocimiento de la existencia de una relación laboral se vende  como amenaza, e incluso se utiliza la necesidad y vulnerabilidad de los propios trabajadores para defender este modelo de ultraliberalismo que no entiende de derechos, ni laborales ni humanos.

Celebramos la regulación, pionera en Europa, aunque es de mínimos. Esperamos que se convalide, porque además obliga a todas las empresas -no solo a las de reparto- a informar a los representantes de los trabajadores sobre los algoritmos que afecten a las condiciones laborales.

Pero nosotros queríamos que se fuera más allá, porque este modelo de negocio ya han invadido casi todos los sectores productivos de nuestra economía, degradando  las condiciones laborales y de empleo de las personas que trabajan, incluso en sectores tradicionales, como falsos emprendedores, y que en realidad son asalariados de estas empresas, sometidos a la dictadura del mercado.

Seguiremos peleando por ello y mantendremos la acción sindical en las empresas, denunciando el fraude y vigilando el cumplimiento de la normativa y la defensa de los derechos laborales ante los abusos de estas plataformas.